No son la norma, pero sí una excepción significativa. Lo practican a diario miles de empresas, de autónomos e incluso de hogares. En cada ejercicio, apenas una pequeña parte de su actividad es la que se consigue aflorar. En tiempos de carencia, de crisis económica, su práctica tiende a incrementarse y su impacto, ya de por sí injusto, tiende a agravarse. Con el paso de los años, la economía sumergida, el fraude fiscal, ha ido dando forma a una economía oculta para no cumplir con la obligación tributaria, de la solidaridad impositiva, que marca la ley. Sólo en el País Vasco se estima que puede rondar un volumen equivalente al 17% del PIB. Es decir, casi uno de cada cinco euros generados no se declara, no cumple con Hacienda.

Y eso, que Euskadi es, junto a Madrid, la comunidad autónoma que menor tasa de elusión tiene. A pesar de los empeños de los últimos años, las labores de inspección llevadas a cabo por las tres haciendas vascas siguen siendo apenas un puñado de arena en una playa de elusión.

En los últimos años las inspecciones sectoriales se han intensificado y ampliado en su campo de actuación y han logrado aflorar bolsas de fraude sustanciosas. Sólo en 2020 se pudo detectar incumplimientos tributarios por valor de 630 millones de euros. A pesar de los avances, sigue siendo una guerra perdida por los recaudadores frente a los defraudadores. Aún son muchos más los ingresos que son opacos al fisco que los que se declaran y con ellos, adelgazan los ingresos con los que se financian los servicios públicos.

Por ello, en los últimos años las tres haciendas vascas y el Gobierno de Urkullu se propusieron atacar la raíz, el origen. La clave debía pasar, entre otras medidas, por sembrar en los más jóvenes, por educar a las futuras generaciones, en la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales por el bien de los servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad. En 2017 se puso en marcha de modo piloto un plan para incluir una unidad didáctica en los colegios que permita “deslegitimar en las conciencias de los alumnos las conductas fiscalmente fraudulentas”. De cara al curso que viene no sólo está previsto “intensificar” estos programas escolares sino incluir en ellos simuladores que permitan a los escolares visibilizar “los efectos del fraude en la prestación de los servicios públicos” y el perjuicio tangible que tiene no pagar impuestos.

A partir de los 15 años

El plan en marcha se quiere implantar en 270 centros escolares. La unidad educativa se impartiría a alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. A partir de los 15 años se considera que se puede comenzar a inculcar el valor de la responsabilidad tributaria y el perjuicio que supone el fraude. El plan docente incluye formación en aspectos como el concepto impositivo, las vías de recaudación –con la singularidad foral propia de Euskadi-, el uso de los importes recaudados y el impacto negativo de la elusión. En este contenido también se incluyen apartados relativos al Concierto Económico vasco y el Cupo.

Históricamente las tasas de fraude fiscal en el País Vasco son algo más reducidas que la media en España. El último estudio sobre economía sumergida en las distintas comunidades autónomas de España data de hace casi una década. Elaborado por Funcas, concluye que Euskadi y Madrid, con un 17% y 16% respectivamente, son las comunidades con menos ‘dinero negro’. Muy cerca se sitúa Navarra, con un 18%. En una franja de entre un 20% y 23% se sitúan regiones como Cantabria, Aragón, La Rioja, Cataluña y Baleares. En una horquilla de entre 24% a 25% aparecen Galicia, Asturias, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. A la cola, con mayores tasas de fraude al fisco, aparecerían según este informe Extremadura (29%), Andalucía (27%), Castilla La Mancha (27%) y Canarias (26%).  

A pesar de registrar uno de los dos índices más bajos, en Euskadi quieren reducirlo aún más. Lo quieren intentar formando a los futuros contribuyentes. Por el momento la demanda de estos cursos no está extendida a todos los centros educativos, -existen cerca de 1.200, entre la red pública y la concertada-. Pero en los últimos años sí ha ido en aumento, de los 165 que los implantaron hace tres años a los 270 que se espera que lo hagan en el curso 2021-2022.

La particularidad foral del País Vasco hace que cuente con sus haciendas propias, encargadas en cada uno de los tres territorios históricos de recaudar los tributos concertados. Es con esa recaudación con la que se financian no sólo los servicios que presta el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, sino también el coste de las competencias no transferidas y que presta el Estado y por los cuales Euskadi debe pagar si porcentaje correspondiente. Un abono que se hace a través del Cupo anual.

Más industria, menos fraude

Un estudio encargado por el Gobierno vasco en 2016 concluyó que la tasa de fraude fiscal en Euskadi era alrededor de cinco puntos inferior a la de la media del Estado. Una diferencia que no respondería a razones sociales, solidarias o de concienciación. Entre las tres causas que se citaba figuraba el alto peso que la industria tiene en el modelo productivo vasco, un sector en el que la incidencia de las contrataciones fraudulentas es históricamente más reducido. Además, se señalaba que la propia dimensión de Euskadi y la existencia de tres haciendas permitía una mayor labor de inspección y ratios de eficiencia en el control más elevados. La estimación del peso de la economía sumergida en Euskadi se cuantificó en cerca de 3.700 millones de euros al año durante el periodo 2011 a 2014.  

Esta ingente cantidad de economía que no pasa por la ventanilla de las haciendas se consideró un problema de primer nivel al que había que poner freno. Por ello, en 2013 el Parlamento Vasco aprobó la creación de una Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, integrada por el Ejecutivo y las tres diputaciones, de la que debía salir un plan de lucha contra el fraude. Entre las líneas de actuación que se plantearon se incluyó la promoción de la “educación cívico-tributaria” que permitiera a los estudiantes una comprensión de las finanzas públicas y elevar su concienciación fiscal.

La pretensión con este tipo de formación en el aula es que se instale en las futuras generaciones un “cumplimiento voluntario” de las obligaciones tributarias y se refuerce en la ciudadanía la “injusticia y las consecuencias que acarrea el fraude fiscal”. El Gobierno acaba de adjudicar a la empresa Gestionet Multimedia la elaboración de las unidades didácticas, así como el material y soportes digitales de los que estará acompañada. El coste se fija en 556 euros por centro educativo.