La Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación bajo secreto desde hace meses vinculada a las actividades del exministro de Hacienda Cristóbal Monoro, según ha confirmado El Independiente, que esta judicializada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona (Cataluña). En el marco de estas pesquisas la fiscal que lleva el caso, Carmen García Cerdá, se ha enfrentado al fiscal jefe Alejandro Luzón por una batería de diligencias que la primera quería practicar y su superior no veía apropiado por lo que tuvo que convocar a la veintena de funcionarios del órgano que lucha contra la corrupción para resolver el asunto.

Las diligencias están relacionadas con el exministro del PP si bien, según han asegurado fuentes jurídicas, todavía no hay ningún imputado formalmente. La investigación se centra en un lobby o grupo de personas con capacidad de presionar a un Gobierno que, presuntamente, trataban de influir en decisiones legislativas de la anterior legislatura, explican citadas fuentes. Estas personas contrataban el despacho del exministro Montoro para asesorarse y terminar con decisiones favorables del Ejecutivo.

Cabe recordar que ya en 2017, el Ministerio Público se querelló por prevaricación contra el despacho jurídico que fundó Montoro en 2006, Equipo Económico, y contra el expresidente del Consejo Superior de Cámara de Comercio Manuel Teruel. La querella se refería a la presunta adjudicación a dedo en 2012 al despacho de un contrato de 91.000 euros saltándose la Ley de Contratos del Estado.

Entre los denunciados en ese momento estuvo el hermano del ministro Ricardo Montoro que fue persona de confianza del Gobierno de José María Aznar; Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria; y Francisco de Asís, director del gabinete del exministro.

Esa querella que estuvo igualmente a cargo de García Cerdá señalaba que el hecho de que esa adjudicación no se hubiera sacado a concurso constituía una ilegalidad. La investigación estuvo en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid hasta 2019 cuando la magistrada decidió archivar el caso. "Consta que por la mercantil Equipo Económico se realizaron los estudios e informes sobre cada una de las materias que les fueron encomendadas en cumplimiento del contrato", por lo que no existiría "la simulación del objeto del contrato", dijo el documento de archivo después de que el juzgado no viera visos de irregularidad.

Montoro ha copado parte de su carrera en cargos de gestión económica en la Administración Pública. En el 2000 fue elegido diputado del PP y en abril de ese año Aznar anunció su nombramiento como ministro de Hacienda. Durante los años de Gobierno de la oposición se encargó de la portavocía en la Comisión de Economía y Hacienda y a partir de 2011 volvió como titular del Ministerio que prolongó durante la presidencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El enfrentamiento en Anticorrupción

En el seno de esta investigación se ha producido un choque entre la fiscal García Cerdá y el jefe de Anticorrupción. La funcionaria planteó un artículo 27 del Estatuto fiscal que se utiliza cuando un fiscal cree que ha recibido "una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", tal y como avanzó este periódico.

Esto obligó a que la Junta de fiscales del órgano se reuniera el pasado 16 de septiembre para resolver quién creía que tenía razón. Los fiscales no pudieron analizar el caso por completo ya que el asunto está bajo secreto, pero una mayoría (19 votos contra cinco) se situó del lado de Luzón. García Cerdá proponía realizar una batería de diligencias que el jefe no quería visar por no verlas procedentes. También el 'número dos' de Anticorrupción, Antonio Romeral, estuvo a favor de la postura de Luzón.