Durante décadas fue un fortín. Nadie podía acercarse. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. La central nuclear más amenazada de España, que nunca llegaría a funcionar, estuvo en el punto de mira de ETA. La banda se apropió del movimiento antinuclear y lo hizo hasta convertir su paralización en una de sus prioridades a finales de los 70 y comienzos de los años 80. La banda asesinó a su ingeniero jefe, José María Ryan, y a dos de sus trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro.

La presión terrorista y social procedente del sector social más radical provocó que Lemóniz se quedará en un proyecto frustrado tras ser víctima de numerosos ataques. Y así ha estado los últimos casi cuarenta años. En este tiempo, este rincón de la costa vizcaína, ubicado junto a un acantilado ha continuado blindado, protegido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no en vano, su infraestructura continuaba siendo estratégica.

En 2017 todo cambió. Las negociaciones de Gobierno entre el PNV y el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluyeron la cesión de esta infraestructura -ya entonces en estado cuasi fantasmagórico- que se extiende por un espacio de 180 hectáreas. La cesión, que no fue formalizada hasta octubre de 2019 con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluía las 35 hectáreas que abarcan los edificios que debían haber albergado la central, además de 102 hectáreas de suelo agrogandero y 43 hectáreas de terreno no urbanizable.

Ahora, la antigua central que otrora se convirtió no sólo en un punto de amenaza grave para sus trabajdores y responsables, sino en un entorno sobreprotegido en sus accesos por tierra y mar y que estaba prohibido sobrevolar. Ahora, en cambio, será protegido por apenas dos agentes y un perro. El Gobierno vasco, que gestiona ya la antigua central, donde quiere construir un polo de producción acuícola, ha adjudicado este viernes la protección de la infraestrura. Lo ha hecho a la empresa Cesit Seguridad.

Dos agentes armados y un perro

En el pliego de condiciones se establecía que los medios que se debían emplear para proteger el complejo debían ser de dos agentes armados y un perro, además de un coche eléctrico. Un servicio de vigilancia que debe prestarse todos los días del año.

Del blindaje absoluto a una vigilancia de apenas dos guardias por las noches y uno sólo por el día que en los próximos dos años supondrá un desembolsio de 770.000 euros. A ellos corresponderá velar por la seguridad y proteccion de la central, tanto la zona terrestre como la lámina de agua y los edificios. Se trata de inmuebles que en muchos casos están abandonados y sin servicios como agua, aire acondicionado o calefaccion.

Un complejo que se prepara ya para ser rehabilitado para reconvertirlo de proyecto de central nuclear fallido a un polo de investigación y producción acuícola que abarcaría una superficie de casi 70.000 m2.

El plan en el que ya trabaja el Gobierno vasco es el la adecuación de esta infraestructura para aprovechar sus tomas de agua marina para permitir instalar piscinas e instalaciones para la producción de salmón, atun, langostinos o lenguado, entre otros. El Ejecutivo de Urkullu quiere que este proyecto reciba financiación de los fondos europeos y para ello lo ha incluido en el programa 'Next Generation' que incorpora los casi 200 proyectos que el País Vasco ha presentado para reclamar financiación comunitaria.

15.000 toneladas anuales

El bautizado como PERTE, Parque Terrestre de Producción Acuícola de Basarolas, se dibuja como un polígono que acogerá a diferentes empresas del sector. Se plantea un parque con capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales. En la propuesta presentada al Ejecutivo para optar a las ayudas comunitarias se cita hasta media docena de compañías que estarían interesadas en implantarse en este complejo: Sea8, Grupo Martiko, Grupo Balfego, SeaLink Technologies, Haugland Gruppes y Azti.

Inicialmente está previsto que sea la sociedad pública Sprilur/Hazilur la encargada de acondicionar las infraestructuras, en evidente estado de abandono, para permitir la implantación del proyecto acuícola. Habrá que acondicionar las infraestructuras, actualizar las tomas de agua, construir nuevas, urbanizar el entorno y poner a punto el conjunto de las instalaciones. En esta primera fase se ha estimado en tres años el periodo necesario para llevarlo a cabo. Posteriormente se abriría el plazo para la implantacion de las empresas acuícolas. Se prevé que el parque podría estar operativo en 2026, pero que no será hasta dentro de una década cuando esté plenamente operativo.

El proyecto se presupuesta en 105 millones de euros, de los que 20 millones se confía en poder obtener a través de los fondos de recuperación económica. La puesta en marcha del futuro parque requerirá, además, la modificacion del Plan de Ordenación Urbana de la localidad vizcaína de Lemóniz.