La sentencia no fue una sorpresa en los mentideros judiciales. Como estaba previsto este lunes, el Tribunal Constitucional hizo valer su mayoría progresista con siete votos a favor y cuatro en contra de avalar la reforma legal que el Gobierno de coalición acometió para no permitir a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hacer nombramientos en las cúpulas judiciales. La carrera de jueces llevaba meses a la espera de que este asunto se resolviera y ahora la situación de desesperanza para revertir la grave crisis institucional es todavía más latente. Algunos sectores jurídicos hablan ya de la necesidad de volver a cambiar la ley para evitar dejar al Tribunal Supremo al borde del colapso.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acometió en 2021 e introdujo el artículo 570 bis que dice expresamente que de "no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones [...], la actividad del mismo se limitará". Entre las atribuciones que quedan eliminadas si el CGPJ vive un tiempo caducado está precisamente la de hacer nombramientos. Los 20 vocales que lo forman tienen la capacidad de designar a todos los togados del Tribunal Supremo y a los presidentes de tribunales y Salas tanto de tribunales superiores de Justicia como de audiencias provinciales y Audiencia Nacional.

Han pasado ya más de dos años desde que el actual CGPJ --que debió haber sido renovado en 2018-- tiene esta función cortada y, por tanto, todo este tiempo se han ido sumando vacantes por toda España. En total son 84, de las que una está en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (la que dejó precisamente Concepción Espejel que hoy forma parte del Constitucional y es uno de los votos en contra a esta reforma); 24 en audiencias provinciales (donde hay prevista una jubilación más antes de final de año); y 36 en los tribunales superiores de justicia.

Pero la situación más peligrosa es la que vive el Tribunal Supremo. En todos los órganos judiciales citados aunque el mandato de la presidencia se cumpla, el juez puede quedarse de forma interina y seguir sacando el trabajo adelante. Sin embargo, en el alto tribunal los magistrados se jubilan y nadie los repone porque absolutamente todos sus miembros eran designados por el CGPJ y no sólo los jefes de las Salas.

El 30% de las plazas totales del órgano están sin cubrir. Faltan un total de 23 magistrados y la perspectiva tras esta sentencia sólo empeora. Por ejemplo, el próximo año está previsto que se jubile el presidente interino del Supremo (que ocupó el cargo tras la renuncia de Carlos Lesmes) Francisco Marín Castán quien este año en el discurso de la apertura del año judicial advirtió del panorama "desolador" que vive el edificio en el que trabaja.

En ciertos círculos de la judicatura contemplaban la idea de que el Tribunal Constitucional pudiera redactar la sentencia de forma que avalara el planteamiento de la limitación de funciones impuesta por el Gobierno, pero hiciera una excepción con el Supremo. Así como en junio de 2022 el Ejecutivo volvió a retocar la ley para sacar de la limitación a los miembros del Constitucional y que el CGPJ sí pudiera designar a los dos que le tocaba.

De hecho, fue así como se procedió a la última renovación parcial en la que el Tribunal de garantías cambió de color y se escoró hacia el lado progresista. En ese artículo 570 bis se incluyó: "Proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional". Algunas voces entendían que los magistrados que debían revisar este lunes el fondo de la reforma podrían explicar en la sentencia que el Supremo era un órgano medular para el Poder Judicial y, por tanto, había que preservar su eficacia.

Esto no habría solucionado de ninguna manera la crisis, pero habría puesto un parche sobre un órgano que ha advertido ya de la bajada en la calidad de su trabajo por la precarización de sus Salas. En 2021 avisó de que pondrían 1.000 sentencias menos al año si no se renovaba el CGPJ. Algunas voces apuntan que esta votación aboca al Gobierno a buscar una solución para resolver, al menos, la situación del Supremo a corto medio plazo puesto que no hay visos de una renovación del Poder Judicial.

"Mutación de la Constitución"

El contenido íntegro de las sentencias que desestiman los recursos de Vox y del PP se conocerá en los próximos días pero las fuentes consultadas señalan que la ponencia de María Luisa Balaguer en ningún caso hará mención a este extremo. Fuentes del CGPJ explican que tendrán que ver en qué términos se redactan las sentencias íntegras, pero una parte de los vocales cree que es necesario pronunciarse de forma oficial porque el tema les "afecta directamente". Otros hablan de que es "prematuro" saber cuál será su reacción. Este jueves se reúne la comisión permanente y todavía no ha trascendido el orden del día.

Algunas fuentes se muestran muy críticas con el Tribunal Constitucional. Dicen que ha fallado lo que más perjuicio trae a la carrera y que se ha guiado dirigido únicamente por motivaciones políticas. Varios de los consultados expresan que es un ataque "en toda regla" a la separación de poderes y defienden estar "asistiendo a la mutación de la Constitución" por unos magistrados que no están guardando la esencia de la Carta Magna, sino los intereses políticos.

Las reacciones de la carrera

Algunos jueces se atrevían a dar su opinión en las redes sociales este lunes cuando conocían el sentido de la sentencia tras el pleno monográfico del Constitucional. "Con total respeto al Tribunal Constitucional, como ciudadano, muestro mi discrepancia con esta decisión que considero perjudicial para el Estado de Derecho", decía el togado bajo el alias 'MagistraThor'. "Se castiga a los ciudadanos, que son los destinatarios de la administración de Justicia, porque el Parlamento no cumple sus funciones hasta que Sánchez lo ordena. Yo pedí la jubilación y se me concedió para el 3 noviembre de 2020, antes de la reforma,y todavía está sin cubrir mi plaza en la Sala", contestaba Antonio Salas, exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

"De los creadores de 'la Constitución no es un texto cerrado y puede ser interpretada conforme a la realidad social' llega la película 'lo que no aparece en la Constitución no existe'", señalaba el fiscal Carlos Ocaña. "Favoreciendo el copalso y la paralización del CGPJ, y por ende de los tribunales superiores. Y luego que si las dilaciones indebidas...", reaccionaba también la jueza 'SacraCobos'.