No estuvo junto a los políticos independentistas indultados a las puertas de las cárceles el pasado miércoles, cuando quedaron en libertad y se reafirmaron en la persecución de la independencia de Cataluña, pero Carles Puigdemont también fue protagonista de la escena histórica. Sobre todo, a través de los discursos de los excarcelados de Junts per Catalunya que le reivindicaron como president y desearon su vuelta a España.

Los nueve condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación en el juicio del procés han recibido ya el perdón del Gobierno y los tres exconsejeros castigados por desobediencia en la misma sentencia han cumplido sus condenas y, por lo tanto, han visto extinguida la responsabilidad criminal. Pero el presidente del Govern desde el que se organizó el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 sigue en Bélgica, fugado de la Justicia española.

Ahora que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Pere Aragonés se reunirán y pondrán fecha de inicio a la mesa de diálogo para abordar el conflicto político en Cataluña, las miradas apuntan también hacia Puigdemont. ¿Volverá a España? ¿Será detenido y juzgado si lo hace? ¿Permanecería en prisión preventiva hasta el juicio? ¿Quién le juzgaría? Son algunas de las incógnitas por resolver alrededor del expresidente catalán.

Nuevos magistrados

Puigdemont no sería juzgado por los mismos magistrados que dictaron la sentencia contra el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se sometería a un tribunal compuesto por nuevos magistrados. Serían el miembro más antiguo de cada una de las Salas Civil, Contencioso-Administrativa, Social y Militar del Tribunal Supremo, dejando fuera al más antiguo de la Penal. Se completaría el cupo de magistrados con los miembros más modernos de las mismas Salas. Esa elección respondería al mecanismo de sustitución de jueces que propuso el presidente de la Sala Penal Manuel Marchena en 2020, y que aprobó la Sala de Gobierno, ante las dificultades de sustituir a los magistrados jubilados del Supremo por la paralización de nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la falta de acuerdo político para su renovación. Además, Marchena ya advirtió en 2019 de que sólo dos magistrados de la Sala Penal del Supremo no intervinieron en el juicio del procés o resoluciones relativas a los políticos independentistas. Este sistema garantizaría que el expresident no pudiera recusar por 'contaminación' a los magistrados que vayan a juzgarle por los mismos hechos.

Los líderes independentistas ya indultados fueron juzgados por los magistrados de la Sala de lo Penal Manuel Marchena (presidente) Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Ana María Ferrer y Luciano Varela (ya jubilado).

Si Puigdemont vuelve a España y se pone a disposición del Tribunal Supremo para regularizar su situación de rebeldía -como hizo la exconsejera de Agricultura también fugada a Bélgica Meritxell Serret- o si vuelve y es detenido, sería informado de su procesamiento, se reactivaría la causa y debería producirse una primera declaración ante el instructor del procés Pablo Llarena, que debería decidir si le deja en libertad o en prisión provisional. Después habría otra declaración indagatoria en la que el procesado debería reconocer los hechos o rechazarlos y posteriormente se abriría juicio contra él, explican fuentes del Tribunal Supremo.

A la espera del TJUE

Este agosto está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que planteó el juez Llarena para saber si puede reactivar la euroorden contra el expresidente catalán. El magistrado planteó sus dudas al Tribunal después de que Bélgica rechazara la entrega del exconsejero también fugado Lluis Puig. El juez consideró que si el Estado que tiene que entregar al reclamado -en este caso Bélgica- decide sobre la competencia de los tribunales españoles, "la consecuencia es perniciosa" porque llevará a un "principio de desconfianza" entre los países de la Unión y el reconocimiento de sus resoluciones.

La defensa de Puigdemont tiene puesta su confianza en esta resolución porque considera que será un revés para el Tribunal Supremo, que no podrá reactivar las órdenes europeas contra el expresidente catalán.

Alcance de la inmunidad

Mientras tanto, Puigdemont cuenta con la inmunidad parlamentaria temporal que le devolvió el Tribunal General de la Unión Europea para que pudiera asistir a la reanudación de las sesiones del Tribunal de Estrasburgo (Francia). Tanto Puigdemont como los diputados Clara Ponsatí y Antoni Comín temieron que el juez Llarena reactivara las órdenes de detención contra ellos cuando el Parlamento Europeo les suspendió la inmunidad, que la Policía francesa les interceptara y la justicia francesa sí accediera a entregarles a España a diferencia de lo que hizo la belga con Lluis Puig. Ante ese «riesgo real e inminente de poder ser detenidos y encarcelados», sus defensas presentaron el pasado 26 de mayo una demanda de medidas provisionales ante el Tribunal General en la que pidieron que se suspendiera de manera cautelar la decisión de retirarles la inmunidad. Es decir, pidieron recuperarla para estar protegidos de manera temporal, a lo que el Tribunal accedió.

Expertos en Derecho Comunitario consultados por El Independiente consideran que esa inmunidad le protege en los países donde no hay ningún procedimiento penal abierto contra él, pero comparten que en España sí podría ser detenido en respuesta a la orden nacional que mantiene Llarena.

De ahí que no descarten que Puigdemont pueda establecer su residencia en alguna localidad francesa muy próxima a Cataluña donde pudiera disfrutar de la protección de dicha inmunidad sin ser detenido. Una vez se inicie el período de diálogo entre el Govern y el Gobierno de España liderando ERC la ruta política de los contactos, fuentes políticas catalanas no ven a Puigdemont dispuesto a quedarse al margen y perder posiciones frente al partido de Junqueras.

Pendiente de la reforma de la sedición

Paralelamente a los indultos, el Gobierno anunció que reformará el Código Penal para "acompasar" las penas previstas para el delito de sedición por el que está procesado Puigdemont al del resto de países de la Unión Europea, donde se pena con entre tres y cinco años de cárcel.

Esa reforma sí abriría la puerta a que el expresidente catalán volviera a España ante la posibilidad de un período corto en prisión tras ser juzgado. Incluso podría conseguir también un indulto puesto que se trata de los mismos hechos y delitos por los que se ha perdonado al resto de líderes independentistas.

El expresidente independentista no tiene confianza en que la reforma de la sedición anunciada por el Gobierno vaya a ir rápido, según trasladaron fuentes de su defensa, y además también queda la duda de cómo se aplicaría la rebaja de la pena para la sedición al ir en concurso medial con la malversación.