El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a J.C.C., un hombre que Perú reclama por intentar asesinar a su mujer con un cuchillo. El acusado de 53 años fue detenido por la Policía Nacional hace unos días, según informó el propio Ministerio del Interior.

Se trata un "fugitivo" que estaba "reclamado por las autoridades peruanas" por un intento de homicidio. Las autoridades de ese país le reclaman 10 años de cárcel. La investigación ha sido rápida, puesto que los agentes de la Policía Nacional recibieron la petición de colaboración internacional a principios del mes de septiembre.

Según la solicitud de detención, el acusado intentó matar a su pareja el pasado 3 de enero de 2020 en Perú. "Tras discutir con ella, y ante la negativa de esta de darle dinero, la cogió del cuello mientras la amenazaba de muerte con un cuchillo, con la intención de atentar contra su vida", informó la Policía Nacional. Finalmente la víctima no falleció, pero tras la denuncia se activó una orden de búsqueda en todos los territorios que colaboran en materia de Justicia.

No existía ningún rastro del fugitivo en España, por lo que los agentes centraron su investigación en el seguimiento de personas relacionads con él que pudieran darle cobijo. Igualmente, comenzaron a indagar en los movimientos patrimoniales tanto de él como de todas las personas de su entorno.

La pista llegó cuando la Policía localizó el domicilio de una de sus nietas. Los agentes comprobaron que podía estar residiendo en ese lugar y se organizó un dispositivo de vigilancias que mantuvo bajo el foco los movimientos de todos los miembros de la casa durante "diferentes días".

En el momento en el que el hombre salía del portal se llevó a cabo la detención. La Fiscalía solicitaba prisión provisional, comunicada y sin fianza para él, pero su abogado Juan Gonzalo Ospina esgrimió en una vista celebrada en la Audiencia Nacional que no había motivos para acordar la cárcel por el arraigo del acusado en España, ya que residía aquí.

El juez señaló que no era necesaria la prisión, si bien impuso al arrestado la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y las comparecencias semanales en el Juzgado. "Haciéndole saber que, si incumple alguna de las medidas, podrá ser revocada la libertad y decretarse el ingreso en prisión", refleja el escrito del magistrado.