El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado un pleno extraordinario para este lunes en el que se va a debatir si el órgano se posiciona formalmente en contra de la amnistía. Casi sin querer, Guilarte será una pieza decisiva, junto a Wenceslao Olea, para que al bloque conservador le den las cuentas y pueda salir adelante un dictamen reprobando la medida de gracia que el Gobierno está a punto de pactar con los partidos independentistas.

La reunión en la que se darán cita los 16 vocales actuales se celebrará a partir de las siete de la tarde. La petición de pleno partió de ocho miembros designados por el Partido Popular --Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Mª Ángeles Carmona-- por lo que el presidente estaba obligado a agendarla pues sólo con que cinco miembros se lo pidan debe hacerlo. Sin embargo, fuentes del órgano expresan que es de agradecer que lo haya hecho "en tiempo y forma" porque, recuerdan, "no siempre fue así", en referencia a alguna polémica que vivieron con el anterior presidente interino Rafael Mozo.

Con las mayorías del CGPJ menguadas después de las distintas bajas, renuncias y jubilaciones del órgano que lleva casi cinco años en funciones, los peticionarios necesitan a alguien más en sus filas para lograr los nueve necesarios que saquen el comunicado adelante. Así las cosas, todas las miradas están puestas en el presidente Guilarte y el vocal Wenceslao Olea, ambos elegidos en su momento por el PP.

Un duro comunicado

El comunicado propuesto por los ocho vocales tiene palabras gruesas que afirman que la amnistía supone la "abolición del Estado de derecho en España". Algunas de las fuentes consultadas, señalan que hay ciertas discrepancias en los términos porque lo "importante", dicen, es hacer ver que no se puede sacar una ley como esta sin consultar antes al Poder Judicial.

Para ellos, el golpe en la mesa debe estar ahí: en que el CGPJ se siente "absolutamente ninguneado" en una va directamente al corazón de la judicatura. El Gobierno y los partidos minoritarios están negociando para que la amnistía se presente como proposición de ley a través de la Mesa del Congreso y eso sortea cualquier informe consultivo, incluido efectivamente, el del Poder Judicial.

Otros vocales van más allá y expresan que la contundencia debe ser máxima. Hablan de un momento de una trascendencia histórica, de "mutación de la Constitución" y de la imposibilidad de ponerse de perfil. Los ocho conservadores necesitan por tanto un voto más, ya sea de Olea o del propio Guilarte. Si bien ambos tienen la posibilidad de abstenerse. Para unos que el presidente haya convocado el pleno tan pronto puede significar algo aunque recuerdan que el perfil del catedrático de Derecho Civil ha sido siempre bajo y poco dado a inmiscuirse en polémicas.

A la derecha Vicente Guilarte, vocal al que le tocaría la presidencia del CGPJ por ser el de mayor edad; a la izquierda Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo

Por su parte, Olea ha sido algo así como "un verso suelto" en algunas de las decisiones más trascendentales que ha tomado el Consejo en los últimos años. Por ejemplo, la de designar presidente interino a Rafael Mozo en lugar de al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, como había señalado en su hoja de ruta Carlos Lesmes.

Del otro lado de la mesa, algunos vocales progresistas han mostrado su indignación de que vaya a debatirse este dictamen incluso antes de que la ley haya comenzado su tramitación. El Gobierno todavía peina los últimos flecos con Junts y el texto completo no se ha dado a conocer, a pesar de los distintos amagos en los últimos días. La idea de no acudir al pleno para que no haya quórum suficiente (tienen que sentarse en la mesa al menos 10 y el presidente) ha sobrevolado en algunos grupos, pero las fuentes consultadas desprecian esta opción en masa porque supondría no cumplir con su deber. Lo cierto es que el vocal Álvaro Cuesta, uno de los más progresistas más activos, ya ha confirmado a sus compañeros que no acudirá al pleno puesto que considera que sus compañeros se han "sublevado" y que la reunión es un "panfleto político".