Las razones por las que la Fiscalía archivará una de sus tres líneas de investigación al Rey emérito, la relativa a una supuesta fortuna en un trust de la isla de Jersey, se han filtrado a la prensa mientras que el Ministerio Público aguanta el anuncio del cierre de sus diligencias contra el exjefe del Estado a pesar de que llevan semanas agotadas.

Según el decreto de archivo de 20 páginas redactado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los fondos de este instrumento económico denominado 'The JRM 2004 trust' del que dio aviso el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que pudieron ascender a 10 millones de euros y alrededor de los que se abrió la investigación por si eran disfrutados por Juan Carlos I, no se le pueden atribuir a él. "Desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 trust con S.M.D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", se puede leer en el decreto de archivo al que ha accedido Cadena Cope.

El documento fiscal adelantado por el periodista Carlos Herrera, que visitó al Rey emérito hace una semana en Abu Dabi, desvela que hubo otros dos trust -instrumentos financieros con condiciones especiales bajo la legislación inglesa- constituidos en 1995 y 1997 con los nombres Tartessos y Hereu de los que sí fue beneficiario Juan Carlos I cuando era Rey de España, tras cuya liquidación se constituyó el fondo de 2004.

Según el decreto del fiscal, "no existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados".

Aportaciones durante el franquismo

La cadena radiofónica recoge la exposición del fiscal Luzón sobre la investigación realizada, en la que afirma que parte de los fondos aludidos de los años 90 se crearon a partir de donaciones que se hicieron entre los años 50 y 70, durante la dictadura, al entonces príncipe Juan Carlos.

Según el decreto del Ministerio Público, una vez iniciada la democracia los fondos habrían tenido el fin de apoyar al Rey, hijo del duque de Barcelona Don Juan de Borbón que no pudo reinar, en caso de que un golpe de Estado antidemocrático le sacara del trono. "La finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario", relata el fiscal Luzón.

En 2004, ambos fondos se fusionaron y se depositaron en uno nuevo a iniciativa del diplomático Manuel De Prado y Colón de Carvajal, persona de total confianza de Juan Carlos I a quien las crónicas periodísticas e históricas han llegado a denominar "administrador" suyo.

Sin embargo, una vez fusionados en dicho fondo, según la investigación fiscal, ya no son atribuibles a Don Juan Carlos porque a partir de entonces quien dispuso de ellos fue el historiador Joaquín Romero Maura, que nombró beneficiarios en caso de muerte a su esposa y al British Refugee Council. En aquél momento (año 2004) según el decreto del fiscal jefe Anticorrupción, "la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones". Así que el Rey Juan Carlos "decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura", se recoge en el decreto.

No se han retirado cuantías delictivas

Desde ese momento y hasta 2021, según la Fiscalía, aquél trust en el paraíso financiero de Jersey ha tenido una "baja actividad". En cualquier caso, si se ha retirado dinero ha sido "en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".

No existen indicios de que Juan Carlos I fuera beneficiario de tales fondos ni que disfrutara de ellos

Con esta información, según expone el Ministerio Público en su decreto de archivo, no existen indicios de que Juan Carlos I fuera beneficiario de tales fondos ni que disfrutara de ellos. De ahí que hayan decidido no presentar querella contra él por tales hechos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, única que podría investigar al Rey emérito a partir de 2014, cuando perdió la inviolabilidad como jefe del Estado según el artículo 56.3 de la Constitución Española.

Otras dos líneas de investigación

A pesar de la filtración del documento, la Fiscalía todavía no ha hecho público el archivo que se da por hecho desde diciembre. Fuentes fiscales trasladan a El Independiente que "se informará oportunamente a todos los medios cuando se haya redactado un documento definitivo y se haya firmado".

Además de esta línea de investigación, la Fiscalía investiga, por un lado, la donación de 100 millones de dólares que hizo el rey saudí Abdul Aziz Al Saud al Rey emérito en 2009 por si se correspondió con una mordida por mediar en la adjudicación del contrato de ampliación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas y, por otro, los fondos que le donó el mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause a través de una cuenta unida a una tarjeta que utilizó el coronel del Ejército del Aire y ayudante de campo del emérito Nicolás Murga para gastos de la familia real. Por este segundo hecho, la defensa del emérito hizo una regularización para evitar una investigación por fraude fiscal, por lo que es muy posible que el archivo también se anuncie pronto. En el primer caso, puesto que los hechos se corresponden con la época en la que era jefe del Estado -era inviolable- y además el rey saudí ha dicho que el dinero fue "un regalo" a un amigo, las pesquisas nacieron prácticamente muertas el verano de 2020.