Mientras el foco político de PP y Vox se lo ha llevado esta semana Extremadura y las negociaciones fallidas entre el equipo negociador de Ángel Pelayo y el de María Guardiola, el escenario murciano ha quedado diluido desde la constitución de la Asamblea [hoy se producirá la primera reunión de la Mesa]. Allí, los vetos cruzados se mantienen entre populares y Vox, entre un juego de equilibrios en el que interfieren lo que quieren las direcciones autonómicas y el interés electoralista de las sedes nacionales de Génova y Bambú [denominada así por el barrio madrileño en el que se ubica el fortín de Vox]. El posicionamiento del PP es claro: solo se pactará un acuerdo programático de legislatura, no la inclusión de Vox en un futuro gobierno de Fernando López Miras. Algo que cuenta con el plácet interno por el malestar de Alberto Núñez Feijóo y los suyos dadas las prisas del PP de Valencia para pactar la ya garantizada coalición para la Generalitat.

Ese veto choca con la exigencia central de Vox a los populares: integrar el nuevo Ejecutivo. Sin paliativos, sea como sea y sin tener en cuanta "las matemáticas" que sí sirven para los valencianos "pero no para los murcianos" denuncian figuras como Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política. Y es que mientras Carlos Mazón requería de diez escaños para la gobernabilidad, el PP de Murcia depende solo de dos de los ocho diputados de Vox. "Vamos a demandar lo mismo se requieran uno o diez", ratifican fuentes bien posicionadas de Vox en Madrid. También se hará en Aragón, donde hoy se constituyen las Cortes, y la idea es de mantener ese rumbo en Baleares, donde el diálogo está siendo más fluido. Aunque puede producirse aquí la excepción a la norma si hay cesiones respecto a la lengua y la "libertad de elección" en Educación.

En conversaciones con El Independiente, fuentes de Vox Murcia indican cuál sería el pacto de mínimos y "suficiente" aceptado por el equipo negociador de José Ángel Antelo, presidente del partido y candidato en las pasadas elecciones, para investir al barón popular. Aunque otras fuentes parlamentarias recalcan que, en este momento, "no hay negociación abierta". Este mínimo para el consenso, previa entrada en el Consejo de Gobierno, es la gestión de la cartera de Agricultura, pero fusionada con las competencias de Medio Ambiente y Mar Menor. La cuales, están integradas ahora con Universidades e Investigación. Actualmente, con la estructura gubernamental aún en funciones del PP e independientes fugados de Ciudadanos y Vox en la ya cerrada legislatura, la nomenclatura de la consejería es de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Requeriría sumar nuevas funciones.

Es "una idea muy razonable" destacan esas mismas fuentes territoriales de la formación de Santiago Abascal al referirse a esa condición, que conllevaría aglutinar "en un mismo paquete de gestión Mar Menor, Agricultura, Agua y Medio Ambiente". Y lo que reduciría a la par el tamaño del equipo de Gobierno, un guiño al compromiso mutuo de reducir gasto institucional. "Dejar fuera el Medio Ambiente no tiene sentido", reiteran al ser preguntados.

El PP no lo contempla de esta manera. El propio López Miras ha pedido este jueves a Vox que no bloquee y permita contar cuanto antes con un ejecutivo monocolor "con fortaleza para tomar decisiones importantes". Y para esta senda, como ha publicado este medio, ofrecerá un acuerdo programático como Guardiola en Extremadura. No convence a los de Antelo, que piden ya directamente a Feijóo que deje de utilizar la región como 'campo de pruebas' y vaya a negociar directamente él al ser quien toma las decisiones desde Madrid. El PP cree que, pese a todo, de cara a una sesión de investidura, Vox no querrá retratarse junto a PSOE y Unidas Podemos. Vox afirma no temer una repetición, pese a todo: "crecemos en cada convocatoria".

Hacer la guerra cultural e ideológica. Este es el máximo propósito de Vox al reclamar las competencias agrícolas, así como las de cultura o 'familia' que ya se han hecho primero en Castilla y León, y recientemente en la Comunidad Valenciana y en más de un centenar de ayuntamientos de cara a las investiduras de alcaldes este pasado fin de semana. La última reclamación ha sido en este inicio de semana en Extremadura, con Agricultura y Educación, para pasar en este último caso a Cultura. La oferta del PP fue menor: presidencia de las Cortes, una secretaría, y direcciones y secretarías generales en varias consejerías. Vox, según fuentes populares era proclive a aceptarlo, pero tras la consulta del vicesecretario Institucional Ignacio de Hoces [integra el equipo negociador de Pelayo] al vicepresidente primero y responsable de Acción Política Jorge Buxadé, se ratificó el 'no' y se enrocaron posiciones.

Competencias de Agua y Mar Menor, claves para Vox

En Murcia, junto a la propuesta de Plan Nacional del Agua y ampliación de los trasvases para garantizar el suministro en zonas de sequía defendido a nivel general, Vox ha edificado gran parte de su propuesta electoral para las autonómicas en derogar la ley del Mar Menor. Se aprobó en 2020 con los votos de la coalición PP-Cs y el respaldo del PSOE a raíz de la crisis de la laguna sufrida un año antes. Esta norma regula el uso de fertilizantes. Prohíbe la agricultura a medio kilómetro de distancia del enclave, y solo admite la sostenible, de precisión y los que no superen los 170 kg de nitratos por hectárea anuales desde ese punto hasta el kilómetro y medio, en lo que se llama 'franja de protección'.

El PP ve inasumible derogar la ley del Mar Menor, porque responde a una preocupación de cada vez más ciudadanos. Tampoco suprimir su personalidad jurídica"

Asimismo, el 20% del área cultivable deberá reservarse a la plantación de setos, filtros verdes o humedales que minimicen el arrastre de residuos en caso de lluvias fuertes. Se incluye igualmente un plan de ordenación territorial, ahora bajo moratoria dado que debía cumplirse este mes de julio. Fuentes de Vox aseguran que esta ley "es únicamente un código de prácticas agrarias". "Un reglamento" donde muy pocos aspectos "son realmente una ley", por lo que "su derogación no es problemática" de tener opciones.

A este aspecto, se une la aprobación de la personalidad jurídica del Mar Menor el año pasado en el Congreso vía ILP con el respaldo de todos los grupos menos Vox, quien la llevó fallidamente al Tribunal Constitucional. La norma le otorga "derecho a su protección, conservación y mantenimiento" a cargo de la Administración y los municipios ribereños; así como a "evolucionar naturalmente". Esto es, en definitiva, un escudo frente a cualquier tipo de actividad pública o privada que pueda perjudicar a la zona bajo revisión judicial. Un ejemplo pueden ser la construcción de complejos turísticos.

La versión de Vox es que la norma, así como la de la autonomía, "rompe el equilibrio entre el desarrollo social y económico, y la protección del medio ambiente". Antelo viene defendiendo que la ley "imposibilita la actividad económica más característica y que más empleo genera en el Campo de Cartagena"; "una forma de vida de miles de personas" en la comunidad [el TC descartó que eso fuese así]. Algo que se añade a las limitaciones agrarias ya expuestas como el uso de fertilizantes o el desecho de los purines en la ganadería.

El sector primario denuncia que se ha impuesto un marco sancionador exclusivo para ellos. Sobre todo en lo que tiene que ver con prevenciones, que suponen un coste adicional a la producción. Por eso, varios colectivos de agricultores han presentado demandas colectivas contra una ley que dicen "destruye" el sector. En regiones como la murciana, ese descontento [el agrícola y ganadero es uno de sus nichos fuertes junto al militar] ha sido capitalizado por los de Antelo, que ponen el foco en los ayuntamientos aledaños y no en el campo. Proponen alternativas como la apertura de golas, el saneamiento separativo de aguas pluviales y fecales obligatorio, la construcción de una zanja perimetral, entre otras.

Inasumible para el PP

"Antes de derogar la Ley del Mar Menor, nos iríamos a la oposición", dijo a finales de mayo el secretario general del PP de Murcia José Miguel Luengo en una entrevista en Onda Regional de Murcia al calor de los resultados del 28-M y conocedor de las exigencias de Vox. La exigencia que planteará Vox de restructurarse los puentes entre ambas formaciones e iniciarse el diálogo en las próximas semanas no es aceptable para los populares, porque vulnera dos de sus premisas: gobierno en solitario dadas las cifras y mantenimiento de una norma esencial, dicen, para cada vez más ciudadanos.

Previsiblemente, de cara a un posible pacto nacional de gobierno, una de las demandas de Vox al PP de Feijóo, de tener capacidad para sustituir a Pedro Sánchez, será la eliminación de esa personalidad jurídica. Algo que solo se puede hacer desde ese ámbito.