La inhabilitación del presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, es el punto que genera una mayor controversia de la ley de amnistía en todas las fuentes jurídicas consultadas. La redacción de la norma deja espacio a dudas y algunos temen que este sea uno de los puntos que el partido independentista quiera pulir en las enmiendas que todavía aguardan a la tramitación parlamentaria.

El equipo negociador del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha encargado de dejar bien blindada la proposición de ley para que los tribunales no tengan margen de interpretación. Algunas fuentes hablan de "traje a medida" para el expresident de Cataluña Carles Puigdemont a quien, según lo puesto sobre el papel, se le permitirá volver en el mismo momento de su aprobación. Decaerán entonces todas las órdenes de detención en vigor que se mantienen activas a nivel nacional desde que en 2017 se fugara de la Justicia.

"La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía", dice el texto que rubricó este lunes el PSOE en solitario.

En otras palabras, las medidas que mantiene vivas el juez instructor del procés, Pablo Llarena, quedrán sin efecto. El resquicio que señalaban las fuentes del Tribunal Supremo consultadas desde hace meses estaba en plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional lo cual paralizaría el efecto de la ley únicamente en el procedimiento concreto en el que se expusiera esta duda. Este mecanismo supone que los jueces de un órgano preguntan al tribunal garante de la Carta Magna si lo que van a aplicar tiene encaje en el texto vertebrador del Derecho.

"El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión", reza literalmente el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Pero una ley orgánica modifica otra ley orgánica y el Ejecutivo lo ha tenido muy presente. Así, ha incluido en el texto de la amnistía un párrafo que evitará este efecto. "En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", revela la proposición que aspira a perdonar todos los delitos del procés.

Las fuentes consultadas esgrimen que, en principio, esta aplicación debería hacerse a pies juntillas, por lo que el futuro de Puigdemont parece escrito: podrá volver a España sin consecuencia alguna.

Sino distinto es el de Junqueras. La ley trata de solventar su condena por inhabilitación y expone: "Asimismo supondrá la finalización de la ejecución de las penas impuestas por aquellas acciones u omisiones que hubieran sido amnistiadas". Las voces preguntadas tienen dudas de si este fin de la ejecución se debe hacer igualmente aunque se plantee la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Junqueras fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación. La cárcel fue indultada por el Gobierno den 2021, pero la inhabilitación todavía le pesa y no terminará hasta 2031 por lo que, así las cosas, no podría presentarse a las elecciones de Cataluña de 2025. Y esta situación es extrapolable a todos los políticos que el Tribunal Supremo condenó por la convocatoria y las acciones relacionadas con el referéndum del 1-0.

El asunto podría terminar de resolverlo igualmente el Tribunal Constitucional. En los escenarios que se bajaran, el Supremo podría plantear la cuestión de inconstitucionalidad y mantener la inhabilitación a los líderes independentistas y que estos acudieran a su vez al órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido y le pidieran que mientras resuelve la cuestión de fondo se levantara la prohibición que pesa sobre ellos de no presentarse a elecciones.