El Ministerio del Interior ha entrado en el conflicto que desde hace semanas se vive en Nuevos Ministerios entre los vigilantes de seguridad y la Guardia Civil, a raíz de que el protocolo de seguridad del edificio no permita a estos últimos, que se encargan de custodiar el exterior, entrar armados. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska confirman a El Independiente que han remitido un informe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que ocupa las oficinas) para recordar que los guardias tienen derecho a portar su arma cuando están trabajando.

El escrito fue enviado desde la Subdirección de Inspección que depende directamente del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y se refería específicamente a dos asuntos: primero, que un agente de la autoridad puede llevar el arma en el ejercicio de sus funciones y, segundo, que no es necesario que se identifique en la puerta si va vestido de uniforme ya que tiene el número de identificación en él.

El Ministerio del Interior no ha entrado a evaluar los protocolos por los que se rige el complejo, ni las competencias del interior del recinto, pero las fuentes consultadas en la cartera señalan que hay unos "mínimos" que se deben cumplir y "no hay ningúna razón que pueda llevar a entregar el arma [de un Guardia Civil] a una empresa privada".

El Real Decreto 495/2021 modificó la estructura del Ministerio de Transportes e hizo que las competencias en seguridad pasaran a depender del secretario de Estado, David Lucas, y del director de Seguridad y Emergencias, Rubén Eladio López. Así las cosas, el control de acceso al recinto se ha concedido a la subcontrata Sureste Seguridad S.L. que tiene órdenes de no dejar pasar a los guardias armados por la puerta principal y de identificar a todos los que quieran pasar. Esto ha propiciado una pugna entre cuerpos con denuncias cruzadas y acusaciones de "abuso de autoridad" y en la que los vigilantes de la empresa privada dicen sentirse en el medio. Hasta tal punto que hay ocho de ellos de baja laboral.

La tensión, que venía creciendo desde hace meses, rozó su punto más álgido la pasada semana cuando el coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió un escrito al director de Emergencias y Seguridad, López, en el que señalaba que se estaba "obstaculizando" el normal funcionamiento de los servicios en las instalaciones y esto estaba provocando "incidentes graves", "delitos violentos", e incluso "agresiones armadas contra las autoridades". En ese documento se ordenaba que «los agentes de autoridad que accedan al Ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones, portarán las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio".

Las fuentes consultadas reiteran que Interior no va a intervenir en cómo se organiza la seguridad dentro de un Ministerio ajeno, pero que "lo que no se puede hacer es que un agente privado desarme [a un Guardia Civil] cuando va en el ejercicio de sus funciones". De esta forma, el departamento de Grande-Marlaska pretende zanjar la polémica suscitada en las últimas semanas a causa de las competencias de seguridad en esta macroedificación pública.