El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de admitir en la causa de 'Tsunami Democràtic' a la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia y a Vox. La investigación estuvo desde 2019 bajo secreto de sumario y, por el momento, sólo a un investigado se le había notificado el caso. La Fiscalía estaba valorando solicitar que el asunto fuera enviado a Cataluña para que no fuera enjuiciado como terrorismo, pero este movimiento cambia las cartas del juego.

En un documento, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado acuerda que tanto la asociación como el partido político se personen "previa prestación de una fianza de 200 euros".

Las pesquisas versan sobre varios episodios que se dieron tras la sentencia del 'procés': el colapso del aeropuerto de El Prat, el corte de la autopista de la A-7 en la frontera con Francia y distintos episodios violentos que sucedieron tras el fallo del Tribunal Supremo que condenó a los líderes políticos del independentismo. El magistrado comenzó a indagar en secreto cómo se organizaba esta plataforma que decía ser pacífica y, tras años de diligencias, distintos informes de la Guardia Civil señalan que los actos cometidos podrían ser enjuiciados como terrorismo. De ser así la competencia podría seguir en la Audiencia Nacional, pero por el contrario el asunto podría terminar en Cataluña.

Tal y como avanzó este periódico, el borrado de la sedición afectaba a los cimientos de la investigación. Fuentes jurídicas explican que después de que el Gobierno eliminara este delito del Código Penal la causa ha quedado coja. En la Fiscalía no ven claro que se haya demostrado la existencia de una estructura detrás de 'Tsunami Democrátic' a pesar de que la Benemérita expresa cómo se trataba de una plataforma organizada y jerarquizada.

La aparición del diputado de ERC Rubén Wagensberg en la causa hace meses abrió la puerta igualmente a que el caso pudiera trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde él es aforado. Fuentes jurídicas señalan que en cuestiones de competencias siempre prevalece la condición de aforamiento y esto arrastraría el resto de la causa a la comunidad autónoma donde sucedieron los hechos.

Hasta este momento, la única acusación que podía retener el asunto en Madrid era la Fiscalía. Pero con la entrada de Vox y de Dignidad y Justicia estas personaciones también podrían solicitar pruebas y pronunciarse sobre la competencia. Finalmente, será el juez García-Castellón el que decida dónde enviará el caso en plena negociación del Gobierno por la amnistía.

Lo que se sabe hasta el momento

"Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar", consta en un mensaje del exdiputado del Parlament Xavier Vendrell el 3 de octubre de 2019. Tsunami Democràtic se vendía como una acción ciudadana generada de forma espontánea a raíz del malestar por la sentencia en la que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés.

La investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional bajo el nombre de la citada plataforma desmonta lo repentino de las acciones y señala que existió toda una preparación y organización para los momentos de "altísima tensión" que se vivieron en Cataluña entre los meses de septiembre y diciembre de hace cuatro años, según una parte del sumario a la que tuvo acceso este periódico.

La Guardia Civil ha analizado los metadatos de las conversaciones de muchos de los teléfonos intervenidos y ha escudriñado redes sociales y mensajes de aplicaciones encriptadas para descifrar lo ocurrido. Creen que se organizaban "en cadena" para no comprometer "la acción final" y que cada usuario tenía un papel.

Entre sus objetivos estaba, por ejemplo, aparecer en la prensa y en este rol los investigadores reseñan el papel de Oriol Soler, empresario catalán, fundador del diario Ara. Los agentes dicen que el empresario tenía una "extensa y multidisciplinar red de contactos" con personas en diferentes grados de intensidad y esto fue clave para la puesta en marcha de la plataforma. En el sumario Soler es descrito como una "pieza activa y fundamental" en unos hechos que la Guardia Civil califica como terrorismo.

Igualmente, los agentes analizaron si el expresident Carles Puigdemont era la cabeza pensante de todo el movimiento. Estudiaron mensajes en los que se hablaba de 'Krls' y escrutaron la implicación de personas de su entorno como el asesor Josep Lluís Alay. La investigación desvela otros nombres protagonistas como el del empresario Jesús Rodríguez Selles, al que sitúan en actos preparativos; el supuesto responsable de las cuentas, el ingeniero Jaume Cabani Massip; o el escritor Josep Campmajó Caparrós cuya presunta labor estaría encaminada "a la gestión del grupo operativo que actuaba en las acciones".