"La 'lawfare' debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España". Así de contundente se mostró la pasada semana el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en sus redes sociales. Era una de las primeras veces que esa palabra, que pocos habían escuchado antes, entraba en la escena política y judicial. De la mano, nada menos, que de uno de los negociadores de la ley. La última, fue este jueves cuando Junts y el PSOE hacían público su acuerdo y era justamente ese anglicismo el que hacía saltar todas las alarmas del mundo de la Justicia sin excepción.
Unos días antes de que Boye publicara ese mensaje, el jueves 2 de noviembre, todo estaba preparado para que se anunciara la ley y el pacto en cuya redacción llevan enfrascados el PSOE y de Junts varias semanas. La noticia se había extendido entre los corrillos de periodistas, y en Bruselas se había colocado un atril para la inminente comparecencia del expresident. Pero algo se torció y los independentistas y su círculo empezaron a dar pistas: lo que está en juego ahora es el 'lawfare'.
"En febrero de 2020 moderé un acto en el Parlamento Europeo sobre Lawfare, judicializaction of politics. Quien tenga interés en saber qué es, allí se expusieron casos escandalosos que afectaban a líderes políticos sudamericanos, entre otros", escribió por primera vez Puigdemont en Twitter sobre un término que sólo un día después refirió su abogado.
¿Qué es realmente el 'lawfare'? El término es anglosajón y en la literalidad significa algo así como guerra judicial. La Fundéu propone el uso en español de términos como "persecución judicial", "instrumentalización de la Justicia" o "judicialización de la política", mientras que Oxford lo define como "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo".
Básicamente, se trata de utilizar estratégicamente las leyes para perjudicar a los rivales interfiriendo en la política a través del Poder Judicial. Eso es lo que defiende la cúpula independentista que ha ocurrido con ellos. Y es lo que ha provocado el monumental rechazo de toda la judicatura al haberlo asumido el PSOE como parte de su discurso.
La letra pequeña del texto de amnistía está por escrudiñar. El PSOE asegura que en la ley no entrará este 'lawfare', pero según fuentes judiciales el independentismo podría intentar colar el perdón de casos que tuvieran algún tipo de conexión con el procés o cuyos procesados hubieran tenido un papel relevante en esta causa aunque su condena no tenga nada que ver.
Si fuera así, en ese perímetro podrían entrar otros casos que afectan a personas que han hecho bombear el corazón del independentismo --como la expresidenta del Parlament Laura Borrás, la familia Pujol o el propio abogado Boye-- y que han sido procesados por distintos motivos que no tienen relación con la causa secesionista.
Lo que Junts ha pedido es incluir lo que ellos consideran una "persecución judicial" a personas de su entorno aunque el asunto de fondo no linde con el independentismo. Lo que antes se veía "inasumible" en círculos jurídicos, creen que está ahora más cerca o directamente ya está aquí. Todavía queda por tanto saber si en la propia ley se hablará de 'lawfare', pero lo que sí es seguro es que se van a establecer mecanismos Parlamentarios en los que se trate este asunto.
"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política", reza el pacto entre ambos partidos. Si bien el PSOE trató de matizar más tarde que no van a fiscalizar el trabajo de los jueces de ninguna forma, el apartado de buscar "responsabilidades" ha levantado la piel a todos los jueces.
Los magistrados del Supremo señalaron a El Independiente que "la independencia de la Justicia ha muerto"; las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales (incluidas las progresistas) mostraron su "rechazo frontal" a este término; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un comunicado advirtiendo de que actuarán si esta validación parlamentaria de los jueces se lleva a cabo (y dos de las tres vocales elegidas por el PSOE rubricaron el texto); los presidentes de audiencias provinciales y los jueces decanos de toda España confrontaron igualmente el pacto, etc. Para el mundo judicial, el simple hecho de que se haya incrustado este término en el discurso de un partido que aspira a ser el Poder Ejecutivo es un total agravio y supone asumir que el Poder Judicial actúa en ocasiones con fines espurios.
Qué causas podrían estar afectadas
Algunas de las personas que entrarían en este supuesta persecución judicial y que mantienen deudas con los tribunales son del círculo más cercano a Puigdemont.
Josep Lluís Alay: amigo personal del expresident y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica). Está imputado en tres causas judiciales: el 'caso Voloh', que indaga en la financiación del 1-0; la investigación a 'Tsunami Democàtic', que lo acusa de ser uno de los que movía los hilos de las protestas y se enfrenta a delitos de terrorismo; un delito de malversación en otro caos por haber usado fondos públicos para una visita a Nueva Caledonia (Francia). El viaje costó 4.580 euros.
Gonzalo Boye: el letrado que acompaña a Puigdemont desde su huida a Bruselas y que es su mano derecha. Está acusado en la Audiencia Nacional de blanquear capitales para el narco Sito Miñanco en una causa que nada tiene que ver con el procés. La Fiscalía Antidroga le pide por estos hechos 9 años y 9 meses de cárcel.
Miquel Buch: exconsejero de Interior que fue condenado el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel por contratar a un mosso d'esquadra y hacer de escolta de Puigdemont utilizando fondos públicos.
Laura Borrás: Fue condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, un órgano que depende de la Consejería de Cultura.
Xavier Vendrell: exconseller de ERC que está siendo investigado en una operación urbanística en la finca de Villa Bugatti en Cabrera del Mar.
Jordi Pujol: al expresident autonómico lo consideran la principal víctima de la 'Operación Cataluña' que se organizó desde el Gobierno de Mariano Rajoy para desmovilizar el independentismo exhibiendo las cuentas en el extranjero del político, entre otras cosas. La Audiencia Nacional descartó que la investigación tuviera fines políticos y el caso aún está pendiente de juicio. La Fiscalía pide nueve años de cárcel.
Puigdemont nunca ha hablado ni de este caso, ni del de Vendrell y, en realidad, directamente tampoco ha expuesto nombres propios en público. Está por ver hasta dónde llega la amnistía de esta "persecución judicial" y, sobre todo, qué margen deja esto a los tribunales para interpretarlo. Algunas fuentes jurídicas advierten incluso de que esto puede convertirse en un coladero de todo tipo de causas especialmente en Cataluña.
No es sencillo acoger en un marco este tipo de conductas que nada tiene que ver con la causa independentista porque los flecos que puedan quedar sin atar en una redacción muy ambigua puede lograr que decenas de asuntos catalanes decaigan. Y esto sin mencionar, indican estas fuentes, que el Tribunal Constitucional acepte esta acotación. La decisión final será de ese órgano.
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hace 1 año
En el procès es évidente el ‘lawfare’. Donde debia juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, o los juzgados ordinarios, intervienen Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. ¡A los jueces prevaricadores que tuercen el derecho hay que corregirlos!