La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 33 testigos para la celebración del juicio del 'caso Kitchen' que está a la espera de fecha, una vez el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió el pasado viernes al banquillo a la excúpula del Ministerio del Interior. Entre las testistificales, piden que comparezca el extesorero del PP Luis Bárcenas que fue la supuesta víctima del espionaje por parte de un operativo parapolicial para sustraer documentos de la Caja B del partido, así como el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y otros 17 policías y exmiembros del cuerpo. El Ministerio Público deja al margen a la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal, a pesar de que persiguió su imputación hasta el final de la instrucción.

El escrito de los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas fue presentado el pasado 24 de febrero, pero hasta ahora no se conocía la prueba que el Ministerio Público quería articular en el juicio. En el documento íntegro al que ha tenido acceso El Independiente, Anticorrupción requiere la presencia de Ignacio Cosidó, antiguo Director General de la Policía en la etapa de Mariano Rajoy quien nunca fue llamado a declarar por el juez instructor. En el último informe que el Ministerio Público presentó antes del cierre de las pesquisas en 2021, precisamente se solicitaba la imputación tanto de Cosidó como de Cospedal después de que las agendas del comisario José Manuel Villarejo (principal investigado de toda la macrocausa 'Tándem') hubieran aflorado citas y encuentros entre ellos en las fechas en las que se ubica la 'Kitchen'. Los fiscales deciden, sin embargo, que testifique el que fuera jefe civil de la Policía y que no lo haga la exsecretaria y exministra del PP.

Llaman también al que fuera comisario general de Información de la Policía Nacional Enrique Barón, que aseguró en octubre de 2020 en la Audiencia Nacional que el dispositivo para seguir al extesorero, y por el que están acusados tanto Villarejo como el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, se montó sin su conocimiento.

Anticorrupción pide igualmente la presencia de Mariano Hervás, inspector jefe de la Policía y subordinado de García Castaño en la UCAO; de Francisco Álvarez Fernández, jefe de inteligencia de la UPEC (Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación) del cuerpo; de José Manuel Benavides Royo, que fue comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada; de Felipe Eduardo Lacasa Córdoba, exsecretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); de Miguel Ángel Bayo Herraz, policía vinculado supuestamente al reparto de los fondos reservados; de Manuel Vázquez, exjefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal); y de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF en el momento en el que se investigaba la 'Gürtel' y la persona que aseguró ante el juez que sus superiores le habían ofrecido puestos muy jugosos para intentar evitar que siguiera indagando en la corrupción del PP.

Los fiscales piden las comparescencias de Luis Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias quienes han cumplido penas por la investigación de la Caja B del partido y que, años más tarde, supieron que algunos hechos que sucedían a su alrededor --como el asalto de un cura a su vivienda o las vigilancias que notaban en su entorno-- no eran casualidades, sino estaban presuntamente orquestadas desde el Ministerio del Interior para conocer cuánta información sensible manejaban y tratar de robarla. La causa no ha conseguido resolver si el operativo parapolicial logró eliminar pistas de la corrupción. Asimismo, se pide que declare Luis Carlos Antón Herrera, director de la prisión de Soto del Real (en la que ha estado residiendo Bárcenas) desde 2020 e Isidro Sánchez Suárez el recluso compañero del extesorero en el centro que, según el sumario de 'Kitchen', fue contratado para eliminar todo rastro de los documentos de Bárcenas en la nube en una de sus permisos penitenciarios.

En el banquillo se sientan el exministros Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' Francisco Martínez quien aportó unos Whatsapp. Anticorrupción pide que se llame a declarar a los dos notarios que dejaron negro sobre blanco la validez de esos mensajes y a Silverio Nieto, un cura que supuestamente ejerció de intermediario entre ambos mandos.

El Ministerio Público requiere también en la Sala a Javier Gómez de Liaño, primer abogado de Bárcenas que ha explicado en varias ocasiones cómo miembros del CNI intentaron convencer a su secretaria para que les diera información; así como al que fuera director de El Mundo Francisco Rosell y el actual subdirector de ese periódico Esteban Urreiztieta.