El expresidente catalán Carles Puigdemont tendría muy difícil no entrar en prisión si decide volver a España incluso con una reforma del delito de sedición que redujera considerablemente las penas previstas para éste.

Puigdemont está fugado de la Justicia desde octubre de 2017, cuando fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución y el fiscal general José Manuel Maza anunció que se querellaría contra él y todo su Govern por diseñar una ruta para lograr la independencia de Cataluña en contra de las leyes del Estado.

El Gobierno prepara desde hace más de un año una reforma del Código Penal para "adecuar" las penas en el delito de sedición (el más grave contra el Orden Público después de la rebelión según las leyes españolas) a las que contemplan otros países para delitos similares. Puigdemont, como autoridad, se enfrentaría a penas de entre 10 y 15 años por este delito.

La reforma legal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto impulsar paralelamente a la concesión del indulto para los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo abriría la puerta a la vuelta de los líderes del procés fugados de la Justicia en Bélgica y Reino Unido, pero no evitaría que el expresident entrara en la cárcel si decide regresar.

"Dependerá de la interpretación que haga el Supremo"

Puigdemont está procesado por sedición y malversación por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fallida declaración de independencia.

Fuentes de su defensa trasladan a El Independiente que todavía no han abordado con Puigdemont la reforma legal del Gobierno ni si ésta podría animarle a volver a nuestro país. Desde que se anunció hace más de un año, la han visto con escepticismo. "Habrá que estudiar con detalle los cambios que haya finalmente en la ley", trasladan las citadas fuentes, que también emplazan a la interpretación que haga el Tribunal Supremo de los indultos en caso de que el Ejecutivo los conceda finalmente de manera parcial o total para unos condenados o todos ellos.

La representación legal de Puigdemont repara en que la Sala de lo Penal del alto tribunal condenó por sedición en concurso medial con malversación. Este último delito está penado con entre 4 y 8 años de cárcel en su tipo agravado del artículo 423.3 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario que cause un grave daño o entorpecimiento del servicio público o un perjuicio superior a los 50.000 euros, aplicándose la pena más alta en caso de que el daño económico sea superior a los 250.000 euros. De ahí que la defensa del expresident también tendría que estudiar si, aunque se rebajara la pena prevista para la sedición por la reforma legal, en caso de ser condenado por malversación se enfrentaría también a una pena alta de cárcel. La prescripción del mencionado delito está entre los cinco y los diez años también dependiendo de la pena impuesta.

El riesgo de fuga

Si Puigdemont volviera a España, tendría que ser detenido y puesto a disposición de la Justicia, que difícilmente le dejaría en libertad hasta que se celebrara un juicio contra él, según trasladan fuentes jurídicas. Dados sus antecedentes de rebeldía, sería muy probable que el instructor de la causa acordara la prisión como medida cautelar tras escucharle en una primera vista, medida que podría pedir la Fiscalía igual que lo hizo en el caso de los políticos ya condenados por los mismos hechos.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que escuchó por primera vez a los nueve acusados por rebelión, sedición y malversación acordó enviarles a prisión provisional sin fianza considerando que eran los responsables de la "meditada y perfectamente preparada y organizada" ruta independentista.

El instructor del procés Pablo Llarena retiró unos meses después, en diciembre de 2017, la primera orden europea de detención que había acordado contra el expresidente por el temor a que el juez belga que tenía que decidir la entrega se negara a hacerlo por alguno de los delitos por los que le reclamaba, en aquel momento rebelión y malversación, lo que habría impedido juzgarle en España por éstos. Sí que mantuvo la orden nacional de detención.

Una vez hubo sentencia condenatoria por los delitos de sedición, malversación o desobediencia contra el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Llarena emitió una nueva orden europea en la que le reclamó por sedición y malversación.

Cuestión prejudicial

El juez Llarena se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por medio de una cuestión prejudicial para que se pronuncie acerca de si puede seguir reclamando la entrega de Puigdemont y el resto de consejeros fugados después de que Bélgica negara la entrega de Lluis Puig considerando que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle, a pesar de que el Tribunal Constitucional español confirmó dicha competencia.

A principios de mayo, la secretaría del TJUE comunicó la admisión a trámite de dicha cuestión prejudicial con la que el juez busca un pronunciamiento sobre si debe mantener, emitir o retirar órdenes europeas de detención. La respuesta sobre el fondo no llegará como mínimo hasta finales de agosto, cuando las partes tienen el límite para personarse.

Hasta entonces, por tanto, no habrá respuesta a ese primer paso de Llarena para tratar de que Bélgica entregue a Puigdemont. Una entrega que desea el Gobierno, según ha manifestado este martes la portavoz María Jesús Montero en rueda de prensa. "El criterio de España es que este señor debe ser juzgado. Se ha escapado para no hacer frente a ese juicio. Ojalá podamos tener su extradición. Ese es el primer paso para ir por un camino que nos conduzca al encuentro y para cerrar asuntos que nunca tuvieron que estar abiertos", manifestó.