El Tribunal Constitucional se prepara para apoyar el impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2022 y que fue recurrido por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. La ponente del recurso María Luisa Balaguer propone desestimar el fondo del asunto porque no se puede entorpecer la competencia de Hacienda, según confirman fuentes jurídicas.

La cuestión se estudiará en el pleno de la próxima semana. La ponencia, explican citadas fuentes, rechaza los argumentos del ejecutivo madrileño que había alegado que el tributo invade las competencias fiscales y financieras autonómicas. Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía y Galicia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente, pero el Constitucional lo denegó. La decisión de este jueves avanzará cómo va a fallar el alto tribunal en el resto de recursos.

El Gobierno de Sánchez aprobó este impuesto en diciembre de 2022 con el objetivo recaudatorio para combatir los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética.

Batet, los indultos y Alberto Rodríguez

El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido verá también otros asuntos de gran importancia sobre la actuación de las Cortes. Por un lado, revisará el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de líderes del 'procés'. Fuentes jurídicas aseguran que la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez plantea que debe darse la razón a los populares que piden amparo por haberse vulnerado el derecho a la información de los parlamentarios.

Sin embargo, la ponencia no tiene todos los visos de prosperar porque el sector progresista del Constitucional no se muestra del todo conforme con esta argumentación. De no llegar a un acuerdo, el presidente podría designar a un nuevo ponente para redactar la sentencia.

Por otro lado, se resolverá el asunto del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a quien Batet quitó su escaño después de que el Supremo lo condenara por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife). En este caso, la ponente María Luisa Segoviano apoya el amparo al canario y le da la razón. La magistrada progresista cree que quitarle el escaño fue desproporcionado porque vulneró sus derechos al tratarse de una condena leve.

La Sala de lo Penal condenó a rodríguez a 45 días de prisión, sustituidos por el pago de una multa de 540 euros, y a una pena de inhabilitación que Batet ejecutó al dejarlo sin silla en la Cámara Baja.