La Audiencia Nacional ha corregido al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, y ordena continuar con la investigación al expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, al presidente de Repsol, Antonio Brufau, así como a Repsol y Caixabank como personas jurídicas por la contratación del comisario José Manuel Villarejo mientras estaba en activo en la Policía.

La Sala de lo Penal ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y el partido político Podemos contra el auto del 29 de julio de 2021 por el que acordó, en la pieza separada 21 de la llamada Operación Tándem,  el sobreseimiento provisional  respecto a Brufau y Fainé y la personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A. 

Indicios de cohecho y revelación de secretos

El Tribunal  explica en su resolución que  la instrucción hasta ahora realizada en esta pieza del caso Tándem revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por encargar al comisario, supuestamente, que hiciera seguimientos en 2011 al presidente de Sacyr, Luis Del Rivero.

De lo actuado se desprende indiciariamente, según indican los magistrados de la Sección Tercera, que en virtud del encargo al grupo Cenyt, liderado por Villarejo y  realizado por Repsol en 2011 al que se adhirió posteriormente Caixabank, "se realizaron por dicho grupo, a cambio de un precio  que fue abonado por las empresas comitentes, determinadas investigaciones sobre el ahora recurrente Sr. Del Rivero, su esposa y personas vinculadas a Sacyr, alguna de las cuales lo había sido con anterioridad a Repsol, que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".

Clave la declaración del jefe de Seguridad

La Sala considera que de las declaraciones practicadas hasta el momento y la documentación incautada al comisario hay indicios de que el presidente de Repsol fue informado de los encargos al comisario Villarejo a través del jefe de Seguridad de la compañía, Rafael Araujo, y que el entonces presidente de La Caixa Fainé llegó a un acuerdo de colaboración con Brufau para que los departamentos de seguridad de ambas compañías trabajaran unidas en la averiguación de datos acerca de Del Rivero, del que sospechaban que quería hacerse con el control del consejo de administración de Repsol de la mano de la mexicana Pemex.

Los magistrados se detienen en las declaraciones prestadas en el juzgado por Brufau y las realizadas por el  responsable de Seguridad de Repsol Araujo y concluye que "hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de sus resultados"