La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para Guillermo Cruz, elegido mejor sumiller de España en 2014, por presuntamente apropiarse de "diversas botellas" de vino del restaurante Mugaritz de Rentería (Gipuzkoa) donde trabajaba, tanto para "consumo propio" como para su venta a terceros.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, Cruz asumió en 2018 el cargo de responsable de sala y sumillería de Mugaritz, un puesto de "plena confianza" en este establecimiento de alta cocina distinguido con dos estrellas Michelin y que regenta el chef vasco Andoni Luis Aduriz.
El documento sitúa los hechos presuntamente delictivos durante los años 2017 y 2018, período en el que el inculpado se habría apoderado de "diversas botellas, pertenecientes al restaurante" (designado cuarto mejor del mundo en 2008).
El inculpado habría destinado a su propio "consumo" una parte de estas botellas valorada en 1.744,99 euros; otra parte, tasada en 29.460,70 euros, la habría vendido a una empresa, y la fracción restante, valorada en 648,31, a una entidad distinta, "recibiendo presuntamente tales importes en su número de cuenta".
Guillermo Cruz negó todas las acusaciones y alegó que el despido fue improcedente
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida por el que reclama para el acusado dos años y tres meses de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice a la parte perjudicada con 31.854 euros por el valor de las botellas, incrementado además con los intereses que legalmente correspondan.
En el contexto de este caso, las partes celebraron este martes una audiencia preliminar que concluyó sin posibilidad de un acuerdo de conformidad, con lo que previsiblemente el desenlace de asunto estará abocado a un juicio que tendría lugar en la Audiencia de Gipuzkoa.
Según desveló en su momento la Cadena SER, Cruz fue despedido de Mugaritz en enero de 2019 por unos "hechos graves" que en aquel momento no fueron hechos públicos, tras lo que el sumiller presentó una demanda por injurias y calumnias contra los responsables de Mugaritz, en la que negaba todas las acusaciones y alegaba que el despido fue improcedente.
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