El Gobierno de Pedro Sánchez se cuidó mucho de argumentar bien el porqué indultaba de forma parcial (perdonando la pena de cárcel) a los líderes del procés para evitar luego que esa medida de gracia fuera revocada en los tribunales. En 2021, el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo y actual magistrado del Tribunal Constitucional firmó una nutrida documentación en la que señalaba que la herramienta correcta para pasar página de los hechos acontecidos en Cataluña en la esfera independentista era el indulto y no la amnistía porque ésta sería "claramente inconstitucional".

"La concesión de la gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el incumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito", se lee en el documento referente al líder de ERC Oriol Junqueras. "Persistencia que en caso de reiteración delictiva llevaría consigo la apreciación de los antecedentes penales. A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", rubricó el exministro Campo el 22 de junio de 2021, según el informe consultado por El Independiente.

A lo largo de 33 páginas, Justicia trató de explicar por qué consideraba buena la medida de gracia y en qué medida beneficiaría a la sociedad española para la convivencia con Cataluña. "El Gobierno también tiene obligaciones en negativo. No sólo debe huir de la inacción política, sino también abstenerse de emprender toda acción que pueda empeorar o agravar aún más la situación. Todo acto que contribuya a intensificar la fractura política y social ya existente en esa Comunidad Autónoma y pueda desbaratar el camino de diálogo que se ha iniciado, si es posible, debe ser evitado", expresa el ministro.

Buena parte del informe se dedica a concretar de dónde viene esta prerrogativa de gracia y cómo la Constitución prohíbe los indultos generales. "Este tipo de indultos habrían sido durante criticados por la doctrina, pues se situaban a caballo entre la amnistía y el indulto", añade el documento. "En síntesis, se trata de una prerrogativa individual, excepcional y de configuración legal". El Gobierno de coalición necesitaba que los indultos se leyeran como una medida individualizada (hicieron un informe por cada indultado) para que los tribunales no tumbaran su aplicación.

De hecho, una parte de estos indultos sigue todavía recurrida en el Tribunal Supremo como, precisamente, la que tiene que ver con Oriol Junqueras. La Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado ya sobre algunos recursos de Ciudadanos y Vox contra la excarcelación del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez. Los magistrados nunca han entrado a deliberar el fondo de la cuestión, sino que se han limitado a explicar que los partidos no tienen legitimación para recurrir esta medida de gracia que corresponde al Ejecutivo otorgar.

El día 23 de junio de 2021 el BOE publicó los nueve indultos para los que el Gobierno ya había ido preparando el terreno. Cuixart, Sánchez, Junqueras además de los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pudieron salir de prisión si bien sus penas de inhabilitación quedaron intactas así como sus antecedentes penales.

Ahora, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, así como el partido de Yolanda Díaz negocian con Junts ir un paso más allá e introducir la amnistía que sí borraría cualquier rastro de lo que ocurrió y que nunca se ha aplicado en democracia desde que se aprobó la Constitución en 1978. El debate sobre la constitucionalidad de esta medida ha copado buena parte de la opinión pública en las últimas semanas, pero fue también una conversación que salió hace dos años cuando los indultos estaban sobre la mesa.

En la tour por los medios de miembros del Gobierno que buscaban hacer pedagogía en ese momento sobre la medida de gracia, también se pueden encontrar declaraciones públicas del propio Campo, así como de Carmen Calvo o de Miquel Iceta mencionando la imposibilidad de una amnistía por no caber en la Carta Magna. Pero resulta que el Ministerio lo dejó también por escrito en los decretos para indultar a quienes habían sido condenados por el Tribunal Supremo dos años antes.

Juan Carlos Campo tendrá que abstenerse

Menos de un mes después de que Campo firmara todos los informes sobre los indultos, el presidente Pedro Sánchez prescindía de sus funciones. En la remodelación del Gobierno que hizo en julio de 2021, salió tanto el ministro de Justicia como Carmen Calvo, entre otros altos cargos. Después de un tiempo como juez en la Audiencia Nacional, el exministro pasó a ocupar una silla en el Tribunal Constitucional el pasado mes de enero.

"La amnistía no cabe porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica pero es muy reveladora: la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido aquí hay perdón", expresó el juez en una entrevista en La Sexta hace dos años. Fuentes del alto tribunal consideran que todas estas intervenciones de Campo en las que habla de la amnistía claramente y el haber participado activamente en la medida de gracia que se dio entonces imposibilita el hecho de que él pueda participar en la deliberación que el Tribunal Constitucional tendrá que afrontar si se recurre la ley que se está negociando.