“Una elefante en la habitación”. Así se podría describir la prostitución en España, que sobrevive en la sombra de la sociedad sin una legislación nacional que la regule. A pesar de que no existan registros oficiales, debido a su carácter alegal, los expertos estiman que entre 45.000 y 150.000 personas ejercen la prostitución en nuestro país. 

El Ayuntamiento de León es el último en sumarse a la lista con la implementación de su nueva ordenanza que busca prohibir las conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal".

Esta nueva normativa entró en vigor el miércoles 2 de agosto y tiene previstas multas que ascienden hasta 3.000 euros.

Los informes de la ONU apuntan que el 39% de los hombres en edad adulta en España admiten haber pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Este dato posiciona a España como el país de mayor consumo a nivel europeo. La alegalidad de la prostitución ha llevado a muchos gobiernos locales a tomar medidas para luchar contra el fenómeno. 

La falta de una ley estatal que regule el problema de prostitución, ha creado mucha disparidad que se refleja en las ordenanzas municipales implementadas por los ayuntamientos locales. Un hecho que también divide la opinión de expertos, mientras unos optan por la postura abolicionista, otros consideran que sería más lógico regularlo a nivel laboral. 

Los diferentes enfoques para afrontar la prostitución

“Una cosa es establecer una norma para tratar de regular la prostitución, y otra cosa es que se pueda hacer con efectividad en un sistema tan solido y sistematizado. Sin embargo, todo lo que sea penalizar la compra de los servicios sexuales es bienvenido. Hay que tener en cuenta que más del 90% de estas mujeres son tratadas con fines de explotación sexual, por lo que no ejercen la prostitución de forma libre y autónoma”, explica Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo. 

Sin embargo, el experto afirma que es importante cambiar el foco de las víctimas a los consumidores de prostitución para no aumentar una mayor estigmatización de este colectivo. “Estas mujeres tienen el mismo perfil patológico que aquellas sometidas a violencia de género en otros espacios. Además presentan condiciones de salud parecidas a las personas sometidas a privación de libertad y tortura”, añade.   

“No van a solucionar el problema prohibiendo y multando. Al final parece que los que hacen negocio con las multas son los propios ayuntamientos. Regulando sus derechos de trabajo, estas mujeres estarían más seguras ya que podrían denunciar todos los abusos que se cometan contra ellas”, explica por su lado Nuria Granda, abogada penalista especializada en violencia machista.  

Aunque la letrada asegura que no está a favor de la prostitución, defiende que las mujeres “sean libres” para hacer lo que quieran sin presión por parte de ningún bando. Por este motivo, desde su despacho Granda y Asociados, ha lanzado un proyecto de reinserción llamado Woman helps woman. Una iniciativa que pretende ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social a tener otras fuentes de ingresos. 

De este modo, ambos expertos coinciden en la importancia de la reinserción laboral y social de las mujeres que terminan en situación de prostitución. El problema económico, la búsqueda de trabajo y la situación habitacional se convierte en el principal desafío de este colectivo. Unos factores que debería tener en cuenta las políticas que toman los gobiernos locales.

Municipios españoles que sancionan la prostitución 

Según datos de Médicos del Mundo, en 2022 un total de 9.469 personas fueron atendidas en España en situación de prostitución. De ellas se han identificado 138 presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Aunque sus expertos aseguran que la cifra real es mucho más alta.

"Si tenemos en cuenta la prostitución en pisos particulares o las nuevas formas de servicios sexuales a través de Internet, es muy difícil contabilizarlo. Lo que sí está claro es que las cifras no se reducen, sino que surgen nuevos formatos", explica el presidente de la organización.

El Código Penal español no especifica que la prostitución sea una actividad económica legítimamente legal, ni lo opuesto. Pero sí se prohíben algunas de las prácticas relacionadas con ella: proxenetismo, trata de seres humanos y contratación de servicios sexuales de personas menores de edad. 

De esta manera, a falta de una norma estatal, los municipios tienen la capacidad de imponer sus propias sanciones a la prostitución. Por este motivo, las sanciones varían de una zona a otra. Estas son las ciudades españolas que sancionan el sexo de pago:

Albacete 

Desde 2015, Albacete persigue la prostitución callejera con una ordenanza municipal cuya sanción se fija entre 121 y 3.000 euros. La multa máxima entra en vigor cuando estas prácticas ocurren a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. 

Sin embargo, el municipio modificó la normativa en 2022, tomando la postura abolicionista de los países nórdicos. “Se reconoce a la mujer como víctima del sistema prostitucional que la prostituye, y a los puteros y proxenetas como los culpables”, explicó en su momento Manu Martínez, concejal de Igualdad, Mujer y Participación del Ayuntamiento de Albacete.

Por otro lado, la ordenanza municipal pretende perseguir la demanda, negociación y aceptación de los servicios sexuales. De esta manera, se sanciona al usuario o consumidor de tales servicios o a la persona intermediaria que negocie para terceras personas.

Comunidad Valenciana 

El informe del Gobierno de la Comunidad Valenciana estima que existen entre 10.000 y 13.000 mujeres que se dedican a la prostitución. Además, han identificado a 164 establecimientos que ofrecen estos servicios sexuales y más de 52.000 anuncios en internet que promueven estas prácticas.  

Por esto, la Generalitat presentó en 2022 un modelo de ordenanza abolicionista de la prostitución. Este permitía a los municipios sancionar con hasta 3.000 euros a los clientes y proxenetas en espacios públicos. En el foco está de nuevo en la protección de las mujeres, a quienes considera “víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia”. 

La sanción prevista puede ascender hasta 3.000 euros si se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo. De momento, solamente los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet han aprobado estas medidas a su ordenanza municipal. 

En el caso del Ayuntamiento de Alicante, en su momento aprobó su propia normativa que también perseguía a la ofertante de servicios sexuales con multas de hasta 750 euros. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta ordenanza al carecer de un preceptivo informe de impacto de género.

Finalmente, el Ayuntamiento de Valencia también incluye en su ordenanza municipal sanciones al cliente que acude al reclamo. Tampoco deja fuera a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución. Las multas ascienden hasta 2.000 euros en casos más graves.

Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona fue el primero en sancionar tanto a las prostitutas como a los clientes en 2005. El consistorio catalán amplió esta norma en 2012 para actividades que buscan  “ofrecer o aceptar, prestar servicios sexuales retribuidos en el espacio público”. Contempla multas de hasta 750 euros y en el caso de los clientes esta cifra puede subir hasta 3.000 euros. 

Pero estas sanciones a la prostitución no se aplican en el municipio catalán, según explicaron las fuentes del Ayuntamiento a Newtral. “Nuestra propuesta política no incluye sancionar y perseguir a las mujeres que ejercen la prostitución”, anunció Laura Pérez, entonces concejala del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI de Barcelona.

Bilbao 

Es otro de los municipios que persiguen tanto a la mujer como al cliente. Así lo especifica su ordenanza municipal, que está en vigor desde 2010. Asimismo, esta incluye una propia regulación impuesta a los establecimientos dedicados a la prostitución. Establece unos requisitos mínimos higiénico-sanitarios además de una distancia mínima entre estos locales.

De esta manera, la sanción por llevar a cabo estas prácticas en espacios públicos varía en función de su cercanía a un colegio o una zona residencial. En los casos más graves, pueden llegar hasta los 3.000 euros. 

Andalucía 

En el caso de la ordenanza de Sevilla, la prostitución se califica como “una de las manifestaciones más extremas de violencia de género”. Por este motivo, esta normativa pretende sancionar con multas de hasta los 3.000 solo a los clientes, dejando fuera a las mujeres que se dedican a estas prácticas.

Sin embargo, el asunto cambia en los municipios de Málaga y Granada, que además persiguen a las prostitutas. La normativa de Granada prevé sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce cerca de lugares con menores de edad. En el caso de Málaga, los casos más graves, por su cercanía a colegios o zonas residenciales, llegan a un máximo de 1.500 euros.

Legalidad de la prostitución en otras ciudades de España

Además, otras ciudades, como es el caso de Madrid, intentaron implementar su propia ordenanza contra la prostitución pero no tuvieron éxito. La propuesta del PSOE de 2019 pretendía multar con hasta 3.000 euros a los clientes en la capital. Sin embargo, nunca vio la luz tras tres informes encargados por la Concejalía de Políticas de Género y Diversidad, liderada por Celia Mayer, que rechazaban la iniciativa.

“Una ley estatal sobre la prostitución debería contar con tres pilares principales. En primer lugar, no puede dejar fuera a la pornografía porque crea un modelo de cosificación de las mujeres. Debería también incluir la educación afectivo-sexual de los adolescentes en los espacios educativos. Y por último, tiene que proteger a las víctimas de trata de verdad y facilitar su integración socio-laboral”, explica Fernández. 

De esta manera, aunque existen ciertas regiones de España que sancionan la prostitución, estas prácticas siguen en un limbo legal en muchas de las ciudades españolas. Hasta que exista una normativa estatal, son los municipios los que deciden si las sanciones contra estas prácticas.