Vitoria es la capital de Euskadi. En realidad, lo es más en el imaginario colectivo que en los documentos oficiales. Y así está reconocida por los vascos desde hace 41 años, desde que el 23 de mayo de 1980 la primera ley aprobada por la Cámara vasca la convirtiera en “sede de las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Aquella norma, firmada por el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, subrayaba que, teniendo en cuenta “las condiciones de todo tipo” que reunía la ciudad, se la designaba como sede del Gobierno vasco y del Parlamento de Euskadi. Desde entonces, esa proclamación ha sido uno de los mejores negocios para la ciudad y su economía. Un dato: en el periodo 2020-2024 recibirá 40 millones de euros de los presupuestos del Gobierno vasco en concepto de ‘canon’ de capitalidad.  

En pleno debate sobre el impacto de la condición de capital en una ciudad y su economía, abierto por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, la situación de Vitoria es bien distinta a la de Madrid. Desde hace más de una década recibe un canon económico que ha ido en aumento desde 2012. En 2017 el alcalde del PNV, Gorka Urtaran logró que el Ejecutivo vasco duplicara su cuantía, al pasar de 5 millones de euros al año a 10 millones. Una partida que se destina a mejoras en la ciudad en materia de infraestructuras, equipamientos o mantenimiento.

Hoy por hoy, en el País Vasco nadie cuestiona en público ni que Vitoria sea la capital institucional y política ni que por ello reciba un canon anual millonario. Una capitalidad que sin duda es el mayor motor económico de la ciudad y que en las cuatro décadas le ha convertido en la capital vasca que más ha crecido en población y una de las que más se ha transformado.  

En el caso de Madrid, ser capital también le ha reportado un importante impacto económico y la implantación de instituciones y de los órganos de decisión de empresas nacionales e internacionales. Una realidad por la que el presidente Ximo Puig quiere que pague y compense al resto. Apeló a la necesidad de revisar el ‘privilegio’ que tal condición supone para Madrid y su economía. Llegó incluso a proponer que ese “plus de riqueza” del que se beneficia Madrid “gracias al sustento público estatal” se compense con un impuesto a las rentas altas de la Comunidad. Puig propuso que se llevara a cabo una gran reforma fiscal que contrastara el ‘efecto de capitalidad’. Por el momento, la propuesta parece que no tendrá recorrido pese a las manifestaciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, José Luis Escrivá que se abrió a “explorar” ese planteamiento.

Pamplona, Bilbao o Gernika

En los últimos 40 años los debates sobre capitalidad en Euskadi se han librado más en términos de disputa vecinal que de otro tipo. No ha pasado de ahí. Aún se recuerda cuando el alcalde de Bilbao plantó al alcalde de Vitoria en el acto del 30 aniversario de la ‘capitalidad’ asegurando que tenía que ir a los toros. En la capital vizcaína siempre se ha sentido que la verdadera capital de Euskadi es Bilbao, que es donde reside la mitad de la población vasca y el principal motor de la economía vasca.

Cuando en la Transición Euskadi comenzó a recomponer su estructura institucional y política también afloró esa disputa territorial. El debate sobre dónde situar las sedes del poder Ejecutivo y el legislativo, del Gobierno y del Parlamento, no tardó en decantarse por el lado alavés. El sueño del nacionalismo vasco hubiese sido ubicar la capital en Pamplona, en una hipotética comunidad vasca que integrara Navarra. Aún hoy lo es y su escudo oficial reserva un hueco a las cadenas navarras. Los intentos por una autonomía conjunta Euskadi-Navarra de aquellos años no fructificaron, pese a la aspiración del PNV.

Descartada Pamplona, las otras opciones que se barajaron fueron desde Bilbao hasta San Sebastián o incluso Gernika, la Villa que simboliza los fueros vascos. El diputado general de Alava, Emilio Guevara, entonces en el PNV, fue quien logró convencer al resto. Ofreció el antiguo geriátrico de Lakua para albergar la sede del Gobierno vasco, el Palacio de Ajuria Enea para convertirlo en residencia del lehendakari y el antiguo Instituto Ramiro de Maeztu como sede del Parlamento Vasco. Además, planteó acoger en la localidad de Arkaute la sede de la futura Ertzaintza.

El apoyo del PNV a la opción alavesa –tomada en una asamblea en Pamplona- fue definitivo para que el entonces Parlamento Vasco provisional, ubicado en el palacio de la Diputación de Bizkaia en Bilbao, aprobara la primera ley de la Cámara vasca proclamaba a Vitoria como ‘sede institucional’ vasca. Además, gozaba de una ubicación geográfica perfecta, en el centro del mapa del País Vasco.

Importe duplicado

Tras las sedes más institucionales, no tardaron en llegar a Vitoria otros organismos como la sede del Tribunal Vasco de Cuentas, del Defensor del Pueblo (Ararteko) y sobre todo, la ‘ciudad del funcionariado’ de la Administración vasca, donde hoy trabajan miles de empleados públicos que cada día viajan a Vitoria procedes de Bizkaia y Gipuzkoa.

Años más tarde comenzó a formularse la reclamación de apoyo financiero para soportar todo aquello. En 2012 el entonces alcalde del PP en Vitoria, Javier Maroto, negoció con el Gobierno vasco, con Patxi López como lehendakari, que se fijara un ‘canon’ anual que contribuyera a la puesta a punto de la ciudad que acogía las principales instituciones de Euskadi. En 2013 aquel canon financiado con los presupuestos del Gobierno vasco se cifró en 4,4 millones de euros. Un año más tarde se incrementó a 5 millones y el actual primer edil, Gorka Urtaran (PNV) logró un acuerdo con Urkullu para aumentarlo hasta los 10 millones de euros al año.

El pasado 23 de mayo, coincidiendo con el 41 aniversario de la aprobación de la primera ley que la proclamó sede administrativa vasca, el canon se prorrogó por cuatro años más. De los 10 millones anuales que recibirá hasta 2024 la inmensa mayoría, 7,5 millones, se dedicarán a la promoción de la ciudad y los 2,5 millones restantes a inversiones, infraestructuras y equipamiento.