La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria en la carrera--, Cristina Dexeus, conversa con El Independiente, después de haber pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este fin de semana. La fiscal decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona señala que sólo se está comprando en marco mental de los independentistas y considera la ley de amnistía inconstitucional.
¿Has podido leer la ley? ¿Qué opinión te merece la amnistía?
Sí, he podido. La misma opinión que teníamos antes de leerla. Considero que esta iniciativa no responde a los fines que dice que responde que es el de "la mejora de la cohesión social" de la "convivencia en Cataluña", etc., no responde tampoco a razones de Justicia y de equidad, y lo que creo que debe quedar en evidencia es que responde únicamente a una mera utilidad particular.
Bajo su punto de vista, ¿una amnistía es constitucional?
Ya informamos en distintas ocasiones tanto a las instancias europeas como en nuestras conclusiones que no consideramos que tenga encaje dentro de la Constitución española. Por varias razones: en primera lugar, no está contemplada en la Constitución. Hubo un debate constituyente que rechazó incluir la amnistía porque se considera que la amnistía se aplica siempre a normativas ilegítimas que no proceden de un Estado democrático de Derecho sino de una dictadura y en nuestro caso la de 1977 lo que pretende es --ahí sí-- favorecer la reconciliación. Y pasar de un orden no legítimo como era una dictadura a favorecer el nuevo orden constitucional democrático. Ahora estamos en un Estado de Derecho donde las normas surgen a través de procedimientos legítimos amparados en esa democracia por tanto no consideramos que se haya hecho una aplicación de una norma injusta. Por ello, no consideramos que tenga ningún tipo de justificación.
Además, para favorecer esa "cohesión social" ya se han dado muchísimos pasas como los indultos, las reformas del Código Penal suprimiendo la sedición, abaratando la malversación de caudales públicos... en fin. Esto no era necesario teniendo en cuenta que la situación en Cataluña es tranquila y simplemente responde a la investidura de Pedro Sánchez.
¿Cree que la introducción del término 'lawfare' no en la amnistía como tal, pero sí en el acuerdo con Junts, supone un varapalo para la Justicia por parte de un partido que aspira a ser el Gobierno?
Desde luego resulta incomprensible. La Justicia no entró en el procés, fue el procés el que entró en la Justicia. Se pueden en España mantener y sustentar la ideología, pero si no se comete hecho delictivo alguno la Justicia no va a perseguir a quien tenga opiniones favorables a la independencia. De hecho, es que si no la Justicia habría actuado persiguiendo a un par de millones de catalanes y no ha sido así. Se han incoado procedimiento contra aquellos que han cometido delitos, que han transgredido la ley. Por tanto, hablar de persecución judicial a una ideología es absolutamente falaz, es incierto y supone un menosprecio a la actuación de los tribunales. El pacto no tiene más intención que dar satisfacción a quienes han de firmarlos para entregar esos siete votos.
Usted, que además es fiscal decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ¿cree que la amnistía era la herramienta que necesita Cataluña para la convivencia?
En absoluto. La convivencia estaba recuperada en Cataluña, totalmente. Se estaba haciendo esfuerzo por la sociedad civil, además, de recuperar las relaciones personales, familiares y a nivel político había una situación mucho más benigna de la que hasta 2017 hubo. Incluso, los partidos independentistas han perdido en las elecciones generales es una evidencia. Los dos, ERC y Junts, han perdido las elecciones. El ambiente estaba pacificado, no se pretendía nada más. ¿Qué ocurre cuando se concede esta ley de amnistía? Pues que se vuelve a soliviantar esta sociedad y además se pone en tela de juicio a todos aquellos que actuaron en defensa de la Constitución en los momentos tan duros que se vivieron aquí. Por tanto, conformarán a aquellos que van a aprobar los acuerdos de Gobierno, pero lo que han hecho es soliviantar a aquellos que no comulgan con esas ideas.
Es necesario la dimisión del fiscal general por la pasividad
Aprovecho para decir que cuando se habla del pueblo catalán y de Cataluña, siempre se compra el marco mental de los independentistas. Cataluña, gracias a dios, es plural. Está constituida por muchísimas personas con unos planteamientos ideológicos muy distintos unos de otros y donde hay muchos catalanes que son constitucionalistas. La mayoría de ellos. Por tanto, hablar siempre de los catalanes como exclusivamente independentistas es otra falacia.
La ley habla de que los fiscales tendrán que impulsar su aplicación ¿lo van a hacer?
En principio, efectivamente, los fiscales tienen que dar cumplimiento a la legalidad. Pero de aquí a que aprueben esa ley, vamos a ver qué ocurre. Si finalmente se aprobará o no y en qué términos.
El texto incluye un párrafo en el que se menciona que las medidas cautelares de las investigaciones se caen incluso aunque los tribunales planteen una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que de facto Puigdemont y los demás huidos podrían volver. ¿Esto encaja con la Constitución? ¿Se puede esposar a los jueces de esta forma?
Bueno, yo creo que es precipitado este extremo. Es una actuación jurídica compleja y creo que es necesario una lectura que yo no estoy ahora mismo en condiciones de hacer. Creo que es complicado y hay que estudiarlo cuando ya la ley haya sido aprobada.
¿Por qué desde la asociación de Fiscales se ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado?
La persecución judicial a una ideología es falaz
Bueno, nosotros hemos pedido en diversas ocasiones que se posicione y que se manifiesta en defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y en defensa de nuestra institución. Sin embargo, no ha hecho absolutamente nada. Ni cuando el señor Puigdemont decía que el presidente del Gobierno debía decirnos a los fiscales cómo teníamos que actuar no se pronunció. Y debiera haber sido una ocasión importante para hacer constar quiénes son los fiscales, de quién dependen, que dependen exclusivamente de la ley... podría haber sido didactico y no lo hizo. Tampoco cuando se abrió la posibilidad de una ley de amnistía, pero es más cuando ya el otro día salieron los pactos de Junts y del PSOE y se habló del concepto "guerra judicial", para entendernos todos, tampoco dijo nada. Tampoco abrió la boca para decir que eso era una barbaridad. Que en Estado democrático de Derecho no tenía cabida porque los jueces y los fiscales actuamos solo bajo el imperio de la ley y que afectaba a la separación de poderes.
Ante esta pasividad del fiscal general del Estado en esa defensa del Estado de Derecho en la independencia del Ministerio Fiscal, sin haber reprobado nunca los ataques a la Constitución es por lo que es necesario pedir su dimisión.
Álvaro García Ortiz estuvo el otro día allí con ustedes, ¿les ha dado alguna respuesta a esto?
Se limitó a decir que en materia de ley de amnistía nos pronunciaríamos los fiscales por los cauces oportunos cuando se nos diera traslado.
Suponiendo que en estos días el fiscal general se pronunciara, ¿ustedes consideran que llega tarde o es igualmente válido?
Vamos a ver, considero que es mejor que se diga a que se calle. Una intervención del fiscal general, aunque fuera tardía, pero reaccionando y explicando en qué consiste la separación de poderes, por qué no se pueden crear comisiones en el seno del Congreso donde se ponga en tela de juicio la actuación de los jueces, en fin, por qué la amnistía no cabe en la Constitución, siempre sería bienvenida.
¿Y por qué creen que no lo hace?
Eso habría que preguntárselo a él. Él no nos contestó, no nos dio explicación alguna.
La Asociación de Fiscales ha premiado al juez Pablo Llarena, ¿le parece que esta ley hace daño a jueces como él, que al final han dado mucho durante este periodo de su carrera en asuntos como este?
Yo creo que todos somos profesionales y sabemos que lo que hacemos es una cuestión profesional y sabemos separarlas de las cuestiones que personalmente nos van a afectar. Pero sí que es cierto que cuando la dedicación profesional durante años se ha centrado en la investigación de determinados hechos que han culminado en una sentencia plenamente conforme por parte del Tribunal Supremo que después resulte ineficaz o inoperante por una amnistía a resultas de una ley de conveniencia política con los sinsabores que este procedimiento ha llevado aparejado. Pues no es plato de buen gusto.
Ustedes fueron muy combativos con la anterior fiscal general del Estado, parece que con este estaban siendo un poco menos, ¿este nuevo hecho cambia un poco el paradigma en el que se movía la Asociación de Fiscales hasta ahora?
La anterior fiscal general del Estado tenemos que recordar que llegó al puesto viniendo directamente de formar parte del Gobierno, siendo ministra de Justicia y por el que había además celebrado campaña electoral. Esa circunstancia desde nuestro punto de vista de vista la hacían devenir en la persona menos conveniente para asumir el puesto de fiscal general del Estado porque empañaba la visión de neutralidad que tiene que adornar a quien dirige la carrera. Y ese fue el primer motivo por el que la Asociación de Fiscales fue siempre tan beligerante con la señora Delgado. Y luego su actuación posterior tampoco es nos reconfortara.
En cuanto al fiscal general del Estado actual aunque ha mantenido la política de nombramientos muy decantada hacia miembros de la que fue su asociación, la UPF, lo cierto es que no estaba contaminado por el pecado original, por así decirlo. Pero sí que es verdad que su anterior actuación, pues ha estado muy aquietado ante las distintas vicisitudes a las que nos hemos visto enfrentados los fiscales.
El otro día en su discurso decía que venían tiempos convulsos, ¿La AF puede hacer algo como asociación? ¿Se plantean alguna acción?
De momento estamos analizando esta proposición de ley y después veremos posiciones de actuación, sí. De momento no hay nada concreto pero no pararemos.
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