La cifra es verdaderamente sorprendente, más de la mitad de los señalamientos en los juzgados de lo penal fueron suspendidos en 2022. En los datos de la Memoria Fiscal que han sido publicados este jueves se destaca "un importante incremento" de la cifra respecto del año anterior. La media nacional es del 53% de suspensiones, frente al 35% de 2021. Es incluso más alta que el pico del 46% que se logró en la pandemia.

La explicación podría buscarse en las huelgas judiciales, pero lo cierto es que éstas comenzaron en 2023 y la Memoria Fiscal actual no contabiliza todavía ese dato. Por eso, la tendencia del próximo año podría ser todavía más abrumadora dado que el Ministerio de Justicia se ha enfrentado en los últimos meses a una huelga de letrados de la Administración (que iniciaron en enero), otra de jueces y fiscales y por último una de funcionarios del primer rango. Los dos primeros colectivos consiguieron una sustancial subida de salario negociada con la cartera de Pilar Llop, pero por el camino se suspendieron miles de juicios.

En lo relativo a los porcentajes que se acaban de presentar, en la letra pequeña se observa que las audiencias provinciales suspendieron el 47% de los juicios señalados, frente al 32% de 2021. Más que el año en el que el Covid-19 mantuvo a la población confinada en su casa, que fue del 41%.

"Ha de reiterarse la referencia a los perversos y perjudiciales efectos que entrañan las suspensiones de los juicios, pues inciden directamente en la insatisfacción y molestias que genera en la ciudadanía", dice el documento que ha sido publicado por la Fiscalía General del Estado. Además, recuerdan que produce un efecto negativo en los delitos porque añade a los delincuentes la posibilidad de pedir el atenuante de dilaciones indebidas para que se rebaje su pena final. "Suponen, además, una perturbación para la organización de las fiscalías y de los órganos judiciales de cara a los nuevos señalamientos", reza.

Crecen los procedimientos

En 2022 se incoaron 1.497.808 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un cremiento del 2,24% respecto al año 2021. Es un porcentaje menor del 6%, casi imperceptible, respecto de 2021-2020.

El dato de las sentencias dictadas anualmente es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional. A pesar de que ha habido más suspensiones de juicios, las sentencias se han incrementado lo que la Fiscalía achaca a la normalización del funcionamiento de los tribunales tras la crisis sanitaria.

Los juzgados de lo penal han dictado 147.284, cifra similar a la de 147.682 sentencias en 2021, y claramente superior las 111.585 dictadas en el año de la pandemia, pero sin alcanzar el número de 2019 que ascendió a 150.643 o de 155.288 del año 2018.

Los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias,
al igual que en años anteriores, han sido los tipos contra la seguridad
vial y contra el patrimonio, con porcentajes del 36% y 19% respectivamente, muy similar a los de 2021 del 35% y 18%, (31% y 19% en 2020).

Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 8%, porcentaje ligeramente inferior al 9% de 2021, que ya fue inferior al 13% alcanzado en 2020; los delitos contra la vida e integridad física el 9%, idéntico porcentaje que en 2021 que fue ligeramente inferior al 10% alcanzado en 2020 y los delitos contra la administración de justicia el 7%, que mantiene el porcentaje de la anualidad anterior.