El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado tres años de investigación sobre el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por parte de la plana mayor de la Policía Nacional entre 2013 y 2015 descartando que la cúpula del partido en el Gobierno estuviera detrás de éste.

El instructor del caso Kitchen descarta que hubiera una "trama política" ajena al Ministerio del Interior tras el operativo al que se destinaron fondos reservados del Estado y que incluyó seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, por parte del chófer del matrimonio, Sergio Ríos, al que se captó como confidente del dispositivo. En éste, miembros de la Policía entraron en el estudio de restauración de Iglesias en una céntrica calle de Madrid en busca de documentación en poder de su marido.

Gracias a la instrucción -en la que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía han examinado al detalle horas de conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y otros participantes en dicho despliegue que le fueron requisadas en su domicilio cuando fue detenido en noviembre de 2017- se ha podido saber que los policías que participaron en Kitchen estaban obsesionados con encontrar una grabación que podía implicar al presidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy en la contabilidad paralela de la formación que investigaba el juez Pablo Ruz.

"Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos". "Me ordenaron a mí, a mi gente, quitarla de un agujero, de un zulo que había…", decía el comisario al empresario Adrián De la Joya en una de las grabaciones requisadas. En otra, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, entre los expolicías a los que el juez propone sentar en el banquillo, cuenta a Villarejo que el chófer de Bárcenas le transmitió que su "jefe" había grabado conversaciones con Rajoy en las que le amenazó con desvelar información que tenía guardada de la caja B: "(Bárcenas) se enfada y le amenaza y le dice: Oye, que yo tengo de Cospedal… y le dice el presidente: ¿Cómo tienes tú eso guardado? Tengo eso y mucho más", habría dicho el extesorero según habría manifestado Sergio Ríos.

Reuniones en Génova y conversaciones con Cospedal

Pero en su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez descarta que la exsecretaria general del Partido Popular o el expresidente Mariano Rajoy conocieran el operativo Kitchen o lo impulsaran para evitar que la información sobre la contabilidad irregular del PP que podía afectarles saliera a la luz, como consideró la Fiscalía en el escrito con el que pidió la imputación de la política y su marido, el empresario Ignacio López Del Hierro.

Cospedal y su esposo López Del Hierro se reunieron con Villarejo en la sede nacional del Partido Popular de la madrileña calle Génova antes de que el dispositivo Kitchen comenzara. Del Hierro, que conocía desde muchos años atrás al comisario, hizo de intermediario entre ambos.

Después, la exsecretaria general del PP reconoció haberse reunido con Villarejo otras cuatro veces y su jefe de Gabinete en la Junta de Castilla-La Mancha cuando era presidenta, José Luis Ortiz, elevó dichas reuniones a una decena, afirmando que Villarejo fue trasladado en coche en todas las ocasiones desde una cafetería a unos 200 metros de la sede de Génova hasta ésta y entró por el garaje del edificio porque no quería ser visto allí.

Para el juez, "resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" contra Cospedal, su marido y su jefe de Gabinete, a diferencia de "los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria", traslada en el auto en el que reprocha a los fiscales Anticorrupción inferir una participación intelectual de la ex política en el operativo "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".

Vuelca el peso del operativo en Fernández Díaz

De esta manera, García Castellón traslada la principal responsabilidad de la puesta en marcha del operativo de espionaje a Bárcenas en el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez, quien fuera primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez".

Para el juez, "el objetivo era sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación sobre los papeles de Bárcenas o caja B del PP que se llevaba a cabo en el caso Gürtel".

A raíz de los 'papeles de Bárcenas'

Dichos papeles, que se publicaron en El País en enero de 2013, recogían la presunta contabilidad paralela del PP desde dos décadas atrás que el extesorero había registrado de manera manual. Es decir, recogían las donaciones efectuadas al partido por parte de empresarios a los que, según Bárcenas, se habría beneficiado posteriormente con adjudicaciones en los gobiernos populares. También registraba supuestos sobresueldos pagados a distintos cargos del partido, entre ellos Mariano Rajoy (M. Rajoy, escribió el extesorero en sus libretas).

Las anotaciones que revolucionaron al PP y al Gobierno, al frente del que se encontraba Rajoy desde 2011, se publicaron después de que saliera a la luz que Bárcenas había ocultado a Hacienda 48 millones en Suiza. Mariano Rajoy, como presidente del PP, negó cualquier vinculación del partido con las cuentas del extesorero fuera de España.

En marzo de aquél año arrancó la investigación en la Audiencia Nacional sobre la presunta caja B del PP. Bárcenas ingresó en prisión de manera preventiva tres meses después y el partido le presentó desde entonces como alguien que había cometido irregularidades al margen de la formación. Cospedal se convirtió en su máxima enemiga y se encargó de comunicar su despido "en diferido". Entonces, ya enemistado con la cúpula del PP, Bárcenas afirmó que "tendría pruebas que harían caer al Gobierno". Un mes después, en julio de 2013, El Mundo publicó los mensajes SMS que Rajoy envió a Bárcenas cuando estalló Gürtel. "Luis, sé fuerte", le trasladó.

Precisamente en julio de 2013 el juez da por iniciada la operación Kitchen, pero descarta que una "trama política" ajena al Ministerio del Interior la pusiera en marcha y, en el auto con el que propone juzgar a Fernández Díaz y a su número dos el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, no menciona ni una sola vez a Rajoy.

"Francisco Martínez Vázquez -prosigue el juez- asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO) [de la Policía] Eugenio Pino Sánchez". Pino, a su vez, dice el magistrado, "encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad".

"Petición impertinente, innecesaria e inútil"

Hace tres semanas, el comisario Villarejo compareció como investigado en una de las últimas declaraciones de la causa y afirmó que se mensajeó con Mariano Rajoy a través de unos móviles cuyos números aportó al juez y los fiscales. Dijo que el presidente estuvo al tanto del operativo Kitchen y al habla directamente con el comisario porque no se fiaba de la información que le transmitía su ministro del Interior.

Después de que el juez acordara pedir información sobre los números aportados por Villarejo, uno de ellos resultó ser corporativo del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción pidió requerir al representante legal de dicho partido que informara sobre la persona o personas que tuvieran asignado dicho teléfono.

No resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos

En su auto, el instructor considera que dicha diligencia es "impertinente, innecesaria e inútil". Expone que el teléfono "lo aporta el propio investigado Sr. Villarejo; es este el único que habla de este teléfono, del que no hay rastro alguno en la causa". "Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades", dice el juez en referencia al comisario.

"Que el teléfono que haya citado hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba el Sr. Villarejo", continúa.

"Desde luego, está en el derecho del Ministerio Público, en su función de acusación, interesar más diligencias, en el caso de que se facilite algún número vinculado con cualquier otra institución, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partícipes y cómplices allí donde le apunte el investigado Sr. Villarejo. Más preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza. Es precisamente en estos casos cuando más necesaria se hace la valoración sosegada del Magistrado, que no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante, de aquello que ni aporta ni añade", zanja Manuel García Castellón en el auto con el que pone fin a la investigación sobre el operativo desplegado desde el Ministerio del Interior para evitar que la documentación en manos de Bárcenas llegara al juez que investigaba la contabilidad irregular del partido en el Gobierno.

La pieza más controvertida del caso Villarejo finaliza con toda la cúpula policial y los máximos responsables de Interior durante el Gobierno de Rajoy propuestos para ser juzgados. Caben recursos contra la decisión del instructor. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que decidir, cuando se presenten, si avala el modo en que el juez ha resuelto la investigación el penúltimo día de julio.