El caso que mantiene investigado al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y a otros dos agentes que trabajaron en el Organismo de Coodinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) viaja al Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional ha planteado lo que se denomina una "cuestión de competencia" a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que no es otra cosa que una petición para que los magistrados decidan quién debe hacerse cargo de las pesquisas.

El lío sobre la competencia comenzó cuando la Fiscalía Antidroga pidió que la conocida como "Operación Varea" se trasladara a un juzgado ordinario, como avanzó este periódico. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal aceptó la inhibición porque la causa principal de narcotráfico de la que nacía este asunto había decaído y terminó archivada y, por tanto, los delitos de revelación de secretos y cohechos debían llevarse en un juzgado común y no en el órgano que se dedica a macrocausas. La trama que indaga en Oliva y otros dos agentes busca saber si uno de ellos, que trabajaba en los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil dio información al teniente coronel a cambio de que éste le diera un puesto de trabajo en Andalucía.

Abascal remitió el caso a los juzgados de Parla en Madrid por considerar que un juez allí, cerca de las instalaciones de Asuntos Internos (situadas en la localidad de Pinto/Valdemoro), era el que debía hacerse cargo pues fue donde se cometió el delito del robo de la información.

El problema es que el togado de Madrid ha rechazado la competencia porque considera que, en realidad, el delito se consumó en Andalucía donde estaba OCON-Sur y donde residía tanto Oliva como los otros dos tenientes. La pelota ha vuelto a la Audiencia Nacional y el magistrado Abascal ha elevado la cuestión de competencias al Tribunal Supremo, según indica un escrito al que ha tenido acceso El Independiente.

Abascal cita jurisprudencia del Alto Tribunal sobre la teoría de la ubicuidad, es decir, que los casos se deben investigar en el lugar de la comisión del delito. Según sus argumentos, la sustracción de información se produjo en Pinto y este es el elemento que delimita perfectamente lo sucedido. Gracias a que el teniente robó la información en Pinto, pudo llevársela a OCON-Sur cuando le concedieron una comisión de servicio, dice el juez.

De esta forma, será ahora la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena la que decida dónde deben continuarse las diligencias que, mientras tanto, permanecen paradas. Cabe recordar que el caso nació a raíz de una pelea entre los dos tenientes en el que el recién llegado de Asuntos Internos acusa al otro de tener vínculos con el narcotráfico y, concretamente, con el clan 'Ariza'. El 15 de diciembre de 2022 el magistrado Abascal abrió una pieza separada y secreta en la Audiencia Nacional para detener al teniente J.A.B y conocer qué había pasado con la información que dio a sus compañeros en un pendrive. Finalmente el 12 de abril llama a declarar al coronel Oliva y al teniente J.I.F. en calidad de investigados. Todos ellos defienden que no se produjo revelación de secretos alguna porque los datos que el primero facilitó ya los tenían sus compañeros y niegan que su traslado a OCON-Sur fuese un pago de nada.