Unos correos electrónicos encontrados de casualidad, un despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y una serie de modificaciones legislativas en la etapa del PP que afectaban al sector de la electricidad. Todos estos ingredientes se encuentran en unas pesquisas que llevan cinco años bajo secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el despacho que fundó Montoro, Equipo Económico, hacía informes a empresas a cambio de lograr beneficios para éstas utilizando sus redes de influencia en el Gobierno, según explican a El Independiente fuentes cercanas a la causa. Bajo el foco del Ministerio Público --que trató de alzar el secreto sin éxito-- hay cuatro principales sospechosos.

Todo se inició en 2017 cuando los Mossos d'Esquadra registraron la sede de Messer Ibérica de Gases S.A., una empresa con sede en Tarragona y que estaba involucrada en un asunto de falta de licencias para la construcción y prevaricación. La causa estaba judicializada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y los agentes se llevaron todo el contenido de la nube y los ordenadores. Entre los correos, había conversaciones en la que los empresarios afirmaban haber contratado a una gran consultora para hacer lobby con el Gobierno y beneficiarse de una serie de ayudas para la electricidad sin éxito. Así que ellos mismos decían que la solución era recurrir a Equipo Económico.

El "tono" de esos mails sorprendió a los investigadores porque parecía un modus operandi habitual así que comenzaron a cotejar las fechas de los correos, las reuniones con responsables del despacho que fundó Montoro y las modificaciones legislativas que el Gobierno había realizado en esa materia y, según fuentes cercanas a las pesquisas, dieron verosimilitud a los mensajes.

Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ya había iniciado una causa en Madrid que afectaba a unos contratos de Equipo Económico (que finalmente terminó archivada) así que la misma fiscal, Carmen García Cerdá, y el mismo juzgado, el número 2 de Tarragona, se hicieron cargo del asunto que se declaró secreto el 20 de julio de 2018, en base a la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incorporó más tarde al asunto como apoyo en Madrid para hacer una entrada y requirimiento de documentos al Ministerio de Hacienda que se produjo antes de verano.

La bonificación de la electricidad

La empresa Messer Ibérica que opera desde 1970 en Cataluña se dedica a la fabricación de gases industriales, medicinales y alimentarios, según su página web. En este proceso de separación de gases se consume tanta energía que forman parte de las consideradas electrointensivas, es decir, tienen un tipo de tratamiento fiscal especial en el consumo de electricidad. Bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el Gobierno adaptó medidas para bonificar el consumo de estas electrointensivas y otros sectores. De hecho, en la segunda etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se aprobaron ayudas por valor de 150 millones de euros para subvencionar parte del consumo de este tipo de compañías.

La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM) --en la que se engloba Messer-- se quedó fuera de estas ayudas en un inicio y es cuando, según las fuentes que conocen la investigación, pagó el informe a Equipo Económico que, a la postre, supuso un cambio en la legislación. La tesis con la que trabaja Anticorrupción trata de averiguar si estos informes eran una cobertura para que los empresarios pagaran grandes cantidades al despacho que fundó el exministro a cambio de que Hacienda lograra modificaciones que los beneficiaran. El último eslabón implicaría que los políticos, o Montoro en este caso, cobraran presuntamente mordidas por ello.

Precisamente en la segunda etapa de Montoro como ministro, Messer obtuvo unos resultados empresariales muy favorables, especialmente a partir de 2014, aunque registró pérdidas por valor de 636.000 euros en 2015, según los datos consultados en Insight View. En 2014, la compañía ganó 981.000 euros y en 2016, el beneficio ascendió a 1,2 millones de euros. El resultado había sido de 60.000 euros en 2011, por lo que el crecimiento entre esos años es muy significativo, aunque se registraran cifras negativas en dos de los ejercicios.

Es destacable que los informes de auditoría de esas cuentas de resultados, consultadas por este periódico, subrayan que Messer alega motivos de “confidencialidad” para no revelar las remuneraciones percibidas por su alta dirección.

La sombra de Montoro

Equipo Económico, consultora empresarial que adoptó ese nombre tras el de Montoro Asociados, está presidida y dirigida por Ricardo Martínez Rico, el que fuese secretario de Estado de Presupuestos con el ex ministro de Hacienda durante su primera etapa, en el Gobierno de José María Aznar, entre el año 2000 y el 2004. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Montoro ocupó ese cargo de presidente entre 2007 y 2008. No obstante, su cese como consejero se publicó en dos ocasiones en el BORME, en 2008 y también en 2012.

Es a partir de 2012, cuando aparece ese cese como consejero, los resultados de Equipo Económico empiezan a ser peores que en años anteriores. Entre ese año y el siguiente, las cuentas arrojan una diferencia de 110.000 euros. Entre 2008 y 2012, las cuentas mejoraron un 4%, pero la facturación se disparó un 129% hasta los 6,6 millones de euros en 2012. La consultora no ha vuelto a lograr el beneficio de ese año, ni tampoco su facturación.

Los investigadores buscan resolver si en realidad el exministro nunca se desvinculó del despacho y si de los documentos que están bajo análisis se puede inferir que esto ocurría con más sectores como el juego o las energías renovables. “Lo cierto es que, desde su llegada al ministerio, Montoro había emprendido una dudosa senda, rayada en algunos casos en la ilegalidad, al airear datos fiscales de determinados individuos o amenazar a colectivos como los medios de comunicación, deportistas y actores e incluso rivales políticos con la información que obra en manos de la Agencia Tributaria", consta en el libro del exvicepresidente del Gobierno, el 'popular' Rodrigo Rato, publicado este 2023.

Algunas fuentes hablan de una corrupción a "muy alto nivel" que afecta al que hace las propias leyes y, por ende, muy difícil de demostrar. Esto ha provocado las rencillas dentro de la propia Fiscalía Anticorrupción y tiras y aflojas entre los cuerpos policiales investigadores que han lastrado las pesquisas, como explican diversas voces jurídicas.

La Fiscalía trató de alzar el secreto

La causa lleva cinco años bajo secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción trató en 2022 de alzar este velo protector sin éxito. "A la Sala no le cabe la más mínima duda de que la pretención del Ministerio Fiscal comprometería gravemente el resultado de la investigación", expuso la Audiencia Provincial de Tarragona en un auto al que ha tenido acceso este medio.

“Respecto a la permanencia del secreto durante cuatro años consecutivos justificada en la instrucción paralela de otra causa compleja que dinama de la que nos ocupa y la parálisis que supuso en 2020 la pandemia, no pueden ser justificación de la prórroga recurrida”, señaló el tribunal en diciembre del paso año. Los jueces se refieren al asunto como de "extrema complejidad" y hablan de "métodos subrepticios", explicando además que toda la última documentación adjuntada al procedimiento "puede ser el origen de múltiples investigaciones derivadas". El Tribunal habla incluso de "fase inicial del proceso" y alaba la "cuidadosa, compleja y metódica investigación".

La Audiencia Provincial, eso sí, reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que recurra el secreto ahora. "La Sala no puede dejar de poner de relieve que no alcanza a comprender que el l Ministerio Público prestase su conformidad a prórrogas anteriores del secreto de las actuaciones que no constan recurridas, cuando los motivos que ahora alega para cuestionar el mantenimiento ya existían con anterioridad”, señala el escrito. Esta causa ha provocado un choque entre la fiscal del caso y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se saldó el pasado mes con una junta de fiscales que dio la razón al superior.