El Tribunal Constitucional renovado y reunido por primera vez en Pleno este miércoles ha rechazado, por unanimidad, las recusaciones presentadas contra los dos nuevos magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, además de otros exconsejeros de su Gobierno.

Los líderes independentistas pidieron apartar de las deliberaciones sobre sus recursos contra decisiones judiciales relativas al procés a los miembros del Alto Tribunal recién elegidos por las Cortes a propuesta del Partido Popular. Precisamente consideran que los magistrados han perdido su apariencia de imparcialidad por su "relación" con dicha formación política. El Pleno rechaza los motivos expuestos en los incidentes al considerarlos "meras afirmaciones huérfanas de todo sustento en hechos concretos". Con la decisión, el Alto Tribunal vuelve al consenso en los asuntos del procés que había perdido en el último año, según se había propuesto el nuevo presidente, Pedro González-Trevijano.

El presidente y los miembros del tribunal de garantías consideran, además, que las recusaciones planteadas tienen un fin fraudulento: dejar al órgano sin el quorum de ocho miembros exigido por ley para poder abordar los recursos. Previamente, los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido ya fueron recusados por manifestaciones públicas relacionadas con el proceso independenista. De ahí que, si se hubiera aceptado la petición de apartar a Arnaldo y Espejel, se habría bloqueado la capacidad del órgano para resolver los asuntos de los independentistas.

Legitimidad de los magistrados

Así, se descartan las hasta 30 peticiones para apartar a los dos magistrados, entre ellas las de los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Clara Ponsatí (estos dos últimos fugados de la Justicia española igual que Puigdemont). No puede, según los magistrados, “fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado”. En este sentido, en el auto con el que toman la decisión se afirma que “no sólo el Tribunal Constitucional sino también el resto de Tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración”.

La resolución dedica un fundamento jurídico a "la legitimidad de origen de los magistrados del Tribunal, al ser elegidos por los tres poderes del Estado, lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del órgano colegiado, expresión de la idea de
pluralismo político".