El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido cerrar el caso relacionado con la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. Su conclusión es que la Junta presidida por Ángel Ron no cometió ningún delito, ya que no se pudo demostrar de manera adecuada la comisión de delitos de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información.

La investigación se enfocaba en determinar si la información pública proporcionada a los inversores durante la ampliación de capital de 2012 por parte del banco incluía omisiones y distorsiones con el propósito de atraer inversores, lo que podría haber implicado una violación de los deberes de transparencia en el mercado de valores.

El archivo de la causa se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase la semana pasada el archivo de la misma argumentando que la ampliación "se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes", y pocas semanas después de que el propio Banco de España considerase que la ampliación de capital de 2012 fue "un éxito" y "rentable" para todos los inversores que acudieron a ella.

Clave en la investigación

Esta investigación judicial se ha centrado, únicamente, en la ampliación de capital de 2012 pero puede ser determinante en las otras causas del Popular. Ahora la justicia se centra en la ampliación de capital del año 2016 y la crisis que llevó a la resolución del Banco Popular en junio 2017, ya con Emilio Saracho como presidente. Una causa que instruye desde hace más de 6 años el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es actualmente el juez José Luis Calama.

La solicitud de archivo relacionada con la ampliación de capital de 2012 puede sentar precedente para el caso de la ampliación de 2016, también gestionada bajo la presidencia de Ángel Ron. Los argumentos presentados por la Fiscalía en apoyo a la validez de la ampliación de 2012, se asemejan a los argumentos de los peritos del Banco de España sobre la ampliación de 2016 que apuntan a la “la total transparencia” mostrada por la entidad en sus comunicaciones durante el proceso de captación de accionistas en la ampliación de capital de 2016 y a “la claridad” tanto en las informaciones públicas descritas en las cuentas anuales como en las remitidas posteriormente a los organismos supervisores, tal y como concluyó en su pericial el inspector en excedencia del Banco de España y asesor senior del FMI, José Antonio Iturriaga Miñón.

El juez también investiga las circunstancias que condujeron a la desaparición del Banco Popular, que en su momento ocupaba la sexta posición en el mercado financiero español, debido a su intervención por parte de la Junta Única de Resolución bajo la presidencia de Emilio Saracho. En 2017, el Banco Santander adquirió el Banco Popular por el simbólico precio de un euro y posteriormente realizó una ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros.