Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante parcialmente el bloqueo y embargo de sus bienes para poder acceder mensualmente a una cantidad de dinero equivalente al salario mínimo interprofesional, 965 euros, a fin de cubrir "gastos de mantenimiento ordinarios".

En un escrito del pasado 25 octubre, el primogénito del clan Pujol solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 un "desbloqueo parcial" de una cuenta bancaria concreta para "poder atender a los gastos de mantenimiento ordinarios por importe mensual de 965 euros".

Pujol Ferrusola recuerda que desde que el juzgado le impuso esta medida cautelar, en 2015, "la fiscalización de su vida económica, incluso en sus ámbitos más prosaicos, tales como devengo y pagos de impuestos municipales, ha sido absoluta".

En consecuencia, indica que "ha tenido que contar con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos para afrontar los gastos ordinarios del día a día".

Esta situación, subraya el mayor de los hermanos Pujol, "ha implicado trasladar a terceros ajenos al proceso una carga cada vez más insostenible y procesalmente injustificable".

A este respecto, reivindica que "el principio de proporcionalidad impone que la adopción de una medida cautelar real no impida que el interesado pueda atender sus necesidades vitales básicas, que son ejercicio positivo de sus derechos fundamentales".

Presunta organización criminal

Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el ex presidente catalán y sus siete hijos -Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola- por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el antiguo president, 29 para su hijo mayor y 14 para Josep por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta-, reclama una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En su escrito de defensa, Jordi Pujol solicitó su libre absolución insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo.

Este depósito familiar, según señala el clan en sus distintos escritos, estuvo gestionado por Jordi Pujol Ferrusola, el cual sostiene que nunca se nutrió de "ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones".

De acuerdo con el relato de los Pujol, los 140 millones de pesetas en dólares que dejó el abuelo al morir "se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación", lo que supuso que cuando el hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta lo 500 millones de pesetas. Los intereses siguieron engordando el depósito de modo que cada uno de los ocho destinatarios -la madre y los siete hijos- recibió 126 millones de pesetas cuando se liquidó.