La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará en los próximos días un recurso (de apelación) directo a la Sala de lo Penal, es decir, sin pasar antes por el juez Manuel García Castellón con quien no coincide en absoluto en su criterio al calificar los hechos de 'Tsunami Democràtic' como terrorismo. El Ministerio Público defenderá que los altercados fueron desórdenes públicos porque detrás no había organización o grupo terrorista alguno, según avanzan fuentes fiscales a El Independiente.

El fiscal encargado, Miguel Ángel Carballo, tiene diez días para remitir su respuesta al dictamen del magistrado que alcanza al expresident Carles Puigdemont y la exsecretaria de ERC Marta Rovira como cabecillas de la plataforma que coordinó los altercados cometidos en Cataluña a finales de 2019 cuando se conoció la sentencia condenatoria para los líderes del procés.

El Ministerio Público ya ha anunciado que cree que el asunto debería trasladarse a Barcelona porque sólo es competencia de la Audiencia Nacional si se tratara de terrorismo y eso es precisamente lo que no ven en la Fiscalía. Según explican fuentes fiscales, para ellos se trata de un delito de desórdenes públicos pero ni siquiera creen que se les pueda poner el apellido de desórdenes públicos con fines terroristas, como dice el juez.

"También sería posible calificar los hechos como delito de desórdenes públicos terroristas del artículo 573 bis", abrió la puerta Manuel García Castellón. El Ministerio Fiscal discrepa porque este artículo sólo se puede utilizar cuando el hecho "se comenta por una organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos", según reza el Código Penal. Para ellos, estos cuatro años de instrucción no han logrado trabar 'Tsunami Democrátic' como una organización criminal.

A pesar de que el informe de la Guardia Civil señala que se trató de "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", distintas fuentes fiscales sin fisuras rechazan que esto esté acreditado. Y cierran la puerta, además, a que se pueda acreditar durante la investigación como propone el magistrado. Para ellos, la instrucción ya está muy avanzada, lejos de la fase incipiente que se desprende del documento del juez y, por tanto, no hay muchos más hilos de los que tirar.

Si no hay organización terrorista, dicen, los actos aunque fueran cometidos de forma individual no estuvieron amparados por terroristas y por tanto no se pueden calificar como tal. Recuerdan que este artículo se modificó en el Código Penal así precisamente para que la kale borroka del País Vasco no fueran incardinados en el terrorismo.

Asimismo, reflejan que hay muchos de los altercados, como los cortes de las carreteras o los disturbios en el centro de Barcelona que no se pueden imputar a nadie porque no hay evidencias de que los cabecillas estuvieran tras estas acciones.

Un error en vacaciones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió el pasado 19 de julio un informe en el que calificó esos disturbios como "acciones terroristas" porque señalaba que el asato al aeropuerto de El Prat, el intento de bloqueo de los accesos a Barajas, el colapso de la frontera en Girona y otras acciones pretendían "aislar al Estado español de Europa en su frontera norte".

Sin embargo, ese escrito fue remitido por el fiscal de guardia Joaquín González durante el verano cuando Carballo se encontraba de vacaciones porque un acusado pidió que el caso se trasladara a Cataluña, tal y como informó este medio, y era urgente emitir respuesta. Distintas fuentes fiscales afectadas advierten de que se trató de un error del fiscal por el desconocimiento de la profundidad del procedimiento.

Ese fiscal defendió que “la atribución de competencia en favor de la Audiencia Nacional" se basaba "en multitud de indicios incuestionables”. "La multitud de indicios de solidez incuestionable y que convergen en la hipótesis basada en la razonabilidad, de la comisión de un delito de terrorismo".

Como Carballo (el fiscal que había llevado desde el principio el procedimiento) no coincidía en la calificación se envió un nuevo informe con fecha del 26 de julio con la firma del jefe Jesús Alonso advirtiendo del error.El Ministerio fiscal dijo entonces que era todavía prematuro calificar estos hechos y que se informaría de la posición del Ministerio Público más adelante. Es ahora cuando esta institución pretende señalar que bajo su criterio el asunto debe terminar en Cataluña.