Un implicado en el caso de Tsunami Democrátic, que se instruye en la Audiencia Nacional, solicitó el pasado mes de julio al juzgado central de instrucción número 6 que el caso se traslade a Cataluña. La Fiscalía del órgano ha respondido que no es el momento procesal de tomar esta decisión, según revelan fuentes fiscales, por lo que todavía está por definir qué posición tiene el Ministerio Público frente a la competencia. La investigación que atañe a más de una decena de personas --si bien no tiene ningún imputado formalmente según citadas fuentes-- es una de las que podría verse afectadas si el Gobierno termina de atar una amnistía con Junts que abarcase todo lo ocurrido durante el 'procés'.

La aparición del diputado de ERC Rubén Wagensberg en la causa hace meses abrió la puerta a que el caso pudiera trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde él es aforado, como avanzó este medio. Fuentes jurídicas señalan que en cuestiones de competencias siempre prevalece la condición de aforamiento y esto arrastraría el resto de la causa a la comunidad autónoma donde sucedieron los hechos.

Tsunami Democràtic se mantuvo bajo secreto desde su inicio en 2019 hasta hace escasos meses cuando el juez Manuel García-Castellón decidió alzar el velo protector del sumario. Lo que sucede es que, según fuentes fiscales, no existen "investigados judiciales", sino que se trata de "investigados policiales" y, por tanto, ninguno de los que llevan años bajo el foco de la Guardia Civil han recibido su condición de imputados formalmente.

Las pesquisas se dirigen a conocer quién estuvo tras los hilos del movimiento que logró el bloqueo del aeropuerto de El Prat en 2019, el corte de la autopista AP-7 a la altura de Francia y distintos altercados graves en el centro de Barcelona como respuesta al fallo con el que el Tribunal Supremo condenó a la cúpula política que organizó el referéndum del 1-O.

Todas las miradas están puestas ahora en cómo califique la Fiscalía estos hechos, puesto que en un principio se había tratado como terrorismo (por eso se conducían en la Audiencia Nacional). La idea de los investigadores había caminado también sobre el delito de sedición, pero el Gobierno reformó el Código Penal el pasado 12 de enero y borró este tipo.

Por el momento, el fiscal del caso sólo se ha pronunciado sobre la necesidad de esperar para conocer su postura. No ha expuesto, por tanto, si considera que la competencia es de Cataluña o si debe quedarse en el órgano que indaga en actos terroristas y no lo hará hasta que se dé traslado de las últimas conclusiones que señale la Guardia Civil. Todavía faltan varias respuestas de petición de información a países como Suiza, pero algunas fuentes no ven imprescindible que estos datos lleguen para poder calificar los hechos. Además, la Benemérita logró hace escasos meses desencriptar un teléfono móvil de uno de los implicados que se había mantenido sellado todo este tiempo por lo que también han requerido tiempo para analizarlo.

Lo que se sabe hasta el momento

"Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar", consta en un mensaje del exdiputado del Parlament Xavier Vendrell el 3 de octubre de 2019. Tsunami Democràtic se vendía como una acción ciudadana generada de forma espontánea a raíz del malestar por la sentencia en la que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés.

La investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional bajo el nombre de la citada plataforma desmonta lo repentino de las acciones y señala que existió toda una preparación y organización para los momentos de "altísima tensión" que se vivieron en Cataluña entre los meses de septiembre y diciembre de hace cuatro años, según una parte del sumario a la que tuvo acceso este periódico.

La Guardia Civil ha analizado los metadatos de las conversaciones de muchos de los teléfonos intervenidos y ha escudriñado redes sociales y mensajes de aplicaciones encriptadas para descifrar lo ocurrido. Creen que se organizaban "en cadena" para no comprometer "la acción final" y que cada usuario tenía un papel.

Entre sus objetivos estaba, por ejemplo, aparecer en la prensa y en este rol los investigadores reseñan el papel de Oriol Soler, empresario catalán, fundador del diario Ara. Los agentes dicen que el empresario tenía una "extensa y multidisciplinar red de contactos" con personas en diferentes grados de intensidad y esto fue clave para la puesta en marcha de la plataforma. En el sumario Soler es descrito como una "pieza activa y fundamental" en unos hechos que la Guardia Civil califica como terrorismo.

Igualmente, los agentes analizaron si el expresident Carles Puigdemont era la cabeza pensante de todo el movimiento. Estudiaron mensajes en los que se hablaba de 'Krls' y escrutaron la implicación de personas de su entorno como el asesor Josep Lluís Alay. La investigación desvela otros nombres protagonistas como el del empresario Jesús Rodríguez Selles, al que sitúan en actos preparativos; el supuesto responsable de las cuentas, el ingeniero Jaume Cabani Massip; o el escritor Josep Campmajó Caparrós cuya presunta labor estaría encaminada "a la gestión del grupo operativo que actuaba en las acciones".