La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado archivar la investigación sobre el 'pelotazo' por la adjudicación del Puerto de Quetzal (en Guatemala) a la empresa de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura. La Fiscalía Anticorrupción continúa analizando la documentación del país americano, según confirman fuentes de las pesquisas, para dar un impulso a esta pieza número 4 de la macrocausa sobre el comisario José Manuel Villarejo.

En un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, del pasado 2 de junio, el tribunal apoya íntegramente una resolución del magistrado Manuel García-Castellón en la que desestima el sobreseimiento de la empresa A. Pérez y Cía S.L. (perteneciente a cinco hermanos, entre los que están los dos imputados) adjudicataria de la macroconstrucción millonaria y por la que, presuntamente, se pagaron mordidas de unos 30 millones de dólares a las autoridades guatemaltecas de forma ilegal.

La defensa de A. Pérez y Cía S.L. señalaba que de resultar cierto que se hubiera cometido un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, éste sucedió en 2012, año en el que se produjeron presuntamente los contactos entre los directivos de una de las compañías marítimas y los funcionarios y autoridades de Guatemala, y por tanto los hechos estarían prescritos.

La investigación se inició en 2017 y, según el sumario, los hermanos Pérez-Maura acordaron con los políticos del país eludir la normativa de contratación para quedarse con la construcción del puerto. La negociación se produjo en 2012 y tanto el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina como la vicepresidenta Roxana Baldetti llevaban en su campaña electoral la creación de esta obra.

La terminal se adjudicó sin licitación pública a los Pérez Maura en julio y, tres años después, el presidente y la vicepresidenta fueron detenidos. Guatemala pidió arrestar también en España a los empresarios españoles y fue entonces cuando éstos contrataron, presuntamente, los servicios de Villarejo y del financiero Adrián de la Joya para evitar su extradición.

El titular del Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lidera las pesquisas sobre Villarejo, rechazó archivar la causa y considerar los hechos prescritos porque dice que la ilegalidad se cometió entre 2010 y 2015. La Fiscalía apoya esta tesis por lo que señala que no la responsabilidad penal no se extinguiría hasta 2019 (y esta pieza llamada Pit se abrió en 2017).

La Sala de lo Penal ratifica estos argumentos "con independencia de los pagos que ulteriormente se habían efectuado a dicho funcionario público". Dicen los magistrados que hubiera un único acuerdo o hubiera varios la ejecución se prologó "aproximadamente tres años" y, por tanto, la incocreción de los pagos "impide establecer, con la necesaria certeza, si estamos ante uno o varios delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, o en un supuesto de continuidad delictiva".

"Para apreciar prescripción de esta manera anticipada, no debe existir duda alguna sobre la concurrencia de sus presupuestos", aclara el presidente de la Sala de lo Penal Alfonso Guevara, el magistrado Carlos Fraile y la magistrada Ana María Rubio.

Esta ramificación del caso 'Villarejo' lleva meses en punto muerto a la espera de que se analice la ingente cantidad de documentación que las autoridades guatemaltecas remitieron sobre el procedimiento abierto allí. Fuentes de la Fiscalía, señalan que el análisis ya está avanzado y presentarán un informe con las conclusiones.