La Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue a la exconsellera de Salud y vicepresidenta del Parlament Alba Vergés por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles, ante los indicios que la vinculan con el calendario de inmunización.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el ministerio público ha pedido al titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que instruye las denuncias por el retraso en la vacunación, que envíe la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que corresponde investigar a Vergés por su condición de aforada, como diputada de ERC en el Parlament.

También lo han solicitado las asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, que fueron los que dieron pie a la investigación al presentar una denuncia en la que acusaban a la Generalitat de paralizar las vacunación de los agentes estatales hasta que, en abril de 2021, el TSJC dio un ultimátum al Govern para que los inmunizara de forma "inmediata".

Tras recibir la denuncia, en marzo del año pasado, el TSJC rechazó investigar a Vergés por el retraso en la vacunación de los agentes, al no apreciar ninguna "acción u omisión" que se le pudiera imputar directamente en este caso, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables, lo que propició que el juzgado 17 de Barcelona abriera una causa penal.

Una nueva prueba involucra a Vergés

De las declaraciones de los imputados y de una nueva prueba que ha salido a la luz durante la instrucción del caso, se desprenden indicios de que Vergés pudo tener responsabilidad sobre el calendario de inmunización de policías nacionales y guardias civiles destinados de Cataluña, lo que la sitúa en el punto de mira de la investigación, según las mismas fuentes jurídicas.

En la causa han declarado hasta ahora como investigados el exconseller de Salud Josep Maria Argimon -que era secretario general de Salud Pública durante la pandemia- y el exsecretario general del Departamento, así como otros cuatro cargos de la conselleria durante la pandemia que negaron que tuvieran competencia para decidir a qué grupo o colectivo se vacunaba en cada momento.

En concreto, Argimon, que fue conseller de Salud hasta que Junts abandonó el Govern, el pasado mes de octubre, se escudó ante el juez en que, como secretario de Salud Pública en aquella época, no era responsabilidad suya decidir cuándo se paralizaba o reactivaba la vacunación de los agentes estatales.

Es más, tras insistir en que su responsabilidad se ceñía a garantizar que las vacunas contra el coronavirus llegaran a Cataluña, el exconseller apuntó asimismo que no compartía la decisión de paralizar la inmunización de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Argimon fue, no obstante, uno de los responsables del Govern que dio explicaciones públicas por el calendario de inmunización de los policías. En rueda de prensa, tildó de "ridículo" el ultimátum del TSJC, al tiempo que advertía: "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos la vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo".

El TSJC ordenó el 27 de abril de 2021 a la Generalitat que "sin excusa alguna" garantizara "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes, para que en diez días alcanzara la misma proporción que en los Mossos d'Esquadra, como finalmente acabó ocurriendo, al apreciar una "apariencia de discriminación".

La Generalitat acató la orden del TSJC y el 8 de mayo de 2021 ya había vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, equiparando su situación a la de los Mossos d'Esquadra. 

En declaraciones a EFE, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha afirmado que confía en que la justicia actúe con "severidad" y que establezca quiénes estaban detrás de la decisión de retrasar la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña para depurar responsabilidades.

"Esperamos que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley, por impedir el acceso a la salud a miles de compañeros a quienes se negó un recurso básico solo por el hecho de ser policías o guardias civiles, en una muestra además de auténtico delito de odio y de extrema violencia política", ha indicado.