El presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha realizado este jueves un discurso muy duro con los políticos por perpetuar una situación "desoladora" en la Justicia y ha erguido un alegato a la separación de poderes en el acto de apertura del año judicial. En el evento en el alto tribunal -que como cada año ha estado presidido por el Rey Felipe VI- el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recordado que "la Justicia emana del pueblo y no es patrimonio de nadie en especial" en una jornada marcada por la sombra de una ley de amnistía y el mandato caducado sine die del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Marín Castán ha expresado que "la separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia", si bien esto no pueden ser compartimentos estancos, sino que las instituciones deben cooperar entre sí. "La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática", ha expuesto.
A pesar de que él se ha mostrado consciente de que no "le corresponde formular propuestas de estrategia política" ha señalado que "no parece descabellado" hacer sugerencias ante la situación de total encallamiento del poder ejecutivo. Así, ha alegado que es necesario el "consenso" en asuntos nucleares para el Estado como son que la renovación del CGPJ debería ser en tiempo y forma; que las reformas de las leyes de la Justicia deberían efectuarse con arreglo a la Constitución y que los nombramientos del presidente del Consejo y Supremo debería hacerse por mérito y capacidad.
El presidente de la Sala Primera ve "imprescindible" que "el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y el buen funcionamiento del Poder Judicial". Para ello, ha dicho, es necesario que los actores políticos se comprometan con la democracia y el Estado de Derecho. "El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado".
Marín Castán se ha mostrado con "profunda tristeza" por la situación en la que se encuentra la carrera y ha subrayado que la independencia -parafraseando al Rey- es la "clave de bóveda del Estado de Derecho". Ha recordado los ataques a miembros judiciales, que a veces han procedido incluso de dirigentes políticos, no son justificables y ha expresado que la calidad de la Justicia reverbera en la visión de Europa sobre España.
En el edificio de las Salesas ha estado presente también el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, así como diversas autoridades políticas como la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Por su parte, el fiscal general ha expuesto ante el Rey que, ante una nueva legislatura, "quien asuma responsabilidad del Gobierno de España" tendrá que afrontar "una reforma sustancial de la Justicia" con "visión de Estado" y "con altura de miras". Ha recordado la importancia de cambiar la instrucción para que sea la Fiscalía la que lleve el peso de la investigación y no el juez y ha terminado con una frase que cobra importancia con la posible amnistía para los miembros del procés como telón de fondo: "Para que nada perturbe el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado encomendado con exclusividad a jueces y magistrados".
"Los fiscales no nos escondemos, asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones", ha salido en defensa García Ortiz para explicar que se han sembrado "dudas injustificadas" sobre la actuación de la Fiscalía. "La dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación", ha puntualizado.
El togado ha puesto en valor la circular que él mismo ha traslado a los fiscales relativa a la aplicación de la ley del sólo sí es sí. "Ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica rigurosa e implacable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos. Ese es nuestro trabajo, el de los tribunales es la toma de decisión", ha señalado en referencia a la diferencia de criterio que mostró en la aplicación de esta norma la Fiscalía General con respecto al Tribunal Supremo.
El jefe del Ministerio Público ha señalado que la Memoria este año va dedicada a las personas extranjeras y a su vulnerabilidad en diferentes aspectos, por ejemplo, la trata de personas. Ha querido destacar la actuación de la institución que dirige en lo relativo a la guerra de Ucrania. "Este suceso ha implicado la actividad de una gran parte de los órganos de la Fiscalía" en materia de Cooperación Internacional, la de Menores o la de Trata de Personas y Extranjería", ha afirmado.
En el recuerdo del acto ha estado lo sucedido hace justo un año cuando el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes anunció su intención de dimitir. La situación no ha mejorado ni un ápice desde entonces y los ánimos dentro del Poder Judicial son de abatimiento ante la poca perspectiva de la renovación de un órgano que va a cumplir cinco años caducado. Precisamente, la interinidad provocó que el Gobierno reformara la ley para que los vocales no pudieran hacer nombramientos en las cúpulas judiciales.
"¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?", se ha preguntado Marín Castán. En total son ya 84 las bajas acumuladas en cargos de responsabilidad en todos los tribunales de España, 100 si se suma la jurisdicción militar. El caso más peligroso está en el Tribunal Supremo porque todos sus miembros eran elegidos por el CGPJ y las jubilaciones no tienen reemplazo ni siquiera de forma interina. Allí son ya 23 las vacantes en todas sus salas: 2 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar -con la jubilación efectiva este jueves del magistrado Fernando Pignatelli -.
"Desolador"
Así ha definido Marín Castán la situación del Tribunal Supremo. "Desolador", ha dicho. El togado ha hablado de la carga de trabajo por la "situación sostenida en el tiempo", ha revelado que el escenario es "especialmente crítico" en la Sala Tercera y Cuarta y ha explicado que no vale con añadir refuerzos porque el Supremo se asoma "al colapso".
"La primera víctima son los ciudadanos y ciudadanas y empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada", ha concluido.
Un CGPJ en funciones 'sine die'
"Situación crítica y casi de respiración asistida", ha esgrimido Marín Castán con respecto al Poder Judicial. La fractura dentro del propio CGPJ ha sido evidente en los últimos años y algunas fuentes del Supremo hablan de una institución "putrefacta". Con la dimisión de Lesmes el Poder Judicial se convirtió en una bicefalia quedando Rafael Mozo como presidente del Consejo y Marín Castán como jefe del alto tribunal.
Pero la crisis se agravó cuando Mozo tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio y, entonces, Guilarte por ser el miembro de mayor edad pasó a la presidencia. También ahí hubo disputas internas y voces que afearon que el nuevo presidente quisiera cambiar la composición de todas las comisiones internas.
El discurso de Marín Castán este jueves ha terminado como el de su antecesor el pasado año con un emplazamiento a las fuerzas políticas a renovar "con urgencia" el CGPJ. "La democracia exige mucho. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados", ha finalizado.
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