El Tribunal Supremo decide a partir de este martes cómo hay que aplicar la ley del "solo sí es sí" en lo que se refiere a rebajas de condena a pederastas y violadores por toda España. El Alto Tribunal ya había entrado a resolver algunas cuestiones de sentencias que tenía sobre la mesa (recursos de casación), pero no había revisado ninguna de las reducciones de penas que están haciendo otros jueces de audiencias provinciales y tribunales superiores. Así, en este pleno monográfico se abordarán casi una treintena de recursos y se expondrán las fallas de la normal del Ministerio de Igualdad que seguirán provocando consecuencias no deseadas.

La Sala de lo Penal lleva semanas trabajando en los recursos para esta reunión que se alargará también durante el miércoles. Aunque inicialmente no se planteó la posibilidad de hacer un pleno porque la idea era ver caso a caso, fuentes consultadas en el órgano explican que la opción de que se pudiera entender la publicación de una primera sentencia (en la que se elevaran las penas o en la que se ratificara una rebaja) descolgada del resto como el criterio único, ha llevado al presidente Manuel Marchena a la determinación de que lo mejor era ver los recursos en su conjunto. De esta forma, se hablará de cada asunto por separado (cada uno de los 15 magistrados tiene varias ponencias), pero se acordarán vías comunes para todos.

Uno de los principales escollos es la disposición transitoria quinta del Código Penal en la que se viene apoyando la Fiscalía para intentar que las penas no bajen. Estos reglones señalan que si la nueva pena por ley es aplicable en la horquilla anterior, la condena debe dejarse tal y como está. Esto se hizo para que en el cambio de un Código Penal al otro en 1995 no hubiera restas de penas generalizadas porque el artículo 2 del citado texto dice que siempre se debe aplicar la aritmética más favorable al reo.

Fuentes del Tribunal explican que el hecho de que Podemos no incluyera esta disposición transitoria específicamente en el texto de la ley del "solo sí es sí" elimina las posibilidades de que ahora la Sala pueda aplicar este criterio. La inclinación por esta vía supondría una censura a la técnica legislativa del Ministerio de Podemos porque se olvidaron de introducir esta disposición transitoria. No obstante, otros miembros consideran que sí se podría respetar que la pena fuera imponible sólo con el hecho de que esa disposición esté recogida en el Código Penal y esto avalaría la tesis de la Fiscalía que ya ha interpuesto más de 200 recursos.

El segundo de los debates pasa también por si aplicar una regla matemática en las rebajas. Algunos miembros de la Sala de lo Penal defienden que se trata casi de una aplicación automática en la que si baja la horquilla penal bajan las penas. Así, se busca siempre la opción más favorable para el reo. Incluso, hay quien se mueve en las tesis más duras al defender que ellos ni siquiera deben revisar los hechos probados y conocer del caso sino que su deber sólo pasa por revisar si la rebaja se ha aplicado conforme a la legalidad.

En una gama de grises se concentran los que defienden que las condenas se ajusten de forma proporcional. La fuentes consultadas explican que las reglas matemáticas no siempre hacen justicia y ejemplifican un caso en el que un hombre es condenado a una pena más alta por haber violado a una chica, mientras otro tiene menos años de cárcel porque no participó de la violación pero sí estuvo presente propiciando el clima de intimidación a la víctima. Al primero que violó se le rebajaría la condena si ya está fuera del abanico penal, mientras que al segundo que no accedió carnalmente a la chica se le mantendría.

Para no provocar este tipo de escenarios, los magistrados buscan soluciones intermedias que generen consenso. Está será la primera vez que el Tribunal Supremo entre a analizar si los tribunales territoriales han aplicado bien la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual desde que entró en vigor el pasado 7 de ocubtre. Desde entonces, el rosario de rebajas de condenas ha provocado ya 1.079 reducciones a violadores y pederastas y 108 excarcelaciones en toda España. Los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial volverán a actualizarse este mes de junio.