Si había un marco favorable para Junts, el Partido Socialista lo ha estirado hasta el máximo. Después de semanas intensas de negociación y de rumores sobre si el 'lawfare' (la supuesta guerra judicial contra miembros partidarios del independentismo) se incluiría en la ley de amnistía, el pacto firmado por ambos partidos vislumbra que se borrarán los delitos mucho más allá del 'procés'. A falta de conocer la letra pequeña, la medida de gracia parece que alcanzará absolutamente todas las pretensiones de los independentistas.

El texto del acuerdo que han rubricado el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, aborda la amnistía para "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para los retos del futuro inmediato". El marco temporal que alcanza se extiende, "antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017", más concretamente en palabras del propio Cerdán en la rueda de prensa se amnistiará a todas las personas que han estado relacionadas con el procés desde el año 2012. Esto va incluso unos años más atrás de la ley que lo que propueso ERC en 2021 en el Congreso pidiendo la primera amnistía. Entonces, redactaron 2014 que fue el año en el que el expresident Artur Mas convocó la consulta del 9N.

Sobre estos mimbres se colocarán, por ejemplo, todas las causas que residen en el Tribunal Supremo contra los cabecillas del 1-0. Las ya juzgadas, que incluyen a líderes independentistas como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell o los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn; y las no terminadas porque los políticos están huidos de la justicia.

Este último supuesto incluiría al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig que se mantienen fugados desde 2017. Según las fuentes jurídicas consultadas, una vez promulgada la ley podrían volver a España con normalidad.

Está por ver igualmente qué ocurre con los procesados por delitos de terrorismo como los 12 miembros de los CDR a los que la Audiencia Nacional tiene previsto sentar en el banquillo o la causa de 'Tsunami Democràtic' que mantiene al menos a 10 empresarios y políticos catalanes bajo esa misma acusación desde que esta semana el juez Manuel García-Castellón le diera un impulso a la causa. Desde los partidos independentistas dan por hecho que todas estas personas también estáran bajo el paraguas del perdón absoluto.

El 'lawfare' o la "guerra judicial"

El texto del acuerdo avanzado este jueves habla, además, de que la medida de gracia puede alcanzar "situaciones en el concepto de 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

En este sentido, está por ver quién entra dentro de ese concepto más amplio de "guerra judicial" y de qué forma, pero el encaje es, sin duda, el más complicado y polémico que contemplan algunas fuentes del alto tribunal consultadas. Se trata de que el borrado de delitos alcance a aquellos que están acusados, procesados o condenados por asuntos que nada tienen que ver con causas secesionistas pero que, sin embargo, ellos sí tienen algún vínculo con el independentismo. En su argumentario, defienden que en realidad si han sido procesados es porque se les ha perseguido judicialmente por su afinidad con la ideología de escisión de Cataluña.

En este apartado entrarían, por ejemplo, el abogado de Carles Puidemont, Gonzalo Boye, a quien la Audiencia Nacional ha procesado por delitos relacionados con el blaqueo de dinero derivado del narcotráfico; o la expresidenta del Parlament catalán Laura Borrás, a quien los tribunales han condenado por adjudicar contratos a dedo.