La situación entre los vigilantes de Seguridad de Nuevos Ministerios, que se encargan del interior del edificio, y la Guardia Civil, que custodia el exterior, ha llegado a una situación de tensión límite en la que los trabajadores de la empresa privada verbalizan tener "miedo", mientras que los agentes se quejan de usurpación de funciones. En un audio, al que ha tenido acceso El Independiente, se escucha cómo un guardia se enfada porque no le dejan pasar una visita sin identificar: "Aquí la autoridad soy yo".

El protocolo de seguridad que rige en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) prohíbe que se pueda entrar en el recinto con armas y que nadie entre sin haberse identificado previamente en la puerta. Hasta hace unos años, explican varias fuentes en el edificio, se hacía la "vista gorda" y los guardias civiles que controlan el perímetro accedían sin dar explicaciones y armados así fueran a la cafetería o la peluquería que hay en el interior. Con el cambio del jefe de seguridad en el Ministerio se dio la orden de que el protocolo se comenzara a cumplir punto por punto y fue entonces cuando comenzaron los problemas con los agentes del exterior.

En esta grabación se escucha cómo los vigilantes del control de acceso, dicen a un agente de la Benemérita que no puede pasar una visita en vehículo si no se identifica previamente. "No me autoriza una empresa de seguridad privada a pasar un vehículo que yo digo que tiene que pasar. El mundo al revés", les dice el guardia.

El interior de Nuevos Ministerios está custodiado por la empresa Sureste Seguridad S.L. que tiene un contrato adjudicado por el Ministerio que lidera Raquel Sánchez. La coordinación de este extremo pertenece al Secretario de Estado de Transportes David Lucas de quien depende y al director de Emergencias y Seguridad. Los trabajadores explican al agente que su jefe les ha dicho que o se identifica o no pasa el coche.

"Ocurre lo siguiente, como no quiero armar escándalos aquí delante de esta persona porque no tengo que dar explicaciones de a qué viene, viene a tomar un café u a otra cosa, y me importa muy mucho el buen nombre y ese señor no tiene que saber lo que está pasando, pues le he dicho que se vaya a otro sitio", les advierte el guardia civil. "Veremos cómo termina esto".

Los vigilantes de seguridad le dicen que siguen las normas del Ministerio, pero el agente continúa. "Esto no va a pasar así. Si le mando venir por aquí y vosotros no me dejáis pasar o me lo impedís físicamente, mandaría a la Fuerza y os detendría, por impedir, obstrucción al agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Porque vosotros no sabéis a qué viene ese señor ni os lo tengo que contar. A nadie. A él tampoco [al jefe] porque él dirige una empresa de sguridad privada, nada más", expresa.

En la conversación, el guardia civil les sugiere que si hacen caso al jefe y el asunto llega a los tribunales los perjudicados serán ellos. "Os lo digo para que lo sepáis. ¿Quién va siempre por delante? Los más débiles, que sois vosotros. Porque en un juicio seguramente dirá que él [el jefe] no ha dicho nada".

Los vigilantes insisten que no pueden darle determinada información."La información es que yo soy aquí la autoridad. Y se supone que no puede obstruir a la Guardia Civil porque eso está para evitar un atentado, una cosa de esas, ¿no? Para eso está", responde el agente. "Que somos la seguridad aquí, que nosotros vamos a ser los que supervisamos los protocolos de seguridad aquí. Es que es el mundo al revés", prosigue. "O sea que yo jefe de la sección seguridad de la Guardia Civil de Nuevos Ministerios y resulta que un señor que no es autoridad, y yo soy aquí la autoridad, me dice que no puedo pasar y encima me está haciendo esperar", añade.

La situación termina con el enfado de la funcionario de la Benemérita advirtiendo de nuevo con los tribunales: "Sois testigos y un testigo está siempre obligado a decir la verdad, siempre".

El protocolo

La escalada de tensión llegó a tal punto esta semana que el jefe de la Unidad de Protección de Seguridad de la Benemérita envió una carta tanto al secretario de Estado como al director de Seguridad y a la empresa adjudicataria con una serie de "órdenes" y quejándose de que se estaba "obstaculizando" el trabajo de los guardias. "Este conflicto de seguridad privada no se ha tenido nunca. En 30 años que llevo yo aquí", explica Ángel García, representante de UGT sobre seguridad privada. Explica que ningún Ministerio en Madrid tiene un problema como este y que se está creando un caldo de cultivo que puede explotar en cualquier momento.

La Guardia Civil defiende que ellos pueden entrar en el recinto armados si están en su jornada de trabajo y que, como dice la Ley de Seguridad Privada, los vigilantes están para auxiliarles a ellos. Pero desde el sindicato lo rebaten: "Lo que dice la norma de seguridad privada es que cuando Guardia Civil pide intervención somos subsidiarios de ellos. Pero es que aquí la Guardia Civil no pide la intervención".

"Me parece alucinante que esto esté pasando en un Estado de Derecho. Aquí hay vigilantes que dicen que se los van a llevar detenidos y es que se dan de baja", repone el representante de UGT. Por el momento, hay siete vigilantes de seguridad que han pedido una baja laboral.

La discusión radica en un tema de competencias. El Real Decreto 495/2021 que establece la estructura del Ministerio de Transportes establece que el secretario de Estado y el director de Seguridad son los competentes, pero fuentes del Instituto Armado reponen que a ellos les ampara la Ley que está "por encima" y pueden acceder con el arma si están trabajando porque son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La Guardia Civil no se corta, dicen 'voy a tomar café' y entran a tomar café armados", explica García, defendiendo que no entran para cubrir ningún servicio.

La solución de este embrollo está en la jefatura del Ministerio, pero los trabajadores lamentan la "desprotección". "La ministra no está dando la cara. Esto es tan fácil como que se siente la ministra de Transporte [Raquel Sánchez] el ministro del Interior [Fernando Grande-Marlaska] para ver quién tiene las competencias aquí. Me parece alucinante que esto esté pasando en el Estado de Derecho", sentencian en el sindicato.