La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de solicitar este martes que se reative la orden de busca y captura internacional y la europea contra el exconseller Lluís Puig fugado de la Justicia por el 'procés', según confirman fuentes fiscales. Los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal han remitido un escrito al juez instructor Pablo Llarena para que actualice la orden a Puig puesto que está acusado en España por malversación y desobediencia.

El Supremo confirmó el pasado mes de junio, tras la reforma del delito de sedición del Código Penal, la decisión de acusar a Puig por un delito de malversación agravada y otro de desobediencia, desestimando la petición de que se incardinara lo sucedido en el 1-0 en el nuevo tipo de desórdenes públicos. "Se cumplen, por tanto, los requisitos establecidos por la legislación vigente [...] que premite a la autoridad judicial española competente dictar orden de detención y entrega", refleja el documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Independiente.

El escrito lo firman Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, quienes señalan, que los hechos de los que es acusado Puig llevarían una pena privativa de libertad de entre 6 a 12 años. "Desde el inicio de la causa el citado ha eludido la acción de la justicia, habiéndose declarado su rebeldía por auto de 9 de julio de 2018, situación en la que actualmente se encuentra", señalan. Él reside en Bélgica junto al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí que tampoco se sometieron al juicio del 'procés'.

Llarena adaptó el 12 de enero la imputación a todos los que no se sometieron a enjuiciamiento con el nuevo Código Penal aprobado por el Gobierno de coalición y desde entonces la causa está pendiente de los siguientes pasos para lograr que todos terminen sometiéndose al Tribunal Supremo. En el caso de Pugidemont, los fiscales ya solicitaron el pasado mes de julio esta reactivación de todas las órdenes de arresto, si bien el juez dijo que esperaría a los últimos flecos que quedan pendientes sobre la inmunidad del expresident como eurodiputado.

Su abogado Gonzalo Boye tiene de plazo hasta este viernes para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando medidas cautelares. Y cuando estas se resuelvan, indican fuentes del alto tribunal, será cuando Llarena pueda volver a dar luz verde a la euroorden y la petición de arresto internacional. Tanto Puigdemont como Comín y Puig quedaron procesados en rebeldía por malversación y desobediencia, mientras que Ponsatí solo lo está por este último delito que no implica cárcel.