La Policía Nacional está celebrando esta semana los actos para condecorar a distintos agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, pero también a personal ajeno al Ministerio del Interior, como cada año. Varios fiscales y jueces van a ser galardonados con distintivos este jueves y, entre ellos están los fiscales de Anticorrupción Ana Cuenca, fiscal del 'caso Lezo', y Luis Rodríguez Sol, responsable de las diligencias sobre el mediático 'caso Mascarillas'.

Según la orden íntegra del Ministerio que batuta Fernando Grande-Marlaska, a la que ha tenido acceso El Independiente, entre el personal ajeno condecorado con la Cruz Blanca (un distintivo de mérito que no lleva aparejada una pensión) está el fiscal que ha pedido 15 años de prisión para el empresario Alberto Luceño y otros nueve años para el aristócrata Luis Medina por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales al quedarse con una comisión millonaria de la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia. La Policía Judicial trabajó codo con codo con Anticorrupción para conocer la procedencia de las mascarillas y el origen del empresario que las vendió en Malasia en una causa que copó periódicos y tertulias durante meses. Este 'caso mascarillas', de hecho, fue uno de los únicos de todos los que se abrieron en la Fiscalía que lucha contra la corrupción que ha terminado yendo a juicio. Las investigaciones de otros supuestos fraudes relacionados con el hermano de Isabel Díaz Ayuso o con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez terminaron en archivo.

La fiscal Ana Cuenca también figura en la lista de beneficiarios por la Policía. Esta fiscal Anticorrupción ha liderado las pesquisas de 'Lezo' sobre las presuntas irregularidades cometidas por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el Canal de Isabel II y ha llevado igualmente la rama valenciana de la 'Gürtel' sobre la corrupción del PP en esa comunidad o el 'caso Fabra'.

Además, del mundo jurídico Interior va a entregar más distintivos. Por ejemplo, a David Campayo Soler, fiscal superior de Cartagena, Murcia; a María Luisa Carrascosa, magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante; a José María Chamorro, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; a Mª Cecilia de la Iglesia, decana de los jueces de Logroño; a María Alemán Ezcaray, jueza decana de Pamplona; a Ángel Bodoque, fiscal especial antidrogas; a Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza; a Feliciano Barrios Pintado, catedrático de Historia del Derecho.

Entre los jueces condecorados está también el magistrado asturiano Juan Avello Formoso quien recientemente ha puesto coto sobre el cambio de sexo de algunas personas con fines espurios. Este togado está al frente del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria y hace unas semanas denegó la solicitud a un sargento del Aire que quería cambiarse de sexo para ascender. "La ley no está prevista para eso. Se intuía un fraude de ley", dejó por escrito.

Pumpido entre las condecoraciones polémicas

El ministro Grande-Marlaska ha dado luz verde también a algunas condecoraciones que se han visto envueltas en controversia. Entre las que se otorgan con la Cruz Roja Honorífica está el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, una de las más polémicas en el momento de su publicación. La trayectoria como jurista del magistrado es indiscutible, si bien el premio llega en un momento delicado en el que el alto tribunal está en el punto de mira por su continuo aval a las decisiones del Gobierno incluida, por ejemplo, la de esta semana a la reforma de la norma que rige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no se puedan realizar nombramientos discrecionales.

Tras estas condencoraciones varios sindicatos representativos de la policía criticaron que se "regalara" la medalla a miembros del Tribunal Constitucional, como en este caso, a través de un reparto "opaco". La ley data de 1964 y los agentes señalan que esta norma pre-franquista no está "adecuada a la realidad policial". Tanto SUP, como JUPOL, CEP y la UFP anunciaron que denunciarían y no sería la primera vez porque de hecho la Audiencia Nacional ha fallado ya al menos en dos ocasiones en contra de condecoraciones otorgadas por Grande-Marlaska a comisarios jubilados. Se trata de medallas que llevan aparejada una pensión de forma vitalicia.

De hecho, el próximo 30 de noviembre el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional ha fijado la vista para un recurso presentado por la UFP contra Interior por haber concedido seis distintivos de planta (pensionados con unos 400 euros mensuales) a funcionarios policiales jubilados.