Es un lujo que no se pueden permitir. Ni siquiera en la comunidad autónoma con las pensiones más elevadas, la segunda renta per cápita más alta del país y la tasa de desempleo más baja. Su realidad es bien distinta. Este verano algo más de 322.000 vascos no podrán irse de vacaciones y no por no no ansiarlo, ni por temor a la pandemia. Las dificultades económicas continúan privando de la posibilidad de poder hacer frente a los gastos que supondría irse, al menos, una semana de descanso a algún destino diferente al del lugar de residencia.

Estos días se repiten las colas en los puntos de vacunación y las peticiones de citas para ser inoculado colapsan los sistemas de cita on line. Euskadi ha abierto ya la vacunación de los jóvenes de entre 16 a 29 años, con lo que se confía en apenas dos meses tener a la mayor parte de la población inoculada. Sin duda una de las razones que ha provocado la avalancha de solicitudes para ser vacunados ha sido poder viajar con la garantía y protección que ofrece.

Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en Euskadi los hogares que tampoco este año, tras sufrir ya quince meses de pandemia, podrán permitirse viajar a descansar a ningún lugar siguen siendo numerosos. La cifra, pese a ello, se ha logrado reducir de modo importante respecto a la de 2018, cuando casi una cuarta parte de los 2,1 millones de vascos se privó de vacaciones. También está lejos de los 589.000 vascos que afirmaban no poder permitírselas en 1996.

Las cifras aportadas en este informe del Gobierno vasco, con datos correspondientes a finales de 2020, muestran la fotografía de la sociedad vasca que no figura en los mejores lugares de los indicadores económicos. En la mayoría de los casos se trata de hogares con una baja actividad laboral, con ingresos muy reducidos y en el que la mujer está más presente que el hombre.

Índices de pobreza

Actualmente la tasa de desempleo en el País Vasco es del 11%, lejos del 16% de la media española y más aún del 25% o 22% de desempleo de regiones como Canarias o Extremadura. También la renta per cápita la sitúa como una de las regiones en mejores condiciones económicas para afrontar la crisis postcovid. Tras Madrid (35.913 euros), el País Vasco es la que registra una renta por habitante más alta, 34.142 euros en 2019.

La encuesta de pobreza revela que de esos 322.000 ciudadanos sin capacidad para irse de vacaciones, existen otros 30.000 que quizá si pueden permitírselo pero que viven al límite y sin capacidad de poder hacer frente a un gasto imprevisto. A pesar de ser un porcentaje abultado de la población, la cifra es notablemente inferior a la que se venía registrando en año anteriores. La evolución de las familias que tienen dificultades para asumir gastos no previstos es claramente descendente en los últimos tres lustros. En el año 2004 casi cuatro de cada diez vascos lo afirmaban -823.000 ciudadanos- y en 2018 rozaba el medio millón.

El estudio arroja datos preocupantes. Así, más de 100.000 vascos asegura que no llega a cubrir ni siquiera las necesidades básicas. En más de 28.000 hogares se reconoce haber “sentido hambre” y en más de 40.000 no se oculta tener problemas graves de alimentación. Preguntadas por la percepción de bienestar, un 28% de la población dice que no disfruta de bienestar alguno. Un 32% afirma tener un “bienestar mínimo” y la mayoría, un 53%, reconoce gozar de un “bienestar pleno”.

IMV y RGI

La administración vasca cuenta con uno de los sistemas de renta social más antiguos del país. La llamada Renta de Garantía de Ingreso (RGI) ha inspirado en gran medida al Ingreso Mínimo Vital implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La RGI es una ayuda temporal que el País Vasco está concediendo actualmente a más de 55.000 personas, la mayor parte de ellas mujeres y de nacionalidad española. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu afronta ahora su reforma para adecuarla al nuevo escenario social y para reducir en gran medida los casos de irregularidades que se han detectado en los últimos años.  

Es precisamente la petición de asunción de la transferencia del IMV uno de los focos de mayor tensión en la actualidad entre ambos gobiernos. El vasco quiere llevar el control de esta ayuda social que convivirá con la RGI. Y quiere hacerlo logrando ser algo más que una ventanilla que recibe peticiones pero que carece de capacidad para gestionarla. El PNV y el Gobierno de Urkullu reiteran estos días los mensajes en contra de la posición del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El último lo lanzó ayer el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate al asegurar que actuarán como “un perro de presa” hasta lograr el traspaso de esta competencia, comprometida por Sánchez, y que acumula meses de retraso: “El ministro Escrivá sabe cuál es el acuerdo al que llegó el Gobierno central con el PNV y es el que no está queriendo cumplir, del que se está queriendo escapar y, desde luego, vamos a estar ahí como perro de presa persiguiendo ese cumplimiento”, advirtió.