El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quiere indagar más en la relación de un brigada del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, Sergio Bravo, y una mujer con la que tuvo supuestamente un 'affair' y consiguió grabarlo dando datos de una investigación por delitos de narcotráfico. El magistrado ha acordado una batería de nuevas diligencias para saber si se hicieron vigilancias falsas, si se colocaron balizas ilegales y quién pagó el hotel donde se hospedaron indiciariamente el agente y la testigo S.
En un escrito de este 15 de septiembre, al que ha tenido acceso El Independiente, Pedraz pide que se oficie al Hotel Sercote AB Rivas "acerca del método de pago (si fue con tarjeta: titularidad y número de ésta) respecto de la habitación en la que se hospedó" la testigo. Ella --que declaró el pasado mes de julio-- aseguró que pasó allí unas horas con Bravo al que grabó esa noche porque, dijo, había tenido malas experiencias con antiguas parejas. Uno de los investigados terminó aportando a la causa estas grabaciones en la que el guardia civil se reconoce como "el más ilegal de los ilegales", si bien según su versión estaba fingiendo para ver si ella tenía vínculos con la organización de narcotráfico.
El juez quiere comprobar si es cierto que la tarde noche del 21 al 22 de abril de este año ambos compartieron hospedaje como insiste ella y, de ser así, quién lo pagó. Además, el magistrado busca hacer más comprobaciones para resolver qué hay de verdad en lo que Bravo confesó a la chica. Según se desprende de las grabaciones que ella hizo, los guardias civiles colocaron balizas ilegales.
“Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas”, consta en un audio en poder de este periódico. Los investigados en esta macrooperación que lleva la Fiscalía Antidroga están bajo el foco por tráfico de estupefacientes y quieren desmontar la investigación esgrimiendo malas prácticas dentro de la Benemérita.
Sostienen que en los coches de algunos de ellos aparecieron balizas de seguimiento sin tener autorización del juez y que hay vigilancias que constan en el sumario que, en realidad, no se hicieron porque los agentes estaban trabajando en otras pesquisas (como el 'caso 8-M') o porque las imágenes son sacadas de Google Maps y no sacadas por ellos mismos. Fuentes de la Guardia Civil defienden que han realizado una investigación interna para hacer estas comprobaciones y todo se ha hecho de acuerdo a la norma.
Sin embargo, Pedraz busca esclarecer el asunto y ha acordado también oficiar a la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar qué registros se han hecho sobre la matrícula de una de las motos. Asimismo, pide a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional que "proceda al estudio de los dispositivos de geolocalización GPS (baliza) encontrados en el vehículo y la motocicleta" de uno de los investigados.
Además, añade que se compruebe si "José", "José Antonio" y otra serie de nombres parecidos corresponden a unos número de TIP particularmente porque son algunos de los que Bravo indica a la mujer.
El brigada declaró el pasado 12 de septiembre y dijo que su relación con la chica consistió en una estrategia para ganarse la confianza de ella y seguir a una persona "afín al grupo criminal". Sostuvo que era una actuación como la del agente doble, si bien reconoció que no había dado cuenta a su superior porque él era el jefe del operativo. Dijo que llegó a pasar la noche con ella "para desenmascararla", según indican fuentes jurídicas.
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