El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, por las presuntas irregularidades cometidas en el Campus de la Justicia (JCM), exigiendo una fianza de 40 millones de euros que tendrán que afrontar de forma solidaria.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 también ha sentado en le banquillo de los acusados a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como a Félix José García de Castro.

El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", dijo De la Mata.

Pedraz, que ha apuntado a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano competente para juzgar estos hechos, ha dado de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

Además, ha instado a los acusados y a los responsables civiles a que, en el plazo de quince días, entreguen una relación de los bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40 millones de euros.