Un juzgado de Madrid ha condenado a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, a dos años y cuatro meses de prisión y la retirada durante cuatro años de la patria potestad por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la sentencia del juzgado de lo penal número 23 de Madrid también condena a Sevilla a pagar las costas del juicio e indemnizar por daños morales a su exmarido con 5.000 euros.

El 1 de octubre, Sevilla, que fue detenida en 2019 junto a otras dos integrantes de la asociación, se sentó en el banquillo acusada de un delito de sustracción de menores por el que la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión y cinco años sin patria potestad.

Las tres detenidas -María Sevilla, Patricia G.A. y Ana María B.V.- eran acusadas por su exparejas de no dejarles ver a sus hijos a pesar de las resoluciones judiciales que las avalaban.

De hecho, los padres de los menores coincidían en su relato de los hechos y la Policía llegó a tener sobre la mesa 22 casos similares. De esta forma, los investigadores propusieron investigar a Infancia Libre por organización criminal, lo que fue desestimado por la Fiscalía, que archivó la causa por este delito.

María Sevilla ha sido la primera de las acusadas de Infancia Libre en sentarse en el banquillo y en ser condenada por un delito de sustracción de menores.

Según la Fiscalía, la acusada se había instalado en diferentes puntos de España sin que el padre supiera donde estaba, "impidiendo con ello que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían".

Finalmente, tras decretarse la detención de la acusada por auto del 30 de noviembre de 2018, y como fruto de la investigación policial, la acusada y el menor fueron localizados el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad conquense de Villar de Cañas.

María Sevilla fue arrestada y el menor se quedó a cargo de su padre provisionalmente hasta que el 12 de abril de 2019 el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid dictó un auto por el que se prohibía a la acusada acercarse a su hijo a menos de 200 metros.

Dos meses después, el 27 de junio de 2019, el juzgado modificó esa medida y autorizó a la madre ver al menor en visitas supervisadas en un punto de encuentro.