El lehendakari Iñigo Urkullu ha acusado a la Comunidad de Madrid aplicar "estrategias de dumping fiscal" con el fin de convertirse en una suerte de "paraíso fiscal". Preguntado por la política de rebajas tributarias y supresión de algunos impuestos llevados a cabo en los últimos meses por el Gobierno de Ayuso, Urkullu ha asegurado que en numerosas ocasiones se ha acusado de eso mismo a Euskadi, por razón de su singularidad fiscal, "pero en nuestro caso existe una diferencia clara que es la unilateralidad".

Ha recordado que las medidas tributarias que por su carácter fiscal puede adoptar el País Vasco suponen para las instituciones vascas asumir un riesgo en forma de posible reducción recaudatoria que ellas mismas deberán resolver sin poder reclamar apoyo a las arcas del Estado. Lo ha diferenciado respecto a la estrategia que comunidades como Madrid. Considera que su objetivo puede ser más bien "populista", ya que el impacto que una reducción recaudatoria en su caso puede derivar en su capacidad de gasto podría derivar después "en exigir compensaciones al Estado".

Durante un desayuno informativo, el lehendakari ha asegurado que mira con sorpresa este tipo de políticas y las confronta con las que las Haciendas vascas tienen que levar a cabo, "y que algunos acusan de ser privilegio, cuando asumimos de modo unilateral el riesgo". Ha asegurado que la política fiscal del Ejecutivo de Ayuso es "ideológica" y conlleva que a menor impuesto, "menor ingreso y menor capacidad de gasto".

En su intervención también se ha referido al traspaso de la gestión integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno se ha comprometido a hacer. El acuerdo inicial data de octubre del año pasado, si bien ha sido ahora cuando se ha renovado como compensación al PNV por no presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas. Urkullu ha recordado que, al igual que el IMV, otras ocho transferencias se debían haber transferido ya al País Vasco, según el cronograma acordado, y "aún ni siquiera se ha comenzado a hablar". Ha rechazado las acusaciones de ruptura de la caja única de la Seguridad Social que se hace desde algunos ámbitos por asumir la gestión del IMV. Ha recordado que la disposición transitoria quinta del Estatuto ya recoge la gestión económica de la seguridad social: "Es triste que 42 años después tengamos que seguir hablando del cumplimiento de una ley orgánica".

El AVE vasco

Se ha felicitado de que ayer el Ejecutivo de Sánchez se comprometiera con la ejecución de los trabajos de construcción del Tren de Alta Velocidad de modo soterrado en los accesos a Bilbao y Vitoria. Ha minimizado el malestar generado por el encuentro entre su consejero de Transportes, Iñaki Arriola (PSE), y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que no fue comunicada a los alcaldes de las capitales vizcaína y alavesa. "Lo importante es que de una vez por todas podamos contar con el TAV, que entre en funcionamiento".

Ha recordado que las obras de esta infraestructura comenzaron en el año 2006, que los tramos guipuzcoanos ya están finalizados y que la encomienda de gestión para algunos de los trabajos de acceso a las capitales también se regirán por esta fórmula que permite adelantar las obras: "Estamos todos en la misma onda, en la misma dirección. Todos tenemos que acelerar los trabajos". No ha ocultado la preocupación y prioridad que se brinda al "corredor del Mediterraneo" mientras se descuida el "corredor Atlántico". En este sentido, ha apuntado que también urge acelerar las conexiones del TAV vasco con Burgos y con el trazado ferroviario francés.

Por último, ha hecho referencia a la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estos días a nuestro país para investigar la situación de los cientos de asesinatos de ETA sin resolver. Ha lamentado que no se hayan puesto en contacto con el Gobierno vasco mientras sí han mantenido encuentros con otras entidades.

Pese a ello, ha señalado que el esclarecimiento de estos crímenes es necesario y que la Ertzaintza puede contribuir a esas labores "como policía integral que es". Ha recordado que su Gobierno ya ha dado pasos en ese sentido con la elaboración de cuadernos en los que se documenta la situación judicial en la que se encuentra un caso y se incorpora la información que sobre el mismo existe en cada caso. Algunos de estos documentos ya han sido entregados a las familias y alrededor de medio centenar serán entregados el próximo mes de diciembre.