Los miembros de la última promoción de la Escuela Judicial reciben este lunes sus despachos en un acto presidido por el Rey Felipe VI. Más de la mitad de los nuevos jueces (73 de 188) desempeñarán su labor en Cataluña. La razón es que se trata de la región donde más jueces se marchan cada año, saliendo a concurso la mayoría de plazas allí. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha trasladado su preocupación por este éxodo, debido entre otras razones a la presión independentista, que ve que no es "coyuntural o transitorio, ni que tenga visos de desaparecer por sí mismo". 

La Justicia catalana se había quedado este año con un déficit de 64 jueces y magistrados, la cifra más alta en los últimos años. En 2017, año en que el Parlament aprobó la Declaración Unilateral de Independencia y se celebró el referéndum del 1-O, 21 jueces dejaron voluntariamente Cataluña. En 2018, cuando el Tribunal Supremo procesó a los líderes independentistas, fueron 48 los jueces que se marcharon de la región. En 2019, año del juicio y la sentencia del procés, fueron 32.

La cifra de este año supera a la del período más duro de la judicialización del procés, cuando algunos jueces sufrieron escraches, pintadas en sus domicilios (como fue el caso del instructor de la causa contra los políticos independentistas en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena) o las puertas de los juzgados aparecieron repletas de excrementos.

Programa de inmersión lingüística en la Justicia

"Los jueces no quieren venir a Cataluña como no querían ir al País Vasco hace 20 años", afirma Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en la región. El juez de lo Social, que hace una aclaración sobre que, afortunadamente, en Cataluña ningún juez ha tenido que sufrir la violencia de una banda terrorista, achaca el éxodo a la "presión nacionalista" que se vive a diario en la comunidad y a la mala imagen que los jueces tienen para el independentismo, donde se les ve como enemigos.

El portavoz explica que no ayuda a que los jueces y magistrados se sientan cómodos en su trabajo la política de la Generalitat, que critica abiertamente las decisiones judiciales y ha impulsado un programa de inmersión lingüística en la Justicia. El Govern quiere potenciar el uso del catalán en las salas de vistas y ha anunciado que trabaja "en un pacto para integrar jueces y fiscales arraigados en Cataluña". La Consejería de Justicia plantea un "kilómetro cero, que tenga el derecho civil catalán como referencia, que se preste en catalán y que cuente con jueces, fiscales y letrados arraigados en Cataluña".

El TSJ catalán pide incentivos para trabajar en la región

Este viernes, tras hacer públicas el Consejo General del Poder Judicial el número de plazas de jueces que se cubrirán este año en la región, el Consejo de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un comunicado alertando de la problemática que existe allí. Llamó la atención sobre que los jueces que este año toman posesión de su cargo, probablemente pedirán traslado el año próximo, volviendo a dejar plazas desiertas de difícil cobertura.

Desde el tribunal superior catalán se insta a que se cree un sistema de incentivos para quienes trabajen en la región. El presidente José María Barrientos destacó que "se viene padeciendo desde hace décadas una permanente desertización de la planta judicial. Las causas a las que, habitualmente, se ha atribuido ese fenómeno han sido diversas, desde el superior coste que conlleva la vida en este territorio, pasando por la falta de tradición opositora para el acceso a la carrera judicial o, incluso, la dificultad, adicional, que puede suponer para jueces o juezas procedentes de otros territorios, el hecho de que Cataluña cuente con una lengua propia o con un derecho civil, también propio. A todas esas razones con las que se ha tratado de explicar el desinterés por solicitar y/o permanecer en los destinos de Cataluña, se ha adicionado, más recientemente, la coyuntura vivida en estos últimos años", se pudo leer en el documento del viernes adelantado por El Mundo.

El presidente del TSJC evidenció que "la desertización que se ha constatado no es un fenómeno coyuntural o transitorio, ni que tenga visos de desaparecer por sí mismo". De ahí que plantease "la necesidad de adoptar, sin demora, medidas efectivas para incentivar la estabilidad de la plantilla judicial".