Las cinco sesiones de la Audiencia Provincial de Málaga han decidido estudiar caso por caso las sentencias susceptibles de ser revisadas con la aplicación de la ley del "solo sí es sí", si bien se decantan por rebajar las condenas cuando sea posible, en contra del criterio del Fiscal General del Estado.

Esta decisión se une al criterio de la Audiencia de Madrid, que ha acordado no atender a las indicaciones de la Fiscalía General del Estado, recogidas en un decreto de esta misma semana que emitió el máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García.

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha explicado a los periodistas que la revisión se hará de oficio atendiendo a lo que obliga la Ley en el artículo 9 de la Constitución y el 2 del Código Penal que se refiere a la aplicación de una norma cuando sea beneficiosa para el penado.

Aunque no tienen el número exacto, un centenar de sentencias se van a revisar -con una media de entre veinte y treinta por sesión-, ha indicado la presidenta, que ha señalado que este jueves tuvieron una reunión de magistrados de las secciones penales con motivo de la Ley Integral de Libertad Sexual y estudiaron unificar criterios.

Ésta misma visión la han acordado hasta el momento también las audiencias pronviciales de Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba o Zaragoza. En total, son siete las que ya coinciden en seguir apostando por rebajas de penas para ajustarlas al nuevo marco legal y, se deduce, sin tener en cuenta la Disposición Transitoria Quinta del Código Penal de 1995 que limita las revisiones.

Este viernes también se han reunido los magistrados de las tres secciones penales de la Audiencia Provincial de Vizcaya, bajo la presidencia de Reyes Goenaga, y han acordado revisar de oficio todas las condenas de agresores sexuales en base a la nueva ley.

Eso sí, con la excepción de los casos en los que los penados hayan obtenido la suspensión de la condena y no se encuentren en prisión. Las revisiones se harán caso por caso, se solicitará la opinión de todas las partes implicadas, y se evitará a las víctimas no personadas "trámites inútiles que les puedan perjudicar".

El pasado 22 de noviembre, un día después de que la FGE fijara su criterio, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, indicó que tras reunirse con el resto de magistrados para fijar posición, se decantaban por aplicar la norma más favorable al penado en atención al artículo 2 del Código Penal.

Así, explicaba que cuando se haya impuesto la pena máxima "habría que poner la máxima de la actual reforma y rebajar la parte correspondiente". En cuanto a las mínimas, dijo: "Si ahora es inferior, aplicaremos la norma actual porque consideramos que es más favorable al reo que la anterior".