La Fiscalía General del Estado ha presentado este jueves, como cada año, la Memoria Fiscal que recaba todos los datos del Ministerio Público por áreas de todo 2022. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, dedica este año parte de su comentario a la vulnerabilidad de las personas extranjeras en España que son las que más vulnerables, por ejemplo, en los delitos de trata de personas. El documento de más de 1.500 páginas revela también que han incrementado un 73% los nombramientos discrecionales en cúpulas de la Fiscalía con respecto a 2021.

Dolores Delgado fue la cabeza de la institución hasta julio de 2022 y tras su renuncia el puesto pasó a ocuparse por el actual fiscal general. Los últimos debates de designaciones en el Consejo Fiscal se han visto envueltos en polémica e, incluso, la Asociación de Fiscales (AF) -mayoritaria en la carrera- ha recurrido algunos ante el Tribunal Supremo. El pasado año entre ambos fiscales generales designaron a 52 cargos a dedo, mientras que en 2021 el número fue de 30.

Entre ellos, el propio García Ortiz otorgó a su antecesora Delgado el ascenso a fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Un puesto que, por cierto, está recurrido en el alto tribunal y a la espera de sentencia. Igualmente, se ratificaron fiscales de Sala (el mayor rango en la carrera) en especialidades como Elvira Tejada al frente de Criminalidad Informática o Alejandro Luzón en Anticorrupción, y se renovaron otros nombres como la jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán, o la de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez.

García Ortiz destaca que la Fiscalía ha logrado un vuelco en la paridad de las cúpulas en los últimos años. Si ya en la base de la carrera ellas representan el 65% de los 2.704 fiscales, la presencia de mujeres en los puestos directivos tanto en fiscalías territoriales como en órganos centrales ha incrementado diez puntos porcentuales desde 2019 a 2022. Así, de los 124 fiscales que ocupan una jefatura, 59 mujeres son fiscales (de Sala, fiscales superiores, jefas provinciales o jefas de área) lo que supone el 48% de los cargos directivos están ejercidos por mujeres fiscales.

Si el fragmento de jefatura de Delgado en 2022 no fue muy abundante en Juntas de Fiscales de Sala (reuniones toda la cúspide del Ministerio Público), el de García Ortiz ha dado la vuelta a esta tendencia. En marzo de ese año se produjo una todavía con Delgado (la única en todo su mandato) cuando la Fiscalía Europea quiso avocarse para sí el procedimiento que investigaba la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid y la vinculación con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. "La importancia de esta Junta radicaba en la primera vez que se planteaba la cuestión competencial, por lo que había de ser resuelta con vistas al futuro de la Institución", describe la Memoria.

García Ortiz celebró dos sólo en sus primeros meses de mandato. En una primera Junta presentó un borrador defendido como una suerte de una guía completa para conocer cómo se incoaban, tramitaban y archivaban las diligencias; y otra para valorar una reforma sobre el delito de hurto.

En cuanto a la organización de la Fiscalía, el documento destaca también la creación del puesto de un Promotor Disciplinario así como de una jefa de comunicación. Es notable la diferencia entre el número de entrevistas de la fiscal general Delgado que hasta julio de 2022 sólo dio una a un medio de comunicación nacional, mientras que García Ortiz desde su toma de posesión concedió un total de 10.

El 98% de las víctimas de trata son extranjeras

La Memoria Fiscal se centra en las víctimas extranjeras revelando un dato demoledor: el 98% de las víctimas de trata de seres humanos no son españolas y más de las dos terceras partes están en situación irregular. La Fiscalía expone la complicación situación de estas personas vulnerables en diversas respuestas jurídicas.

Por ejemplo, la unidad especializada en violencia sobre la mujer afirma que la migrantes tienen un riesgo alto de sufrir abusos machistas. Si bien en números absolutos la mayoría de las víctimas de feminicidio durante el pasado año fueron españolas, si se tratan números relativos y en atención a la población española y extranjera en España, la realidad se invierte siendo 14 las mujeres extranjeras víctimas de feminicidia de la cifra global de 50 fallecidas que hubo en 2022.

Mujeres extranjeras representaron el 34,34% de las que denunciaron actos de violencia de género el año pasado y el 33,27% de las solicitudes de órdenes de protección, "datos de los que con claridad", dice la Fiscalía "se infiere una sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género y una especial vulnerabilidad"

La unidad coordinadora de trata de seres humanos y extranjería ha elaborado un detallado estudio que en el que, partiendo del fenómeno general de la inmigración, enmarca la problemática de cada uno de los grupos vulnerables y permite obtener una visión actual del contexto en España. La Memoria recuerda que la Constitución, así como los compromisos internacionales y europeos suscritos, obligan a garantizar los derechos de las personas que están bajo la jurisdicción española.

La Fiscalía señala la dificultad de estas personas para acceder a puestos de trabajo, que si consiguen son puestos más peligrosos y precarios. Igualmente dedican líneas para la "tragedia humanitaria" bajo el acrónimo de MENAS (menores extranjeros no acompañados), conformada por miles de niños y niñas que huyen de realidades de pobreza, miseria y guerra."La intervención estatal no puede circunscribirse solo a la aplicación de la política de fronteras, ya que la situación de desamparo les hace acreedores inmediatos de los mecanismos de protección que obligatoriamente deben prestárseles", esgrime la Fiscalía de Extranjería. Pero va más allá en su recriminación al Estado y añade que "tampoco debe limitarse a proporcionar cobijo y alimento en espera de que se alcance la mayoría de edad".

En cuanto a los delitos de odio, el fiscal general afirma que España "no es un país racista" pero que no puede obviarse la existencia de comportamientos y actitudes de personas individualizadas y de concretos sectores sociales que sí son racistas.

La actuación con Ucrania

Un año más, en la Memoria también se destaca el conflicto ucraniano y la respuesta que está teniendo el Ministerio fiscal. La Unidad coordinadora de menores informa que los pequeños que se ha encontrado en situación de riesgo en 2022 ha aumentado 15,96% respecto a 2021.

La Fiscalía General habla de "estrecha" colaboración con su homóloga ucraniana y recuerda que con el objetivo de cooperar en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el 13 de marzo de
2022 se firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) entre ambas. La finalidad era facilitar la transmisión de comisiones rogatorias entre dichos
órganos, y es en este contexto donde han alcanzado gran protagonismo la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Unidad especializada de cooperación internacional, al ser ambas identificadas como puntos de contacto en la fiscalía española.