La Agencia Tributaria investigó supuestamente a políticos que tuvieron algún tipo de enfrentamiento con el ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, Cristóbal Montoro, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Así se desprende de la causa que indaga el Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona (Cataluña), según distintas fuentes con acceso a la misma. Estos nombres, además, sobrevolaron en la Junta de Fiscales Anticorrupción que se celebró el pasado 26 de septiembre y que resolvió, sin embargo, que no había material suficiente para explorar un delito de revelación de secretos, como reveló El Independiente.

Bajo la batuta de Montoro en Hacienda se filtró, por ejemplo, que Rato se había acogido a una amnistía fiscal que el PP concedió en 2012; asimismo, fueron publicados algunos detalles de las cuentas del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero en 2015; y en mayo de ese mismo año se difundieron datos tributarios de Aguirre cuatro días antes de las elecciones municipales. De hecho, la 'popular' llegó a interponer una denuncia en julio de 2015 en la Fiscalía General del Estado para que indagara en estos hechos, según explican fuentes cercanas a la expresidenta, si bien ésta no llegó a nada. También el que fuera miembro del partido morado denunció su filtración, pero según fuentes próximas a él, el juzgado ni siquiera la admitió a trámite.

Se difundieron los datos tributarios de Aguirre cuatro días antes de las elecciones. Ella llegó a interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado

En todas las noticias recogidas entonces, el organismo se quitaba responsabilidad y abría investigaciones internas. El que fuera director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez dio entonces varias entrevistas a El Mundo. Una para hablar de Aguirre y negar cualquier filtración ("No hay que olvidar que la información que tenemos de los contribuyentes no sólo pasa por la Agencia Tributaria; también por el propio contribuyente, asesores fiscales, entidades financieras...") y otra para pormenorizar el trabajo del fisco en el 'caso Rato': "Trabajamos en este asunto desde hace mucho tiempo. No hubo precipitación. Lo hacemos con independencia y profesionalidad".

Pero esta suerte de casualidades ha adquirido un tinte distinto después de una serie de hallazgos en forma de correos en el marco de la investigación secreta que se sigue a Equipo Económico (el despacho que fundó el exministro).

El actual director de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) José Manuel de Alarcón aparece en mails que remite al entonces director general de la Agencia Estatal Tributaria Santiago Menéndez (la misma persona dio la entrevista a El Mundo ) y en copia al que fuera director de la Inspección de la Agencia Tributaria Luis María Sánchez González para adjuntar la información fiscal de un periodista muy concreto. Como ha venido contando este medio, se trata de un comunicador de ABC que unos meses atrás había publicado una información incómoda para el ministro.

Funcionarios de Hacienda lo ven irregular

"Es absolutamente irregular", explica Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El profesional señala que los planes de Inspección del fisco se diseñan por objetivos, pero que en ningún caso se hace con nombres y apellidos de personas concretas y rechaza como algo habitual que altos cargos se pasen datos de contribuyentes como en este caso. "El ministro no tiene por qué saber esos datos", aclara y recuerda cómo desde el sindicato salieron varias veces durante esa legislatura a defender la independencia de los funcionarios. "Esto sería muy grave", refiere a si se demuestra que Montoro estuvo tras las filtraciones, "está utilizando la institución para fines personales".

La investigación que se sigue en Tarragona, sin embargo, transita una senda distinta e indaga en unos cambios legislativos para, supuestamente, beneficiar a unas empresas muy concretas que nada tienen que ver con estas filtraciones. Los hallazgos de estos correos han sido hechos colaterales que fueron valorados en una junta de fiscales Anticorrupción y se decidió que no había indicios de delito.

Por qué Anticorrupción no ve delito

La fiscal que lleva el caso, Carmen García Cerdá, creía necesario practicar una serie de diligencias tendentes a profundizar en el alcance de estos correos y de un posible delito de revelación de secretos. Sin embargo, la mayoría de sus compañeros (19 frente a cinco) apoyaron la tesis del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no ve los mimbres sobre los que poder trenzar la investigación en este sentido.

Según la versión de distintas fuentes, en la reunión se debatió durante horas y llegaron a salir nombres de políticos, pero en ningún caso se supo, por ejemplo, a qué periodista se referían los correos. El grueso de los funcionarios consideró que no hay nada irregular en pasarse estos mensajes entre los propios trabajadores de Hacienda sobre los datos fiscales de contribuyentes, así sea de uno en concreto porque no se conoce el contexto en el que se produjo. El problema estaría en si esos detalles terminaran en manos de terceros pero, por el momento, no hay nada en la causa que haga afirmar esto.

Por ello, algunos sostuvieron que comenzar a escudriñar todo lo que se cocía en el Ministerio de Montoro sería totalmente prospectivo y no hay indicios suficientes como para requerir una información que lamina los derechos de los responsables de la cartera. Más allá de que algunos, incluso, sostienen que toda la investigación de Tarragona podría ser nula porque el Poder Legislativo difícilmente puede prevaricar. Por encima de cualquier otro argumento, hay un hecho incontestable que dichas fuentes mencionan: si hubiera sido delito estaría prescrito. A los cinco años esta revelación de material protegido quedaría prescrita y si los correos son del 2017 ya no se puede perseguir.

Lo cierto es que, si bien tímidas voces expresan ahora que no tuvieron la suficiente información en la Junta de fiscales como para saber las dimensiones del asunto (se les dieron datos parciales, pues el asunto está secreto, y se les tacharon nombres o no se les enseñaron todos los correos), la gran mayoría se sitúa al lado de Luzón y considera que se le está dando un trato injusto. Al fin y al cabo, señalan distintas fuentes, el margen por el que se apoyó al jefe fue de muchos votos.

En cualquier caso, el juez está cerca de alzar el secreto de sumario y entonces podrá valorarse la magnitud de la causa. Varios de los afectados estudian ya qué acciones tomar y esto, ya sea con el apoyo o sin el apoyo del Ministerio Público, podría dar un impulso a las pesquisas. Y si bien la revelación de secretos no puede investigarse sí que hay otras causas como el juicio a Rodrigo Rato que comienza en diciembre que podrían verse afectadas por los documentos que estén recogidos en las diligencias de Tarragona.