La vía del Supremo para actuar frente a una amnistía al 'procés' podrá pasar por el Tribunal Europeo

Todas las hipótesis están abiertas. Pero son sólo eso, hipótesis porque ningún juez o fiscal ha leído la letra pequeña de una ley que todavía no está publicada y que, de hacerse, sería la primera vez en la democracia reciente. Si el Gobierno termina por negociar con Junts una ley de amnistía que entre en este terreno virgen y condone cualquier delito a los líderes del 'procés', ese papel llegará irremediablemente a la mesa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y allí reciben la noticia con todas las cautelas, de momento. Las fuentes consultadas explican que la vía para tratar de desarmar una hipotética amnistía es doble. Por un lado, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, por el otro, un camino europeo a través del recurso prejudicial que pusiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las cuerdas para decidir sobre el Derecho comunitario.

El alto tribunal asume que la ley -se llame de amnistía o se llame de extinción de la responsabilidad penal- estará redactada de tal forma que el procedimiento que sigue activo contra el expresident Carles Puigdemont y los otros fugados del 'procés' quede desactivado. Entienden que si quedan dudas para aplicarlo en algún procedimiento no será en ningún caso en el que se está instruyendo en el Tribunal Supremo desde octubre de 2017. Sobre la posibilidad de interpretación, por tanto, aceptan que es difícil que haya margen. Las fuentes consultadas señalan que, en principio, los independentistas condenados en 2019 por la sentencia de la Sala Segunda y los que están perseguidos por el juez instructor Pablo Llarena actualmente quedarían amnistiados.

Pero después podrían iniciarse los recursos desde el propio Tribunal. Una posibilidad es plantear un procedimiento prejudicial al TJUE al que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden acudir cuando se produzca una cuestión de interpretación nueva o cuando la jurisprudencia existente no dé una orientación necesaria a los jueces territoriales. En este sentido, la amnistía cumple estos requisitos puesto que no se ha abordado una desde 1978 cuando entró en vigor la Constitución. El Supremo podría así poner a Europa ante el espejo para que tuviera que pronunciarse sobre un asunto sensible y nuclear en el Estado de Derecho y cuya resolución no sólo valdría para España, sino que sería de aplicación para toda la Unión Europea.

Sobre si esto paralizaría o no la amnistía hay dudas. Las fuentes consultadas en el Supremo explican que, en principio, la ley habría que aplicarla y luego se preguntaría a Estrasburgo, si bien la propia web del Tribunal Europeo expone que "el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo". De hecho, así ha sucedido con el procedimiento de Puigdemont: Llarena preguntó al Tribunal comunitario si Bélgica podía utilizar una serie de argumentos para entregar a los fugados y el proceso de entrega se congeló hasta que Europa resolvió la cuestión.

El delito principal que pesa ahora sobre los líderes independentistas -una vez se ha eliminado la sedición- es el de malversación. En esta línea, otras fuentes jurídicas consultadas recalcan la importancia que la Unión Europea le ha dado siempre a la persecusión de la corrupción. Recuerdan incluso que en mayo de este mismo año, sólo seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez rebajara las penas en el Código Penal, Bruselas anunció una nueva directiva europea para armonizar las penas en todos los estados miembros y establecer unos baremos para el delito de malversación. Esta nueva regulación tiene todavía que pasar por la negociación en el Consejo de la UE con los Estados miembros y la tramitación en el Parlamento Europeo.

Pero con estos mimbres, insinúan los consultados, sería difícil pensar que el discurso europeo tan ligado a la lucha contra la corrupción pueda conjugarse con un perdón total a los ahora condenados por haber desviado dinero para un referéndum ilegal.

Por otro lado y de forma paralela, los jueces españoles podrían preguntar al Tribunal Constitucional si la ley entra en la Carta Magna. De facto, es lo mismo que se presupone que hará el PP y el resto de partidos de la oposición con un recurso de inconstitucionalidad. Los togados del tribunal de garantías tendrían que analizar la cuestión y pronunciarse de forma expresa sobre esta amnistía. En este caso, a no ser que existiera una medida cautelar, la ley no tendría por qué quedar paralizada. Las fuentes consultadas han subrayado que no es necesario que conteste el Constitucional para acudir a Europa, sino que son vías distintas y podrían conducirse a la vez.

La foto con Yolanda Díaz

A falta de conocer si finalmente se aprobará la prerrogativa de gracia, el malestar del alto tribunal lo condensa la fotografía de la vicepresidenta del Gobierno en funciones Yolanda Díaz con el hombre que llevan tratando de juzgar desde hace cinco años. La visita de la líder de Sumar a Puigdemont no ha sentado nada bien entre los togados que llevan años revisando la jurisprudencia y aplicando el Derecho para resolver penalmente lo sucedido en Cataluña en el 1-0.

Los magistrados señalan que esa imagen no sólo la ven ellos, sino también los jueces del Tribunal Europeo que deben resolver sobre las órdenes de detención del expresident catalán. Algunos, incluso, señalan que el hecho de que en España se esté hablando de una amnistía podría llegar a modificar las decisiones de los togados europeos. Por ejemplo, indican estas fuentes, en lo referente a los plazos llegando a esperar a que el Gobierno resuelva si habrá amnistía para que los procesos allí decaigan.