Los Mossos d'Esquadra viajaron desde Barcelona para entrar en el Ministerio de Hacienda hace unos meses y requerir documentación de la administración sobre unas empresas de gas a las que supuestamente pudo beneficiar el exministro Cristóbal Montoro, según confirman fuentes cercanas a una investigación que se mantiene en secreto en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona (Cataluña). Las pesquisas llevan cinco años bajo llave en la Fiscalía Anticorrupción y alcanzan a cuatro personas de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro, tres de ellas trabajaron en el Ministerio en la primera etapa de Montoro cuando la empresa todavía no se había fundado.
La unidad de Anticorrupción de los Mossos se llevó cajas de documentos de las legislaturas pasadas del PP, una vez al frente del Gobierno estaba ya Pedro Sánchez. En la actuación participó también la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como apoyo en la capital, si bien fuentes del cuerpo se desvinculan del grueso de la investigación que se abrió en 2018 a raíz del "hallazgo casual" de unos correos electrónicos.
Como reveló El Independiente, todo se inició con unos mails del año 2013 que fueron intervenidos en el marco de otra operación en la sede de Messer Ibérica de Gases S.A. cuyos directivos habían pagado por un informe que buscaba hacer lobby para entrar en unas bonificaciones a la electricidad que el Gobierno había aprobado. Al no lograrlo, en sus comunicaciones decían que habría que recurrir a Equipo Económico en un "tono" que desprendía una sospecha de modus operandi fraudulento con el despacho que había fundado Montoro.
Los hechos que se investigan descienden hasta 2008, indican citadas fuentes. Montoro dirigió el departamento de Hacienda entre los años 2000 y 2004 bajo el mandato de José María Aznar y entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy al mando. Es en esa pausa, en 2006, cuando fundó el despacho que primero se llamó Montoro Asociados y estuvo al frente precisamente hasta 2008 cuando él se desvinculó y el bufete adoptó el nombre de Equipo Económico.
Tres exaltos cargos y la secretaria
La cúpula de la primera etapa en Hacienda de Montoro es, precisamente, la que está ahora al frente de la empresa y hay cuatro principales sospechosos bajo el foco de los investigadores. Según lo avanzado por El Periódico de España y que ha confirmado este periódico, Anticorrupción sigue la pista de Ricardo Martínez Rico que fue director de gabinete del exministro de Hacienda en sus primeros años al frente de la cartera y en 2003 asumió la secretaría de Estado de Presupuestos. Es decir, ya antes de la fundación de Montoro y Asociados (Equipo Económico, en la actualidad), el ex ministro y Martínez Rico mantenían una relación profesional muy estrecha.
Pero Rico no es el único que trabajó mano a mano con Montoro en el Ministerio. Salvador Ruiz Gallud, que también integra la cúpula de Equipo Económico, ocupaba en esos mismos años la presidencia del Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). A su vez, Manuel de Vicente-Tutor era el jefe de gabinete de Gallud. Los cuatro han ocupado e incluso mantienen cargos de relevancia en Equipo Económico, tras su salida del Ministerio, según la propia web del despacho.
A estas tres personas los Mossos le intervinieron los teléfonos con el permiso del juez instructor de la causa, pero la Fiscalía recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial de Tarragona revocó las escuchas en enero de 2022. También se intervino el dispositivo de una cuarta persona que, según las fuentes relacionadas con la causas, se trata de la secretaria del despacho Equipo Económico. A los agentes les interesaba acceder a sus conversaciones porque era ella la encargada de contactar con los bancos y podía tener información sobre las actuaciones del presidente de la empresa.
Tanto Martínez Rico, como Vicente-Tutor y Ruiz Gallud ya fueron objetivos de una querella que Anticorrupción interpuso en 2017 por la presunta adjudicación irregular de un contrato de 91.000 euros con la cámara de comercio saltándose la Ley de Contratos del Estado. Entre los querellados también estaban Francisco Piedras, exdirector del gabinete de Martínez Rico en la secretaría de Estado, Francisco de Asís, director del gabinete del ministro y Ricardo Montoro, hermano del ministro.
Los investigadores no han realizado ninguna entrada y registro en Equipo Económico, según confirman citadas fuentes, ni han solicitado su declaración precisamente ante la intención de salvaguardar el secreto. Por eso, fuentes del caso expresan que todavía no se puede hablar de imputados formalmente. Anticorrupción llegó incluso a recurrir este velo sobre el sumario, pero la Audiencia Provincial señaló que tras "más de 4 años de cuidadosa, compleja y metódica investigación" levantar el secreto suponía sin "la más mínima duda" comprometer "gravemente el resultado" de las pesquisas.
El estancamiento
Más allá de terminar de analizar toda la documentación recabada en Hacienda, las fuentes jurídicas consultadas señalan que la instrucción estaba encallada los últimos meses. Se estuvo valorando, incluso, introducir un nuevo cuerpo policial que le diera impulso a las pesquisas, pero el choque entre la fiscal del caso Carmen García Cerdá y el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón ha terminado por erosionar el asunto.
García Cerdá era partidaria de realizar una serie de diligencias de investigación que su superior no veía claro, por lo que la fiscal le planteó un artículo 27, como avanzó este medio, una herramienta para poder poner de relieve ante el resto del Ministerio Público que no es procedente la orden recibida. Finalmente, el criterio de Luzón fue vencedor en la Junta de fiscales de Anticorrupción por 19 votos a favor y cinco en contra.
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